En 1990 se constituyó en Chile la Comisión de Verdad y Reconciliación que dio a luz el Informe Rettig. Los tres tomos del informe reportaban con nombre y apellido una verdad histórica hasta ese
momento negada o, al menos, desconocida por parte de la población. El trabajo de esta comisión tenía como objetivo buscar la verdad acerca de las víctimas de desaparición forzada y asesinadas por agentes del Estado.

En 1990 el primer Presidente de la República desde la vuelta a la democracia, Patricio Aylwin, hizo esta declaración: “Justicia en la medida de lo posible”. Muchas personas esperaban en un cambio más radical, a riesgo de una guerra civil o de una vuelta a la represión: Pinochet seguía como Comandante en Jefe del Ejército.

A 51 años del Golpe de Estado y a 33 de la vuelta a la democracia en Chile, Pressenza entrevistó a Patrick Hamilton, abogado miembro de la Comisión Rettig que, por primera vez, llegó a declarar
oficialmente y desde la institucionalidad la verdad histórica consistente en la violación sistemática de los derechos humanos, con la presencia de miles de desaparecidos y asesinados por agentes del Estado.

El proceso
“Fueron nombrados 9 comisionados, de diversos colores políticos, pero igualmente todos respetados desde la intelectualidad y por su recorrido académico. Luego se hizo un llamado a abogados que
quisieran participar en el proceso y yo quise ser parte, consciente de que iba a ser un gran paso para la historia. El equipo profesional de la Comisión estaba conformado por abogados, procuradores-
egresados o estudiantes de los últimos años de la facultad de derecho-, asistentes sociales, psicólogas, personal de informática y de secretaría.
Es importante destacar que la Comisión no substituía al poder judicial. No era un órgano judicial: no era juez y no decidía quienes eran culpables o inocentes. Lo que hacía era llegar a establecer si una determinada persona tenía antecedentes de que pudo haber sido víctima de violación a los derechos humanos”.
Se organizó el trabajo por áreas geográficas, por temáticas y por períodos y a Patrick Hamilton le tocó investigar las muertes en protestas desde mayo 1983 y también, algo muy curioso, recibir los
testimonios de las Fuerzas Armadas, en específico de Ejército y Fuerza Aérea.

¿Por qué se admitieron los testimonios de las Fuerzas Armadas en la recopilación de información, cuando era evidente que había habido una dictadura militar durante 17 años?
“Se quiso dar esta posibilidad aunque técnicamente no serían sujetos de violación a los derechos humanos, porque no eran agentes del Estado que los estaban atacando o matando. Entre el 11 de
Septiembre y el 31 de Diciembre 1973, periodo en que pudo haber más enfrentamientos, el número de personas muertas o heridas que las Fuerzas Armadas presentaron era muy bajo”.
Con tan pocas personas fallecidas por uno de los bandos quedaba evidente que no se trataba de una guerra contra al terrorismo, como quisieron hacer pasar.

La certeza moral
“Tuvimos que viajar a la región de Coquimbo, de manera que la justicia se acercaba a la gente y poder recoger testimonios sobre todo de las familias de las víctimas. Recopilábamos informaciones,
testimonios y presentábamos los casos a los comisionados, quienes tenían la responsabilidad moral de decidir si aceptar o no a los casos recopilados, para el informe”.
Efectivamente, los comisionados debían adquirir la certeza moral de que tal persona había sido violada en sus derechos humanos, con resultado de muerte. “Los tantísimos recursos de amparo que se habían presentado en dictadura no habían conducido a nada; sin embargo, había un rastro jurídico de que se había denunciado una violación de derechos y que había una persona que no se encontraba. Y de allí partíamos con nuestras investigaciones”.

El Informe Rettig deja constancia de las personas desaparecidas y/o asesinadas por agentes del Estado, mencionando nombre y apellido, procedencia y las últimas informaciones recopiladas.

¿Qué significó dar los nombres?
“De partida se ponía en duda que las personas habían existido, que las personas hubieran sido detenidas. Durante muchos años la prensa hablaba de los presuntos desaparecidos. Después ya se
empezaba a nombrar “detenido desaparecido”, ya no era presunta, sino que había sido detenida. Que no se había exiliado afuera.
Significaba darle realidad, presencia, identidad a estas personas cuya existencia había sido cuestionada. Es decir que aquí ha habido una persona, un ser humano que fue víctima de esta situación: nos consta moralmente que es así”.

¿Cuál fue el mayor resultado que obtuvo la Comisión?
La Comisión Rettig logra establecer una verdad histórica. Una verdad oficial que se presenta por un gobierno, el ciudadano puede no sentirla propia. En este caso, en cambio, se establece esta verdad histórica que todo el país, casi todos los chilenos, la consideran como realmente verdadera. Con el Informe Rettig nadie pone en duda de que se violaron gravemente los derechos humanos en Chile.

¿Hubo una real reparación?
“En algunos casos sí, dentro de lo que se puede reparar por ejemplo la desaparición forzosa de una persona. Pero es bueno que haya habido una demostración de parte del Estado de Chile no sólo de
reconocer, sino también de hacerse cargo de estas situaciones tan graves”.
Las organizaciones de familiares insisten hace años a que se hagan públicos los registros de las Fuerzas Armadas, mientras el gobierno actúa en paralelo lanzando un Plan de Búsqueda de detenidos
desaparecidos. Con el tiempo habrá que ver si esto sigue siendo una política ligada al gobierno de turno o si el Estado será capaz de hacerse cargo de la búsqueda y reparación como política pública válida más allá de la parte gobernante. Sobre esto se medirá la situación de reconciliación que se manifestará al momento de un cambio de mando.

¿Qué repercusiones internacionales tuvo la Comisión Rettig y todo el proceso que se implementó?
“El proceso que vivió Chile con la Comisión para la Verdad y la Reconciliación sirvió de ejemplo para los Tribunales de la Reconciliación de Sud África.
Cuando Nelson Mandela subió a la presidencia, empezó un proceso de búsqueda de la verdad y la reconciliación. Sin embargo, las comisiones realizadas en Chile (se suma la de 1992 sobre reparación) no tenían vínculo con el sistema judicial. En cambio, en Sud África se llegó a conceder la amnistía a los victimarios luego de un proceso de confesión, solicitud de perdón y reconciliación con la víctima o familiares de la víctima”.

En este proceso de reconstrucción de la sociedad después de una amplia violación a los derechos humanos en Sud África, es evidente el liderazgo que tuvo la reconciliación, gracias a la intervención del cardenal Desmond Tutu. En cambio, en Chile, la comisión Rettig, como las sucesivas, que apuntan en su nombre a la reconciliación, parece que se quedaron cortas en este sentido. ¿Cuál es su opinión sobre esto?
“Yo creo que en este punto el país ha avanzado muy poco. Véase lo dividido que está el país, más que antes, con la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar. Y con lo que significa este aniversario! Parece absolutamente dividido e irreconciliado”.

¿Qué hace falta para reconciliar?
“Reconciliar pasa por la voluntad de cada persona, profunda y decidida, de desear reconciliarse y ver en el otro alguien con quien podemos discrepar y que, sin embargo, exista la voluntad de respetar la vida, la persona, la opinión, respetar que podemos pensar distinto pero que tenemos un destino común. Es un proceso muy personal”.

¿Qué valor tiene aún hoy en día este trabajo que Usted y muchos otros profesionales comprometidos con la democracia, la verdad y la justicia realizaron hace 33 años?
“Hay que situar el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación en el contexto histórico en que es creada y en el que realiza su labor. Chile retorna a la democracia después del período más dramático de su historia, en el cual se violaron permanente y sistemáticamente las libertades, las normas democráticas y los derechos humanos. La creación de la Comisión, su existencia, trabajo y
conclusiones aportan decisivamente a la construcción de la democracia que nace y renace. Como se ha dicho, establece una verdad histórica que permite reconocer los dolores del pasado y avanzar hacia el futuro”.

Paz no es ignorar el pasado para seguir adelante sin conflictos. No se trata de poner un “punto final”, como en más de un caso se intentó hacer tanto en Chile como en Argentina, después de las dictaduras del siglo pasado. El gran reto de la paz es poder mirar al pasado y enfrentar el desafío de reconstruir un presente sanando las heridas, tanto desde la historia individual como colectiva. Hoy en día sigue haciendo mucha falta una disposición a la reconciliación, al diálogo, a la superación de las diferencias para el bien común, no sólo en Chile, sino en todo el mundo.