Organizaciones representantes de víctimas hacemos un llamado a la OEA para que actúe de manera urgente.
El 2 de julio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó una importante resolución en la cual otorgó medidas provisionales a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, requiriendo al Estado de Perú que “a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso peruano el día de hoy aprobó la iniciativa de ley en abierto desacato a lo ordenado por la Corte Interamericana.
El proyecto aprobado el día de hoy busca declarar la prescripción de los procesos por delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. De esta forma, se promovería la impunidad en todos los casos del conflicto armado interno ocurrido en el Perú durante las décadas 1980-2000, entre ellos, Barrios Altos y La Cantuta.
En su resolución, la Corte concluyó que la aprobación de esta iniciativa tornaría ilusorio el derecho a la justicia de las víctimas y constituiría un incumplimiento en la obligación de Perú de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, afectando el derecho a la justicia de las víctimas. Además, subrayó que la prohibición de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional, por lo que no procede la prescripción en casos de violaciones masivas o sistemáticas a derechos humanos, pues dichas conductas “contravienen derechos y obligaciones inderogables reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La Corte también indicó que no existen garantías de que sea posible realizar un control judicial interno, dado que la redacción de la iniciativa de ley propone responsabilizar a las autoridades jurisdiccionales en caso de no aplicar la ley de manera inmediata, generando un efecto amedrentador que les impida el ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional. Por último, la Corte recordó el carácter obligatorio de sus decisiones y la obligación de todas las autoridades del Estado –incluyendo el Poder Legislativo– de realizar un control de convencionalidad ex oficio con la finalidad de garantizar que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
A pesar de esta decisión, tanto el Poder Legislativo -por medio de la decisión de la Comisión Permanente del Congreso adoptada el día de hoy-, cómo el Poder Ejecutivo -por medio de su Premier, Gustavo Adrianzén-, quien manifestó su indignación con la Corte IDH, dan muestras claras de que no cumplirán con las obligaciones internacionales de Perú. En ese sentido, no existen garantías de que el Poder Ejecutivo vaya a observar o no promulgar el proyecto de ley aprobado, dejando en total desamparo a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta.
Es importante resaltar que esta no es la primera vez que el Estado peruano desoye al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo una de las más recientes la liberación de Alberto Fujimori, lo que posiciona a Perú a la par de los países de la región con mayor niveles de incumplimiento de sus obligaciones internacionales. La Corte IDH ha emitido decisiones similares frente a proyectos de ley que buscaban la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos respecto de Guatemala y El Salvador, países que a diferencia de Perú, acataron al máximo tribunal de derechos humanos de la región.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones representantes de las víctimas, expresamos nuestro rechazo al abierto desacato de Perú ante esta trascendental decisión de la Corte IDH. Además, hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos para que actúe sobre esta medida y al Estado peruano a cumplir con lo dispuesto por la resolución de la Corte Interamericana y no avanzar con la promulgación de la iniciativa de ley No. 6951/2023-CR, aprobada.
