Las protestas por la reforma de las cuotas comenzaron en 2018, pero fueron rápidamente reprimidas
mediante duras tácticas. Recientemente, el movimiento ha resurgido debido a la indecisión del Gobierno, concitando el apoyo de estudiantes de universidades públicas y privadas  de todo el país. Este resurgimiento refleja la profunda conexión de la población con la causa, pues a muchos les parecen razonables las reivindicaciones.

Por Md Biozid Jessorey

En los últimos años, ninguna otra protesta ha movilizado a tantos estudiantes. La amplia participación se debe a la frustración de los graduados que luchan por encontrar un empleo acorde con su formación. Como agravante, se agrega a ello la corrupción y las irregularidades en la contratación pública, que alimentan la ira de estudiantes y licenciados.

Los jóvenes de hoy se enfrentan a la paradoja del crecimiento sin empleo. Mientras la economía parece crecer, la creación de empleo sigue estancada. Existen numerosas vacantes en el sector público, sobre todo en educación y sanidad, pero la incertidumbre en torno a las perspectivas laborales es abrumadora.

Muchos estudiantes se plantean la posibilidad de abandonar el país, mientras que los que no pueden o no quieren emigrar se sienten especialmente desalentados por el sombrío panorama laboral. Estos estudiantes son los que están al frente del movimiento de protesta.

La Administración Pública de Bangladesh es considerada la oportunidad laboral más segura.
Sin embargo, el actual sistema de cuotas en sus exámenes  hace que muchos se sientan marginados.
Existe la creencia generalizada de que el talento y el mérito no se valoran adecuadamente. Cuestiones como la filtración de preguntas, el favoritismo y la corrupción contribuyen a la percepción de que muchas oportunidades de trabajo se pierden de forma poco ética.

En respuesta, los estudiantes se están uniendo para exigir cambios, con la esperanza de amplificar
sus voces contra estas injusticias. Por desgracia, las demandas han sido respondidas con desdén. En 2018, cuando las protestas estaban en su punto álgido, el gobierno eliminó las cuotas por completo, una medida que no se alineaba con las demandas de los manifestantes de una reforma significativa. Aunque más del 50% de los puestos de trabajo se asignaron inicialmente a través de cuotas, la eliminación total afectó negativamente a quienes realmente necesitaban ayuda, como las minorías y las personas con discapacidad.

El Tribunal Supremo consideró ilegal la supresión total de las cuotas por parte del gobierno, lo que dio lugar a las protestas actuales, que se han extendido por todo el país. Los estudiantes de diversas instituciones exigen ahora una reforma en profundidad del sistema de cuotas.

El gobierno alega que no puede intervenir debido a los procedimientos judiciales en curso, pero la sentencia del Tribunal Superior indica que la reforma es posible si el gobierno decide actuar. Esta postura tergiversa el mensaje del tribunal  y muestra una falta de voluntad para abordar las preocupaciones de los estudiantes.

Si el gobierno hubiera formado un comité para atender las demandas de los estudiantes y garantizar la protección de los que realmente necesitan cuotas, muchas de estas cuestiones podrían haberse resuelto.
En lugar de ello, el gobierno ha optado por la hostilidad, etiquetando negativamente a los manifestantes e incitando a nuevos disturbios. Incluso los comentarios del Primer Ministro han sido despectivos, aumentando las tensiones.

En respuesta a las protestas, la Liga Chhatra de Bangladesh (BCL) ha recurrido a la violencia, con informes de brutalidad policial, incluido el uso de porras y gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos. Trágicamente, varios manifestantes han perdido la vida. Esto refleja una preocupante
tendencia del gobierno a responder con medidas autoritarias a las manifestaciones públicas.

Históricamente, cuando los ciudadanos, incluidos estudiantes y grupos sindicales, defienden sus derechos, el gobierno reacciona con violencia y desinformación. Este enfoque envía un mensaje claro: los ciudadanos de a pie no tienen derecho a expresar sus preocupaciones. Cualquiera que se atreva a disentir se enfrenta a graves repercusiones.

El gobierno está complicando una cuestión sencilla planteada por estudiantes que simplemente buscan oportunidades justas basadas en el mérito. Cuando se ataca a los estudiantes por exigir el reconocimiento de sus cualificaciones, constituye un ataque a la nación en su conjunto.

Como ciudadanos, sentimos el dolor de esta situación. Exigimos el fin de la la violencia contra los estudiantes, un cambio en la actitud del gobierno y un compromiso de escuchar sus demandas. Es hora de un diálogo constructivo para abordar estas cuestiones acuciantes.