Situación carcelaria
Mientras la percepción del aumento de la delincuencia en el país aparece con un 87,7% (INE – 2023). La criminalidad organizada en Chile es una realidad. (Cuenta pública Gendarmería de Chile 2023).
Del total de población en régimen cerrado un 65% de la población se encuentra recluida en establecimientos tradicionales y el 35% en establecimientos del tipo concesionadas.
Personas vigentes en el sistema penitenciario por cumplimiento de penas (preventivas, libertad vigilada, privadas de libertad, etc.) por disposición de tribunales; total de población vigente a junio del 2024: de un total de 129.100 internos: 115.100 son hombres y 14.000 son mujeres.
(Estadística de Población Penal a cargo de Gendarmería de Chile a junio del 2024).
La realidad penitenciaria está lejos de ser una oportunidad de reinserción social, viéndose sobrepasada la autoridad en la contención del delito intramuros.
Lidiando en lo cotidiano con intentos de fugas, tráfico de celulares, homicidios, motines, entre otros.

La cárcel como negocio
El sistema de cárceles concesionadas partió durante el gobierno concertacionista de Ricardo Lagos, coincidente con un programa político neoliberal que impulsó fuertemente la libertad de mercado, favoreció la privatización estatal y redujo al mínimo la protección social.
Este modelo mixto , que funciona en base a una concesión otorgada a un privado para que dirija y administre una unidad penal, pero que sigue bajo la custodia de Gendarmería de Chile y, de manera más general, bajo la responsabilidad del Estado, se aplica actualmente en ocho centros penitenciarios (los más conocidos Santiago Uno y Cárcel de Rancagua) se instaló como “la” respuesta a los graves problemas de hacinamiento que presentaba el sistema penitenciario siendo su objetivo principal mejorar la infraestructura para evitar lo que algunos expertos denominan el “contagio criminógeno”.
Hoy sabemos que un recluso tiene un costo de más o menos 1 millón de pesos mensuales ($922.376 cárcel concesionada y $ 983.424 en el sistema tradicional), actualizado a marzo del 2024; las cifras nos aproximan a un total aproximado de $ 57 mil millones de pesos recursos destinados a mejorar infraestructura y servicios básicos, mayores grados de seguridad y vigilancia, dignificar la labor de Gendarmería y trabajar en la reinserción para los internos.
Sin embargo, estos fondos desembolsados por el Estado, y que cada año son mayores, se contraponen con los servicios prestados en estas cárceles pues existen una serie de multas, 440 sanciones en nueve años de implementado el sistema, que evidencian principalmente faltas a la ausencia y/o débil presencia de programas de reinserción social, a la escasez de los regímenes alimentarios y su salubridad y a la infraestructura deficiente e insuficiente, que claramente apuntan a la mala gestión de los recursos entregados (un claro ejemplo fueron los múltiples contagios por Covid-19 por falta de insumos básicos).
Este contexto vislumbra que el modelo empleado con sus deficiencias, y la ausencia de políticas sociales, leyes principalmente punitivas, el endurecimiento de penas, la demora de los procesos judiciales, el aumento de la acción delictual y el recrudecimiento de la violencia, transforman a las cárceles en contenedores de seres humanos que como sociedad no queremos ver, nos parecen indeseables, queremos olvidar y no asumimos está realidad como un problema social que no se resuelve aplicando lógicas mercantilistas.

La cárcel y el entorno que genera en su vecindario aledaño
Factor a considerar es dónde se instalan las cárceles, estás son fuera del área urbana de las ciudades, lo que implica mayor gasto económico y dificultad a los familiares para sus visitas, la penitenciaria está en medio de la ciudad, teniendo conexión con los tribunales de Santiago.
Por otro lado, tenemos Colina uno y Colina Dos, están fueron construidas en áreas poco pobladas en ese entonces, hoy a su alrededor llena de viviendas sociales, siendo estigmatizadas como poblaciones donde viven quienes cumplieron ya sus condenas, la falta de voluntad política de dignidad, y donde las inmobiliarias ganan lejos paños para la construcción de viviendas de alto costos.

Una propuesta al tema carcelario requiere abordar
La subcultura delictual en choque con las culturas oficiales. Esta subcultura está instalada, tiene sus “modelos” a seguir, su música, sus valores, ritos, religiosidad y comportamientos característicos, y se conecta con el sistema neoliberal en su consumismo, la ostentación impúdica de lujo, marcas, armas; la drogadicción, la violencia y la disposición a morir o matar por dinero. Sin mirar esto, no será posible que se modifique la situación, pues no se entiende lo que ocurre.
Por otra parte, las irracionales respuestas parches desde las presidencias con los indultos, que, en este contexto, su motivación principal es descomprimir unas cárceles atestadas que tienen en crisis el sistema carcelario nacional. Su implementación cínica, ha liberado criminales que volvieron a matar, generando el terror y el desconsuelo en la ciudadanía.
Además, es imprescindible atender a la situación de niños, niñas y adolescentes en delincuencia, que hoy no le importan a nadie, que todos los estudios arrojan muerte, manipulación, abusos y desidia por décadas. La apertura de un futuro para estas niñeces es un tema prioritario, que requiere respuestas concretas, sistémicas y de largo plazo.
Finalmente, escuchar las voces autorizadas de una Fiscalía nacional sobrepasada, que no es capaz de realizar las investigaciones de los casos de distintas complejidades, que deja a la población sin resguardo legal, salvo en los casos de sangre o que llegan a la farándula delictual de los programas de matinales y noticieros de la televisión. Se requiere su fortalecimiento financiero y organizacional, para que el número de denuncias que deba atender un Fiscal sea realmente abordable por éste y sus equipos policiales, y que no queden casos abandonados, sin respuesta, configurando uno más de los motivos que determinan la constatación ciudadana de estar en un momento de claro Estado fallido.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; César Anguita Sanhueza y Paola Zóttele. Comisión de Opinión Pública