La abogada especializada en Criminalística Claudia Cesaroni conversó con Al Margen en Ideas Circulares, el programa de Lucas Zeni en Radio C, y opinó sobre el proyecto de ley del Gobierno para bajar la edad de punibilidad en la Argentina. También se expresó Alejandro Palmas, referente de Vientos de Libertad de Bariloche.
Por Pablo Bassi / Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó junto al Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona un proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad penal fijada actualmente a partir de los 16 años. No es la primera vez que lo hace: en 2017 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bullrich alentó una reforma similar. Ahora la novedad es que pretende hacerlo a partir de los 13, acercándose a la norma que regía antes de 1921 cuando fue elevada a los 14 años.
La inseguridad sigue siendo una preocupación de los argentinos, aunque desplazada por la inflación, la corrupción y la pobreza (sondeo de junio de M&F) y los salarios bajos (sondeo de mayo de UDeSA).
“Los sectores conservadores y de derecha tienden a construir en el sentido común el imaginario de que la inseguridad y su crecimiento están relacionados a que los jóvenes cometen más delitos a más baja edad y no a un modelo político y económico de exclusión”, dice Alejandro Palmas, referente Vientos de Libertad y del Movimiento de Infancias de Bariloche y ex trabajador de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
El Régimen Penal de la Minoridad vigente, creado en 1980 a partir de un decreto ley del dictador Jorge Videla, no tiene tope de pena. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2013 al Estado argentino tras aplicar una condena a cadena perpetua. “Es un régimen que hay modificar”, dijo la abogada Claudia Cesaroni en el programa radial Ideas Circulares. “Pero esta ley que propone Bullrich es peor que la de Videla. Es mejor dejar las cosas como están. No hay datos reales ni oficiales de crímenes cometidos por menores de 16 años. Puede haber uno, dos o tres en un año, los que prácticamente no inciden en las estadísticas generales”.
Bullrich y Cúneo Libarona proponen penas de hasta 20 años de prisión para la mayoría de los delitos. Y faculta a los jueces a investigar y someter a menores de 13 a “internación” con fines de “readaptación social” en aquellos casos que consideren que exista riesgo de comisión de nuevos delitos o que el niño sea peligroso para sí o para terceros. Esto implicaría –para Cesaroni– el regreso del Patronato. La Ley de Patronato de Menores de 1919 consideró a los niños y adolescentes objeto a tutelar por el Estado: una concepción abandonada en 2006 con la sanción de la Ley de Protección Integral que reconoce a los menores como sujetos de derecho.
“Los invito a ver la película de Leonardo Favio Crónica de un niño solo o a leer Las tumbas, de Enrique Medina”, dice Cesaroni, “obras que retratan la vida en los reformatorios de la Ley de Patronato donde los pibes vegetaban hasta los 21 y sólo los más lindos, los más blanquitos, los más gorditos, con suerte, llegaban a ser adoptados”.
Qué hacer
“Nosotros no decimos que no tenemos nada que hacer, decimos que hay cosas para hacer por fuera del sistema penal”, explica Cesaroni, que integra la Red Argentina No Baja. “Ocurre que en este contexto político difícilmente cualquier discusión pueda salir de lo estrictamente punitivo. Fijate qué interesante y perverso: en su comunicado de presentación del proyecto, el Gobierno dice que niños y adolescentes son utilizados por bandas criminales. Entonces, si es así, son víctimas de esa utilización. ¡Cómo la respuesta va a ser descargar sobre ellos un proceso penal!”.
Menos de cuatro mil niños y adolescentes en todo el país están procesados o transitando algún tipo de intervención penal. El 81,1% de las aprehensiones de niños y adolescentes en 2023 fue por presuntos delitos contra la propiedad, según los últimos datos del Ministerio de Justicia de la Nación. En Bariloche los delitos graves –homicidios, lesiones, terrorismo, delitos contra la humanidad– son prácticamente inexistentes entre adolescentes. Por eso tampoco hay alojamientos institucionales específicos para ellos.
“El que ingresa al sistema penal sale peor de lo que entra”, dice Palmas. “Es un atajo millonario que lejos de resolver los problemas de los pibes y las pibas, los profundiza. Más que pensar en modelos punitivos creemos que la solución pasa por tener un batallón de políticas públicas preventivas, promocionales, que lleguen a todos los territorios en relación al arte, la cultura, la educación, la formación en un oficio”.
Cesaroni dice que insertar niños y adolescentes dentro del sistema penal tiene un costo en personal, medidas de seguridad, tratamiento que prefiere disponer en un equipo de 50 trabajadores sociales, educadores y profesores de fútbol. “Atravesamos un momento político en que se está dinamitando las políticas públicas del Estado social y siete de cada diez menores de 18 años están bajo la línea de pobreza.”.
