Desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública hemos presentado este 28 de junio de 2024 una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –la CNMC- por la cesión por parte del Ministerio de Defensa de un complejo hospitalario de más de 24.000 metros cuadrados a la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Quirónsalud, absorbido en marzo de 2016 por la empresa alemana Helios Kliniken GmbH, perteneciente al grupo alemán Fresenius SE & Co KgaA.

El Ministerio de Defensa, titular del inmueble que ocupa una manzana completa entre las madrileñas calles Joaquín María López, Isaac Peral, Donoso Cortés e Hilarión Eslava, y que se mantenía en desuso en su mayor parte desde hace más de 20 años, ha adjudicado a la Fundación Jiménez Díaz, único concursante, una concesión demanial por un periodo de 75 años.

La contraprestación que tendrá que satisfacer la Fundación perteneciente al grupo Quirónsalud por la explotación del edificio público asciende a 170 millones de euros, que será abonado de forma periódica en cuotas anuales durante todo el periodo de concesión. Esta contraprestación, inusualmente baja con un coste medio mensual de 8€/m2 y que no prevé ningún coeficiente de actualización con el paso de los años, es uno de los elementos más polémicos de esta privatización, pero no el único. De hecho, podría representar una pérdida para el erario público del 80,1% en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato.

En nuestra denuncia, hemos querido señalar a la CNMC otra serie de elementos de esta cesión demanial que consideramos que no respetan el interés general, y que son al menos indiciarios de una posible conducta irregular:

  • La justificación que hace el concurso público es vaga y genérica, recogiendo únicamente la necesidad de dar uso al inmueble vacío. Siendo un Hospital, y estando en el centro de Madrid, muy cerca del Clínico San Carlos, ¿No habría sido más lógico mantenerlo como infraestructura para el saturado sistema público de Salud Madrileño, por ejemplo? ¿Por qué a una fundación privada y no a una administración pública? La falta de justificación y la ausencia de un estudio de necesidades y posibles usos del edificio, convierten esta concesión en un acto presuntamente arbitrario.
  • Sólo acudió un único licitador, la UTE Jiménez Díaz, de la cual no se ha hecho público ni tan siquiera qué empresas la conforman este Unión Temporal de Empresas, además de la Fundación dependiente del grupo Quirónsalud. Por otra parte, el máximo legal de duración de una UTE es de 25 años, lo cual choca con el hecho de que a ésta se le ha concedido la concesión por 75 años.
  • No se establecen los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo; se establece una disposición “en blanco” que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años.

Por todo ello, entendemos que debe abrirse una investigación que aclare los términos de esta concesión de un enorme trozo de patrimonio público y si ésta ha cumplido con todas las exigencias legales y se ha respetado los principios de la contratación pública y el interés general.