A los pocos días del horrible homicidio de tres carabineros en la llamada macrozona sur, en Estados Unidos resultan abatidos cuatro policías en un enfrentamiento con delincuentes y en ningún caso este país se conmueve tanto como ha ocurrido en Chile con la televisión, el Gobierno y los otros poderes del Estado.
Se asume mundialmente que ser policía es una actividad de alto riesgo por lo que constantemente sabemos de cuántos pierden la vida por cumplir una tarea de tan alto y noble servicio público. Son muchos más los pescadores y mineros, sin embargo, los que fallecen en sus funciones; también los bomberos y obreros de la construcción. Por esto que observar el comportamiento de nuestros poderes públicos es algo que llega a ser bochornoso, habida cuenta todo el tiempo que nos hemos llevado en exequias, homenajes y de un cuanto hay que se apoderan de los medios de comunicación, de sus noticiarios, portadas y emisiones radiales.
De un instante a otro pareciera que el país ha caído abatido por la delincuencia y el lamentable estado de ánimo de las autoridades hasta llegar al ridículo de que los periodistas y animadores de los canales deciden vestir de riguroso luto para darle más dramatismo a sus despachos. Ministros y legisladores de todo el espectro político lucieron también de negro, a excepción del Presidente de la República que ni siquiera en estas circunstancias se pone corbata o libera sus manos del bolsillo de su pantalón. Al mismo tiempo, se prodigan las imágenes dolientes de un Director General de Carabineros que se ve favorecido por la postergación de su inminente formalización judicial por su presunta responsabilidad de mando respecto de las muertes y severas violaciones a los Derechos Humanos cometidos por carabineros con el Estallido Social del 2019.
Por sugerencia del Gobierno y de los propios fiscales de la causa, se ha postergado el procedimiento que imputaría al mandamás de Carabineros por sus graves omisiones al momento de reprimir la protesta social, atentar contra los globos oculares de los manifestantes e impedir de la forma más violenta la movilización de millones de chilenos. Desde La Moneda se esperaba esta formalización para el 8 de mayo, en el deseo de que el general Ricardo Yañez también se obligara a dejar la jefatura superior de la policía uniformada. Pero de la noche a la mañana, gracias a este crimen que aún no se dilucida, este oficial se empodera como un gran líder y de todas las esferas públicas se solicita ahora que el Presidente de la República lo mantenga en su cargo, aunque fuera formalizado próximamente.
De las numerosas hipótesis que se especulan respecto del homicidio de los tres policías se estaría cayendo la posibilidad de que sus autores pertenecieran a las organizaciones mapuches que luchan por sus derechos ancestrales conculcados. Una declaración pública emitida por uno de sus principales referentes desmiente completamente esta posibilidad insinuada por políticos y algunos periodistas.
Pero de la noche a la mañana, pareciera que los trabajadores y pensionados se olvidaron de sus demandas, que en los hospitales resolvieron las largas listas de espera de sus pacientes, que las isapres y las AFPs salvaran su existencia, así como la prepotente voz de las instituciones patronales por fin ablandan la voluntad de los gobernantes y se hace hegemónica frente a la histérica actitud de la derecha que, por supuesto, aprovecha el momento para imputarle al oficialismo todos los males que nos ocurren. Hasta las adversidades del invierno que ya se manifiesta a lo largo de un territorio de tan atribulada población.
A propósito de este crimen, quienes nos gobiernan aparecen todavía más maniatados que antes por los denuestos de los opositores, la desafiante rebeldía del oficial mayor de Carabineros, la complicidad o la autocomplacencia de sus partidos aliados, el poder sin contrapeso de los grandes medios de comunicación y hasta por el arrebato de la embajadora norteamericana molesta por las filtraciones a la prensa producidas desde la Cámara de Diputados, donde asistiera a una reunión “secreta”.
Ya nada que no sea la lucha contra la delincuencia aparece pertinente. Se postergan las reformas políticas, se califica de improperio la idea de elevar los impuestos a los que más ganan, se esconden debajo de las alfombras de la impunidad las corrupciones de los políticos de todos los colores de nuestra clase política que, aunque algunos de sus miembros vociferen, todos están contestes en que no es bueno para la imagen país y de nuestra democracia vernos envueltos en esta clase de escándalos, vengan de donde vengan.
Ojalá se logre aclarar lo sucedido, aunque lo raro es que nadie todavía se atribuya el horrendo atentado, que finalmente está logrando la continuidad del cuestionado director General, como la compasión pública respecto de una institución policial hasta hace poco muy desacreditada. Por lo que en las últimas encuestas los más perjudicados sean el Ejecutivo, las fiscalías y los jueces, pese a haberse verdaderamente desgañitados todos en procura de cazar a los delincuentes, asistir a las víctimas y deudos, abocados casi tiempo completo a este afán.
Desde luego, destaca también la desvergüenza de los que promovieron y defendieron años atrás la legitimidad del Estallido Social y ahora sucumben en sus autocríticas, llegando a coincidir con los sectores de la ultraderecha que, de paso, expresan su nostalgia sobre la firme acción del régimen pinochetista y hasta promueven la reinstauración de la pena de muerte. Como que la candidata mejor aspectada para ponerse la banda presidencial después de Gabriel Boric sea, según todos los sondeos, la hija del Comandante en jefe de la Fuerza Aérea que colaborara estrechamente con el Dictador, aunque después lo abandonara en el ocaso de su mandato.
¿Podrá en los dos años que le quedan el gobierno de Boric soltarse las amarras, cumplir con sus promesas electorales y satisfacer en algo la esperanza del pueblo?
