Nadie puede negar la obligación que le corresponde al gobierno actual de perseguir al crimen organizado y darle curso a operativos que concluyan con la incautación de armas y explosivos en manos de narcotraficantes y grupos políticos radicalizados. El problema es cuando en estos participan efectivos de Carabineros y de la Policía Civil, hasta hace muy pocos años altamente cuestionados por sus ilegítimos procedimientos, especialmente por quienes hoy están en La Moneda.
Como candidato presidencial, Gabriel Boric prometió una reestructuración profunda de los servicios policiales, al tiempo que como diputado fustigaba sin clemencia al Gobierno del ahora extinto mandatario Sebastián Piñera por violar sistemáticamente los Derechos Humanos durante la represión emprendida contra el Estallido Social del 2019.
En este sentido, ya sabemos que los nuevos gobernantes han desistido de intervenir en las entidades encargadas de velar por la seguridad nacional, sin siquiera animarse a remover de su cargo al Director General de la policía uniformada, quien ha sido sindicado por su responsabilidad en los graves y numerosos delitos cometidos por las fuerzas especiales de Carabineros bajo su mando. Por el contrario, han sido las propias autoridades las que han favorecido la postergación una y otra vez del procedimiento de formalización judicial con lo cual podría este general ser encarcelado y finalmente condenado por los Tribunales.
En dos años de gobierno crece la sospecha de que la misma impunidad que favorece a la cabeza de Carabineros de Chile alienta toda suerte de operativos policiales en que se violenta la dignidad humana de quienes son reprimidos y, no pocas veces, resultan muertos o heridos. Pese a las críticas que se le hizo a la Administración derechista anterior, lo cierto es que los estados de excepción vienen prolongándose mes a mes en la Araucanía, zona del país altamente militarizada y en a que se suceden enfrentamientos, detenciones, allanamientos y otros en que se atropellan los derechos de nuestra principal etnia mapuche. Todo ello, por supuesto, por las desmedidas atribuciones entregadas a militares y policías a fin de “pacificar”, tal como antaño, esta región del país. Por cierto, con el consentimiento y el voto seguro de la derecha parlamentaria la que, dicho sea de paso, quisiera que el estado de emergencia y el tutelaje militar se extendieran a todo el país.
En paralelo, debemos consignar una buena cantidad de víctimas de manos de los policías civiles en el combate a la delincuencia común, para lo cual han ganado facultades para disparar hasta contra los infractores, bajo el amparo o la excusa de la “defensa propia” o la posibilidad de fuga de los mismos. Como son tan repetidos estos casos, es que ahora crece el temor de que los policías estén nuevamente extralimitándose en sus funciones, alentados por la rabiosa demanda de la Oposición y sus medios de comunicación. Cuanto también por la natural irritación popular derivada de la inseguridad que asola a ciudades y barrios donde se constatan, además, episodios de extrema ferocidad.
Como sucede también en otros países, no es extraño enterarnos que al interior de las policías y regimientos operan bandas destinadas a delinquir, a traficar con drogas y armamentos. En la evidencia de que el narcotráfico infiltra a políticos, jueces, empresarios, policías y gendarmes, como ya es de pública verificación. Así como consta que en las poblaciones más pobres y marginadas se recluta a los micro operadores. En un país en que sigue creciendo la desigualdad, el desempleo juvenil, se multiplican las familias sin casa y la corrupción pulula en muchos de los llamados servidores públicos.
No es raro, entonces, que existan en la política sectores agraviados por la continuidad que las nuevas autoridades le dan a la represión social y se constate que en ejercicio del poder estén dejando de lado, no solo sus convicciones ideológicas, sino su celo histórico en relación a los Derechos Humanos. De la misma manera como se renuncia a ponerle término a las entidades previsionales (AFPs) y de la salud privada (isapres) o se relativiza, como ahora está ocurriendo, la condonación del crédito con aval del Estado. Abandonando o posponiendo otras múltiples promesas que se le hicieron al electorado que les dio su apoyo. Confiados en que su gestión vendría a demoler los cimientos mismos del sistema neoliberal que todavía nos rige.
De esta manera es que el operativo recientemente realizado en la capitalina Villa Francia provocó tanto estupor, asumiéndose por muchos que las nuevas autoridades han hecho suyas las aprehensiones de la derecha y de sus dos gobiernos en cuanto a que existen zonas del país proscritas que deben ser castigadas al estilo de cómo lo hacía la Dictadura. Irrumpiendo las policías de manera violenta y desproporcionada en barrios y hogares modestos, afectando en esta oportunidad, incluso, a una radio comunitaria de alto prestigio y sintonía poblacional. Todo lo cual vino a rememorarnos aquellos montajes mediáticos en que se exhibían ordenadamente las armas que supuestamente se les descubría e incautaba a los extremistas.
Lo más lamentable es que mientras esto ocurre no se sabe, hasta aquí, que se haya formalizado o encarcelado a alguno de los conocidos empresarios inescrupulosos, como los que, a juicio del propio Gobierno, eluden y evaden millonarios impuestos, bien aconsejados por aquellos profesionales del lobby que también siguen impunes. O todavía no se le pase la cuenta a aquellos criminales “emprendedores” que, por ejemplo, construyen enormes edificios en las febles y movedizas dunas de Viña del Mar, al abrigo siempre de funcionarios públicos corruptos y cómplices.
