El dictamen aprobado el 5 de junio por la Comisión de Constitución del Congreso de la República es un nuevo atropello al sistema nacional de justicia y a la institucionalidad del país advierten diversas instituciones de derecho.

El dictamen desaparece la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en su reemplazo crea la Escuela Nacional de la Magistratura, acarreando el riesgo de pervertir el sistema de justicia, como ocurrió en el pasado.

Mediante un comunicado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) advierte que “lejos de mejorar la administración de justicia (…) el proyecto es un retroceso porque da a la sala plena del Poder Judicial y a la junta de fiscales la facultad de elegir jueces y fiscales, respectivamente”.

Además, “habrá injerencia del poder político en la designación de los jefes de ONPE y RENIEC, pues el proyecto le da esta función al Senado, entidad que podrá remover también a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público”.

La aprobación se realizó de manera acelerada, aún cuando organismos técnicos y miembros de la propia comisión tenían observaciones pendientes y no recomendaban su aprobación.

Por ejemplo, había sido observado por el Ministerio de Economía y Finanzas y colisionaba con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de garantizar la efectividad de la JNJ.

La aprobación del dictamen impulsada por la congresista fujimorista Martha Moyano contraviene las opiniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados.

Los recientes hechos confirman el informe de la Misión Internacional de Observación, que señaló claramente que “hay distintas formas de interferencia del poder legislativo en el normal funcionamiento” de la JNJ.

Administración de justicia en riesgo

Por su parte el Colegio de Abogados de Lima advierte que la Reforma Constitucional para crear la Escuela Nacional de la Magistratura y eliminar la JNJ pondría en riesgo la administración de justicia y equilibrio de poderes.

Durante su intervención en la Comisión de Constitución el Colegio de Abogados de Lima sostuvo que la propuesta legislativa “es de carácter elitista, antidemocrático y antieconómico, no habiéndose generado el espacio necesario y oportuno para el debate”.

En tal sentido, rechaza este intento de reforma y declara que tomarán las medidas conforme a la ley y la Constitución Política del Perú y, de ser necesario, acudirán a instancias internacionales para evitar que se perpetren estas acciones.

Si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento se alteraría el equilibrio y balance de poderes, “perpetuando el nombramiento autocrático de los magistrados”.

No es el momento para una reforma del sistema de justicia

El Colegio de Abogados de Lima señala que entre las conclusiones finales de un gran debate público se coincidió en que es necesaria una reforma al sistema de justicia.

Sin embargo, precisa que no era el momento político adecuado debido a la destitución parcial de los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia.

Además, la gran mayoría coincidió en que la propuesta de reforma, tal como estaba formulada, “tiene graves problemas estructurales y de fondo que deben ser debatidos a profundidad” lo que no ha ocurrido en esta oportunidad.

El debate fue organizado el 16 de mayo con la presencia de juristas de renombre, habiéndose invitado a profesionales, académicos y exmagistrados quienes ocuparon cargos de alta magistratura.

Entre ellos participaron Ana Teresa Revilla, Javier de Belaunde, Manuel Luján, Eduardo Nieto, Samuel Abad, Carlos Mesías, Delia Muñoz, Nelson Ramírez, Helder Domínguez y Francisco Eguiguren, dispensándose de asistir el Dr. Ernesto Blume, la Dra. Lourdes Flores y actuales congresistas.