120 millones de personas obligadas a dejar su tierra. Estas son las cifras de desplazamiento forzado que ACNUR contabilizaba en mayo, en su informe anual, constatando una escalada continuada en las cifras anuales en los últimos 12 años. Unos números que reflejan un mundo sacudido por cada vez más conflictos, y la persistencia de crisis que no se acaban de cerrar.

Por: Sarah Babiker – desInformémonos.

El duodécimo país en términos de población, un estado del tamaño de Japón, eso supondrían estas 120 millones de personas si se encontrasen juntas. Así es como Naciones Unidas ilustra lo que supone que tantas personas hayan sido condenadas al exilio. Un estado de la talla de Japón donde una parte importante de sus habitantes serían sudaneses, en concreto, más de 10 millones. Y es que es la contienda en este país, donde ya la población de personas desplazadas batía récords antes de que estallara la última guerra en abril de 2023, una de las principales causas del aumento en el cómputo general de personas expulsadas de sus hogares, si bien Siria sigue encabezando la lista de países con personas desplazadas, llegando a los 13,8 millones.

Desde Acnur llaman a las partes implicadas en los conflictos armados que a tantas personas expulsan, a respetar el derecho internacional en cuanto a la protección de la población civil

La reactivación de un conflicto armado que nunca acabó en la República Democrática del Congo o la larga crisis que atraviesa Myanmar, en guerra desde 2021, añaden millones de desplazados internos que huyen de la violencia. Por último, Gaza supone un giro histórico en cuenta a la expulsión de tres cuartos de su población de sus lugares de residencia, en total, más de 1,7 millones de personas desplazadas por la ofensiva genocida israelí, en muchos casos se trata de una segunda expulsión, pues en gran medida los desplazados ya eran refugiados.

Frente a esta panorámica, desde Acnur llaman a la comunidad internacional a afrontar las causas de este fenómeno, así como a las partes implicadas en los conflictos armados que a tantas personas expulsan, a respetar el derecho internacional en cuanto a la protección de la población civil. Advierten de que si no se toman las acciones señaladas, así como otras iniciativas que confronten las crisis climática o las vulneraciones de derechos humanos, la tendencia al movimiento forzoso de millones de personas no hará sino profundizarse.

No es fácil marchar cuando se vive en una situación de guerra o persecución, algo más de la mitad de las personas desplazadas, 68,3 millones, no han abandonado el estado, sino que permanecen en su propio país. De nuevo, el número ha aumentado en estos últimos años, siendo ahora casi un 50% superior al de hace un lustro. Los países limítrofes están segundos en la lista, respecto a dónde se dirigen las personas desplazadas. El Norte global, lejano geográficamente y cada vez más blindado, está en último lugar en cuanto a recepción de personas refugiadas. Una parte de ellas, cinco millones de desplazados internos y un millón de asilados en el extranjero, volvieron a sus países de origen, una cifra testimonial pero que muestra que algunas crisis que provocan la expulsión de población pueden remitir. El caso de Kenya, desarrolla el informe, muestra un esfuerzo del estado para revertir el exilio de sus habitantes.

Infancias atravesadas por el exilio

La proporción es llamativa: si menos de una persona de cada tres en el mundo, es un niño o niña, la infancia representa el 40% de la población refugiada. Las consecuencias del desplazamiento son profundas, desde el parón en su educación hasta los daños en la salud mental, especialmente cuando son separados de sus familias, denuncia UNICEF.

Ese cuarenta por ciento de personas refugiadas se traduce en 47 millones de niñas y niños desplazados en el mundo, si centramos la mirada en España, apunta la agencia para la infancia de Naciones Unidas, vemos que casi una de cada cinco solicitudes de protección internacional incumben a menores en un país que es el tercero en la UE en cuanto a peticiones de asilo, llegando a ser más que nunca, 163.220, en 2023.

Una parte considerable de las personas que llegaron a España el año pasado, unas 40.000, lo hicieron a través de la ruta canaria, donde, en lo que llevamos de 2024, ya se han duplicado holgadamente las llegadas en los mismos meses del año anterior. Entre quienes llegan al archipiélago, cada vez se encuentran más niños y niñas, UNICEF denuncia que en muchos casos no solicitan protección internacional, pese a tener derecho, porque no se les informa adecuadamente. Muy grave, este no es el único problema que deben confrontar los menores que llegan a Canarias, la presencia de más de 5.600 niños y niñas no acompañadas satura un sistema de protección insuficiente. Ante esto, desde UNICEF se demanda que, más allá de que el menor se considere o no un posible beneficiario de protección internacional, se deben agilizar los traslados a la península.  Además de promover “rutas legales y accesibles”, para las familias, el organismo internacional invita a escuchar a niños y niñas para ver cuáles son sus necesidades.

Sudán, un país que expulsa

Sudán representa un ejemplo dolorosamente claro de lo que supone la guerra en la vida de las personas, y cómo estas pueden verse desplazadas una y otra vez. En este caso, las mismas personas que sufrieron durante décadas guerras como la de Darfur, se han visto obligadas a desplazarse, como han podido, hasta Chad, país limítrofe donde residen más de medio millón de sudaneses, la mayoría mujeres y niños, pues los hombres han sido asesinados o están detenidos.

Instaladas en tierra de nadie, en zonas desérticas y aisladas, estas mujeres dependen totalmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir, sin embargo, los recursos son, cuanto menos, limitados, escasea tanto los alimentos como el agua, y el contexto es propicio a problemas sanitarios.

MSF recoge algunos testimonios de cómo estas mujeres se ven obligadas a poner en práctica todo tipo de estrategia para que su familia sobreviva: ocultar su pertenencia a una etnia, vestir a los hijos como niñas para que no sean asesinados, o avanzar entre los cuerpos de los vecinos, caídos bajo la violencia de las milicias. También reflejan su dolor por ver la vida de sus pequeños atravesadas por el trauma.

En los campamentos de refugiados donde muchas sudanesas viven desde hace casi un año, como dice una de las mujeres: “No nos matan, pero no tenemos nada que comer”

Volver al lugar que se dejó atrás y recuperar la vida de antes está en el horizonte de las mujeres con las que la organización ha conversado, pues la existencia en un campo de refugiados es dura y no pone a mano ningún futuro. También están los testimonios de quienes han visto morir asesinados a sus seres queridos, o que les ven deteriorarse gradualmente como resultado de la desnutrición. Y es que, en los campamentos de refugiados donde muchas viven desde hace casi un año, como dice una de las mujeres: “No nos matan, pero no tenemos nada que comer”.

Atrás, en la ciudad de El Fasher, capital de Darfur Norte y único bastión que quedaba en manos de las Fuerzas Armadas Sudanesas, los enfrentamientos entre estas y las rivales Fuerzas de Apoyo Rápido, han obligado a cerrar los últimos hospitales que permanecían operativos, en medio de una nueva ola de desplazados hacia el campamento de Zamzam, solo a 15 kilómetros de la ciudad, donde ya se aglutinan unas 300.000 personas aquejadas por la hambruna. Semanas antes MSF se había visto obligado a cerrar el único hospital que funcionaba en Wad Madani, único a disposición de las cientos de miles de personas residentes en el estado de Al Gezira. En abril, una iniciativa de Sudan Witness project, reportaba que al menos 72 aldeas y asentamientos en el Oeste del país habían sido incendiados. Un ataque masivo contra la población que también ha alimentado el flujo de desplazamientos, con personas que se ven forzadas a marcharse por segunda vez.

Ni ayuda humanitaria ni rescate

Menos comida y más violencia, especialmente contra las infancias refugiadas. Esa es la situación que denuncia por su parte la organización World Vision, que ha estudiado cómo la reducción de las raciones de ayuda humanitaria, motivada por la escasez de fondos, genera hambre e incide sobre todo sobre niñas y niños, que acaban confrontando situaciones de violencia y abusos en un marco de escasez.

El informe, titulado justamente Recortes en las raciones, revela cómo el descenso en ayuda humanitaria redunda en que las personas no obtengan las calorías suficientes. Para niñas y niños, la falta de ayuda humanitaria desencadena distintas vulneraciones y abusos de sus derechos. Se les fuerza a casarse o a trabajar, y su salud mental se ve deteriorada. El recorte de las raciones no es una abstracción, la mayoría de personas entrevistadas para este trabajo habían pasado de hacer dos comidas al día, a reducirlas a una o ninguna. Y es que, la no llegada de la ayuda, sume a los adultos en la desesperanza. El hambre, afirman desde la organización, pone en riesgo la salud mental de las personas.

Para quienes consiguen proseguir su camino hacia Europa a través del Mediterráneo, tampoco hay voluntad humanitaria. Solo las ONG dedicadas al rescate son testigos de cómo cientos de personas expulsadas de sus países acaban ahogándose en el Mediterráneo, ante la indiferencia de una Europa obsesionada por blindar sus fronteras a cualquier coste. Hace una semana, Médicos del Mundo y Sos Mediterranee, tras localizar los cuerpos de 17 personas abandonados en el mar, lanzaban un comunicado en el que acusaban a la “hipocresía e inacción de los [políticos europeos] para detener las muertes en el mar” de permitir un nuevo naufragio.

A un año de que 600 personas perdieran la vida en la costa griega, tragedia por la que se señaló a la Guardia Costera de aquel país, tanto por denegar el auxilio a las personas migrantes, como por posiblemente, desencadenar el desastre por negligencia, las organizaciones de salvamento denuncian que siguen encontrando cadáveres abandonados en el mar, prueba de que Europa ha declinado intervenir para evitar más muertes, dejando a los barcos de salvamento como únicos testigos de lo que sucede en el Mediterráneo Central.

Tras ocuparse también de recuperar a las víctimas, ante la inacción de los guardacostas, las organizaciones piden que al menos se apliquen los mecanismos forenses necesarios para identificarlos y que las familias sepan qué pasó con sus seres queridos.

¿Y en España?

El estado español es uno de los que menos solicitudes de asilo aprueba, con la resolución favorable de solo el 12% de los expedientes, mientras la media europea alcanza un 42%, apunta CEAR en su último Informe Anual. Unos números que parecen demostrar cierta desconexión de las políticas de asilo españolas con la situación de aumento de las necesidades de protección que pueden detectarse en el mundo y que en el caso del Estado español se hacen patentes con el incremento de llegadas a Canarias procedentes de países que atraviesan conflictos y tensiones, llegando a unas 40.000 personas, el 70% del total de personas arribadas a España, las que consiguieron llegar al archipiélago, algo que CEAR califica como una emergencia humanitaria y ante la que le gustaría ver una respuesta tan eficaz como la que se dio ante la crisis de Ucrania.

Además, denuncia que en términos de acogida la respuesta tampoco está siendo equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania: “Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento de protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”.

En su informe, la organización también alude a la crisis que se dio en las salas de asilo de Barajas, que supuso la vulneración de derechos de cientos de personas hacinadas en un espacio insalubre. También a la crisis cotidiana que sufren miles de personas que desean solicitar asilo en el país y no lo consiguen por los problemas estructurales relativos a la dispensación de citas de asilo, un problema que se viene reproduciendo año tras año. Una más, de las diversas vulneraciones que las personas migrantes y refugiadas sufrirían en el acceso a derechos básicos, agravadas por el racismo. El Pacto de Migración y Asilo, aprobado en los últimos meses en la Unión Europea, no apunta a un escenario de optimismo.

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