Por Félix Madariaga Leiva
El rol de la Corte Penal Internacional (CPI), también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI), debería ser el de un tribunal internacional permanente e independiente, cuya misión es el enjuiciamiento de graves crímenes internacionales, como el genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. La CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional.
La Corte Penal Internacional sólo investiga a individuos, y sólo actúa si una persona es sospechosa de ser responsable de uno de los cuatro crímenes establecidos: genocidio, crímenes de guerra graves, crímenes contra la humanidad o una guerra de agresión. De hecho, la CPI ha estado investigando presuntos crímenes de guerra contra los posibles responsables de Israel desde el año 2021.
Hace poco más de un mes la Corte Penal Internacional, ha solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Joav Galant, por posibles crímenes de guerra en el conflicto en Gaza. Ellos han sido imputados de esos cargos, y bien vale recordar que desde hace varios años el Primer Ministro Israelí es acusado de fraude, soborno y abuso de confianza en ese país. El proceso, que comenzó el año 2020, se había suspendido desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre, pero fue reanudado en diciembre de 2023, a cargo del Tribunal del Distrito de Jerusalén.
En tanto, en unas vergonzosas palabras de respaldo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, calificó de escandalosa la orden de detención contra Netanyahu emitida por la Corte Penal Internacional. Además, declaró que lo que está ocurriendo en Gaza no es un genocidio y dio todo su apoyo a Israel, un apoyo lamentable, cuando siguen atacando impunemente al pueblo Palestino, destruyendo escuelas, hospitales e infraestructura básica para la subsistencia de la población.
