Pocas aseveraciones son tan engañosas como aquella que la justicia tarda pero finalmente llega. Chile puede dar innumerables ejemplos de cómo los procesos que se inician a destiempo o resultan interminables contribuyen a la impunidad o a la adopción de sanciones muy débiles. Pinochet se salvó por su avanzada edad y muerte natural y, con él, son cientos los homicidas y torturadores que jamás llegaron a pisar un tribunal o fueron condenados a penas que no se condicen con el horror de sus ejecuciones. Ni qué hablar de esa cantidad de “cómplices pasivos” de la Dictadura como los denominara el propio Presidente Piñera.
El único político condenado por cohecho y fraude al fisco sirvió para soslayar los procesos que se merecían, también, varios parlamentarios que, tal como el senador y después diputado Jaime Orpis, fueron sobornados y recibieron ingentes recursos de banqueros y empresarios para financiar sus campañas electorales, a cambio de exigirles fidelidad a la hora de legislar. El tiempo transcurrido explica que estos bullados casos ya no graviten en la opinión pública, sean sobreseídos o resulten en condenas tan ridículas como la que “afectó” a dos empresarios inescrupulosos, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, obligados curiosamente a asistir a 33 clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez después de comprar la conciencia de variopintos políticos.
En un tiempo que urge la limpieza de nuestras instituciones, cuanto la debida sanción a los infractores, es insólita le dilatación de los procedimientos judiciales como ocurre con el trámite de formalización del Director General de Carabineros, postergado una y otra vez por los jueces y fiscales, además de consentido por el propio Gobierno. Tanto así que, después de varios meses, ya no se pronuncian las severas acusaciones que se le hizo a este oficial de la policía por la responsabilidad que le cupo en las violaciones severas de los Derechos Humanos cometidos durante el Estallido Social. Una gesta patriótica, por lo demás, que hoy es desacreditada por los mismos dirigentes políticos que desde la oposición al gobierno de derecha fueron sus convocantes y activos manifestantes.
Asimismo, al máximo jefe policial se le brinda constante atención por la prensa junto a las autoridades que los inculparon y prometieron su desvinculación de la Policía. Así como esa reciente conversación con la conductora del noticiario central de Canal 13, donde el uniformado pudo explayarse respecto de sus supuestos méritos, tanto como exculparse de las acusaciones que afectan a él y otros efectivos de Carabineros subordinados. ¡Un potente y televisivo lavado de imagen!
Todos los días las autoridades prometen combatir el crimen organizado y la entronización de los carteles de la droga en el país y la política. Hasta se nos asegura que ahora se construirá una onerosa cárcel de alta seguridad para aislar a los más temibles delincuentes y narcotraficantes. Reconociendo con ello que las policías, como la propia Gendarmería, están infiltradas por los mafiosos al extremo que desde los propios recintos penitenciarios se determinan las acciones más dolosas que conmueven a la población.
En la víspera de elecciones municipales, los partidos han escogido y negociado sus cartas ganadoras sin mayor reocupación que asegurarse el triunfo, aunque sea con aquellos alcaldes y concejales altamente sospechosos por sus vínculos con organizaciones criminales. Y que por los ingentes recursos que disponen pueden asegurarse sus postulaciones. En todo un proceso en que han sido muy excepcionales las elecciones primarias y la participación de los vecinos en la definición de sus candidatos. Tal como lo propicia la Ley Electoral.
Es bochornoso cómo se dilatan los procesos judiciales, a fin de que las acusaciones se desvanezcan, mientras parece no existir criterio jurídico alguno para decretar las medidas cautelares, tanto la reclusión carcelaria o la domiciliaria, dependiendo ellas fundamentalmente de la prominencia y solvencia económica de los inculpados. Incluso si los culpables han cometido graves actos de pedofilia, como el reciente caso del padre de un diputado y presidente de partido.
Entre los procesos que se dilatan están los referidos, también, a los escándalos de las fundaciones que, así como marchan los procesos, muy probablemente resulten sin sentencia bajo la administración actual. Decenas de inculpados que defalcaron al Fisco y que en cualquier momento pueden verse favorecidos con la libertad condicional. Y, a partir de ello, la imposibilidad de recuperar para el Estado los enormes montos distraídos por una generación de jóvenes que supuestamente venía a sanear la política y demorara menos que sus antecesores en corromperse.
Sin embargo, los más perjudicados por la lenta cadencia de los procesos judiciales resultan ser, por ejemplo, los dirigentes mapuches acusados de gravísimos delitos y que, solo al cabo de dos años de cárcel, recuperan su libertad al no demostrárseles falta alguna respecto de los homicidios e incendios forestales que se les imputaron. Pero que, posiblemente, por apellidarse Llaitul o Reinao se les supuso infractores. Los que ahora, por cierto, nadie los desagravia por el enorme daño físico y moral ocasionado tanto a ellos y sus familias.
Pero esta vez los medios de comunicación apenas consignan su sobreseimiento y las autoridades guardan grosero silencio después de haber vociferado en su contra. Pero esta es la forma en que un gobierno de centro izquierda busca legitimarse ante la derecha, desestimando veloz e impúdicamente, los valores antes postulados con fervor juvenil y hasta revolucionario.
Ideas y propósitos que, como apreciamos, seguirán alimentando las nobles luchas de la Araucanía, pese a los estados de sitio y la represión policial y militar decretadas por La Moneda y el Parlamento.
