Gracias a la captura del celular y el archivo de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, el país ha podido enterarse de su dedicación al lobby, como de quienes fueron sus cómplices y encubridores hasta el momento en que fuera denunciado por ejercer influencia indebida en el nombramiento de autoridades, practicar el cohecho y lucrar al servicio de inescrupulosos empresarios. Un abogado que se ufanaba siempre del poder que tenía en gobiernos de distinta orientación ideológica, los que recurrían a sus asesorías profesionales, a sabiendas que manejaba jueces esbirros dispuestos a favorecer a los clientes que este representaba ante los Tribunales. Contando por supuesto, con políticos y mandos medios del Estado rendidos al cohecho.

De todo esto habla la crisis que existe en Chile respecto de su judicatura. El llamado Poder Judicial, la verdad es que no es un ente independiente, cuando los magistrados de los más altos tribunales son designados por el Presidente de la República como del Senado en el caso de la conformación de la Corte Suprema. Los hechos vienen denunciando en estos días a jueces que han recurrido a lobistas y políticos para obtener puestos y ascensos en su trayectoria judicial. Sometidos a los cuoteos partidarios y a las prácticas nepotistas que reparten los cargos en todas las instancias del Estado a lo largo de todo el país.

Tanto el Fiscal General, como los miembros del Tribunal Constitucional deben someterse, incluso, a ser interrogados por la Cámara Alta cuando aspiran a alcanzar estas altas funciones públicas, reconociéndose ampliamente haber llegado allí por la intercesión de lobistas como Luis Hermosilla y otros conocidos operadores. Lo que supone, posteriormente, que sus resoluciones nunca incomoden a quienes los promovieron desde el Ejecutivo y el Legislativo. Por esto es que las sentencias de esta Corte raramente resulten unánimes debido a su composición negociada entre los partidos políticos y grupos fácticos. En un país ya acostumbrado a que oficialistas y opositores se muestren muy empatados en cuanto a poder e influencia. Lo cual explica la existencia de la llamada “clase política”, como la reducida posibilidad que tienen los gobernantes de cumplir con el mandato popular y sus compromisos electorales. Lo cual redunda en la creciente desconfianza ciudadana respecto del sistema que nos rige.

Después de tantos años, resulta demasiado bochornosa, además, la existencia de los notarios públicos en todo el país, cuyos cargos resultan de prácticas hereditarias entre padres, hijos y nietos. O, como en tantos casos, por el apoyo de jueces y políticos que muy raramente tienen en consideración sus méritos profesionales. No cabe duda que la tarea de representar al Estado como ministros de fe en múltiples trámites, escrituras y asociaciones podría, o más bien debería, recaer en funcionarios públicos cuya testificación no implique afán de lucro, sino el cumplimiento digno de un servicio oficial remunerado como el de tantos otros servidores públicos. Se sabe, por esto, que los notarios gozan de la perpetuidad en sus funciones, cuanto de la posibilidad de concluir trayectoria henchidos de dinero, cuando no de recursos provenientes, también, del cohecho con el que algunos facilitan sus propósitos y negocios privados mediante la certificación notarial.

Por algo son ahora los propios magistrados los que quieren que los notarios y conservadores de bienes raíces sean escogidos mediante el sistema de concursos de la alta administración pública. Pero también se asume que sus organizaciones gremiales son muy poderosas a la hora de defender sus privilegios. Por lo que un cambio al respecto con seguridad ocasionaría una intensa controversia legislativa.

Los recursos económicos del Poder Judicial en Chile dependen de lo que año a año disponga la Ley de Presupuesto, definida por el Ejecutivo y sancionada por el Congreso Nacional. Ni siquiera nuestras cortes han logrado algo similar a lo conquistado por las Fuerzas Armadas que ahora ya no están sujetas cada año a las mayorías o minorías de la política, la orientación del Gobierno de turno y la voluntad del Parlamento.

Se aspira duran te esta crisis a que nuestros juzgados y cortes den espacio a los más probos juristas y abogados, cuanto a la creación de los tribunales que se hacen necesarios para atender las dilatadas listas de espera de los que es buscan ser sentenciados o absueltos, muchas veces, desde las mismas cárceles. Es decir, desde estos espacios abarrotados de reos y delincuentes en que muchos, también, recurren a operadores y lobistas para logran su más rápida excarcelación. Así, también, en la Fiscalía Nacional la influencia y el lobby son capaces de lograr favores de parte de quienes ofician como investigadores y acusadores públicos. Especialmente de quienes buscan notoriedad más que servir al esclarecimiento y sanción de los graves delitos que conmueven a la población. En que ahora los narcotraficantes y las bandas conformadas por inmigrantes protagonizan los principales registros de la delincuencia criminal.

Es claro que la corrupción de la judicatura se hizo más evidente durante la Dictadura pinochetista, donde juzgados y cortes se pusieron al servicio de los órganos represivos del Estado, mostrando tanta complicidad en relación a los actos de tortura, detenciones ilícitas y ajusticiamientos de parte de los militares. Desestimando, como sabemos, miles de habeas corpus y denuncias de la sociedad civil en materia de Derechos Humanos.  Mucho de ello explica que todavía tengamos, a 50 años, centenares de detenidos desaparecidos y un cúmulo inmenso de impunidades. Así como la continuidad de magistrados que debieron ser destituidos o condenados al menos por flagrante prevaricación.  Muchos de los que han ido desapareciendo de los ámbitos judiciales solo a causa de muerte natural.

Como ocurre en todas las reparticiones del Estado, tenemos que en Chile los integrantes de las cortes superiores gozan también de sueldos y prerrogativas muy por encima de lo que perciben sus funcionarios auxiliares, como los de la propia Gendarmería Nacional. Tanto así que los jueces supremos fueron sorprendidos por la prensa a punto de adquirir con cargo al Fisco una gran cantidad de vehículos de lujo para su uso, esto es para desplazarse entre sus hogares y el vetusto edificio en el centro de Santiago. Una secreta operación que finalmente fuera desbaratada por la prensa como otro de los episodios de abuso e inequidad en un país de tantas carencias y asimetrías.

A esta altura pareciera propicio atender a la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir, como en otras naciones, en la elección de sus jueces. Sin duda una propuesta arriesgada en un país en que también el sufragio se compra y las elecciones corrientemente se ganan por la destreza de los candidatos y colectividades políticas para conseguir recursos y acceder a los medios masivos de información.

Claramente que la administración de justicia en Chile no es independiente y más bien depende de los que resuelvan los efectivos poderes del Estado y de sus parasitarios operadores.

Lo que entre tantos otros males reitera que tenemos una democracia deplorable.