Tres semanas antes del “Día de las y los trabajadores”, el movimiento social exigió al gobierno instalar un diálogo con el mundo social en base a las demandas que Chile necesita, partiendo por un salario vital, que realmente cubra las necesidades básicas de las familias, que sea parte de una política salarial integral, que asegure que nunca más un trabajador esté bajo de la línea de la pobreza”, expresó en su momento el presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) David Acuña. “Vemos a un gobierno encerrado en las tareas institucionales, limitado al despliegue político de los pasillos parlamentarios y las oficinas ministeriales”.

“Necesitamos que el Estado hoy día nos escuche”. Tales declaraciones se realizaron en una intervención en las puertas de La Moneda. Así se colocó en marcha un paro nacional junto con movilizaciones a lo largo del país.

Un discurso que no se repitió con el mismo énfasis, tres semanas después en el acto central del primero de mayo, liderado por sindicalistas adscritos a partidos de gobierno.

Mientras tanto, el gobierno con su flamante ministra del trabajo militante del PC, difundía públicamente la primera fase del proyecto, de las «40 horas», sin decir, por cierto, que tal mejora se tranzo con la derecha, logrando ésta imponer su ansiada flexibilización de la jornada laboral. De acuerdo con cifras de la OCDE 2019, Chile se ubicaba en el sexto lugar de los países donde más horas se trabaja con un promedio de 1.974 horas anuales. Extensas jornadas laborales, (a las que se suman las de transportarse) con distribuciones horarias que afectan negativamente las vidas de miles de mujeres y hombres, privándoles de horas para la familia, para el desarrollo social y personal, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir.

La ley dejó excluidos del beneficio a las y los funcionarios del sector público. La misma situación afectó a las y los docentes del país. La regulación de la jornada de trabajo en Chile es muy compleja. Cada sector productivo y de servicios tiene características propias.

Nadie releva la perjudicial flexibilidad laboral, “adaptabilidad laboral», «carga laboral» y “desregulación laboral». Como no se cuenta en el país con un sector sindical fuerte y negociación colectiva que pueda hacerse cargo de especificar cómo se aplicará cada jornada de trabajo, la ley es quien asume esa tarea”. Se desdibuja quién y cómo se garantiza el equilibrio de las partes, con el actual poder irrestricto de las patronales, frente a una débil posición negociadora de las y los trabajadores.

Se evidencia la desigualdad de poder, expresada en la condición de subordinación del trabajador, dando manga ancha a la precarización laboral y los abusos, quedando la Dirección del Trabajo como el único defensor de los derechos laborales, con un requerimiento de fiscalización estricta y amplia de la legislación laboral, con recursos limitados y sin un plan para resolverlo.

Así, con dobles discursos, siguen siendo vulnerados los derechos laborales, por tanto, la lucha por la justicia laboral y la búsqueda de equilibrios en la relación capital-trabajo son más vigentes que nunca.

En los tiempos actuales para la mayoría de las personas el trabajo es un lugar altamente antidemocrático. El último estudio de Fundación Sol “Sindicatos y Negociación Colectiva: Panorama Estadístico Nacional y Evidencia Comparada”, expone el estado actual de los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras en Chile y presenta evidencia comparada que permite establecer una relación directa entre el declive sindical y el empeoramiento en la distribución de ingresos. Esta realidad también es reconocida por el principal estudio laboral de Chile, la encuesta ENCLA, que señala que sólo el 6,3% de las empresas en Chile cuentan con sindicatos, que la tasa de sindicalización es de 20,6 % al 2024 y de menos del 10% en las regiones de Maule, Araucanía y Coquimbo.

Gonzalo Durán, investigador de Fundación SOL y profesor del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y Marco Kremerman, investigador de Fundación SOL y coautor del estudio, señalan que “estos son los efectos del Plan Laboral, marco legal creado por el entonces Ministro del Trabajo y Previsión Social, José Piñera, construido en base a 4 pilares que siguen plenamente vigentes: negociación colectiva sólo a nivel de empresa, huelga que no paraliza, pluralismo organizacional extremo y despolitización sindical, creado en dictadura y que le ha conferido poder a la clase capitalista de Chile”.

Para Durán “el sistema de relaciones laborales impuesto en dictadura y mantenido en los gobiernos democráticos no permite que los salarios puedan formarse colectivamente en la economía y terminan siendo, en la mayoría de los casos, decididos de forma unilateral por la parte empleadora”. Para Kremerman “….los países con sistemas como el nuestro obtienen peores resultados en tasas de ocupación y desempleo en comparación con otras configuraciones más inclusivas, en donde la negociación por rama sí está presente” señalando además que “…trabajadores y trabajadoras que negocian obtienen reajustes reales inferiores al 1%, y la huelga no es valorada como una instancia importante para mejorar las condiciones de trabajo, debido al desmantelamiento de su contenido histórico. De esta forma, una de las principales consecuencias de estos magros resultados se traduce en el siguiente contraste: mientras la productividad del trabajo en Chile aumentó más de 150 % entre 1990 y 2015, los reajustes reales de las remuneraciones obtenidos a través de procesos de negociación colectiva sólo crecen un 33 %”.

Tomando en consideración estos datos, la participación sindical en Chile no está influyendo en una mejor distribución del excedente y tampoco de las decisiones productivas y sociales y la negociación colectiva no logra alcanzar un segmento mayoritario de la clase trabajadora, razón por la cual desde la Fundación llaman a avanzar urgentemente en transformaciones estructurales en el mundo del trabajo (“la negociación por rama o por área de actividad económica sea el nivel predominante”).

Es este contexto, la existencia de la praxis democrática en el ámbito laboral, que proviene de la pertenencia a un sindicato, es fundamental pues permite a las y los trabajadores negociar colectivamente salarios acordes y justos al costo de vida, condiciones esenciales de trabajo, términos de empleo, desarrollo de capacidades y otros temas vitales del mundo laboral, además de entregar un sistema de controles y equilibrios que garantiza que sean tratados como seres humanos contribuyentes y fundamentales en la matriz productiva de una empresa o industria. De no ser así, y tal como se percibe hoy, los derechos quedan fuera de la jornada laboral y la coerción se convierte en la experiencia cotidiana principal.

Esta realidad del mundo laboral se cruza negativamente con la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que establece que el 2023 terminó con una tasa de desempleo nacional de 8,4% y el año 2024 abre con una nueva alza de 8,7% ( trimestre enero-marzo de 2024), cifras que contemplan el ascenso de la tasa de ocupación informal de un 28,1%, aumento impulsado principalmente por mujeres (7,8%) y los hogares como empleadores (22,5%); alza significativamente más alta respecto al período 2020-2022, teniendo como efecto línea la inestabilidad laboral para muchas y muchos compatriotas.

En tal contexto, tampoco nos dice mucho el discurso del presidente Boric en la ENADE 2024 (Encuentro nacional de empresarios), centrado principalmente en buscar acuerdos, “en la medida de lo posible”, que permitan mayor inversión, pero poco o nada sobre los procesos productivos y el desmedro de derechos laborales, que conllevan esas inversiones amparadas en un marco legal pero no ético, que da rebajas tributarias, y ahora flexibilidad laboral como guinda de la torta para la patronal. Y frente a las quejas de las trabajadoras y trabajadores por estos cambios de agenda del presidente, este nos explica: «Más de una vez he reflexionado sobre los errores y excesos que hemos cometido en el pasado, pero en el clima enrarecido de la política chilena, estas declaraciones han sido recibidas con sorna, calificada como volteretas o giros erráticos», «tengo la convicción que, quien no revisa su propio actuar y quien no reflexiona sobre sus propios actos, ya sea para fortalecerlos o corregirlos, no debiera estar en política. La política no es para fanáticos y estamos aún a tiempo para salir de esta situación». -Sin comentarios-.

Por nuestra parte, seguimos llamando a colocar en la agenda los temas de propiedad de trabajadores, sobre todo en tiempos en que se vienen cerrando las emblemáticas industrias del país, dejando zonas geográficas con índices espeluznantes de cesantía. Se requiere el fomento de las cooperativas, para proteger a tanto trabajador emprendedor hoy en situación de desprotección total. Para todo esto es imprescindible una Banca sin intereses, comprometida con estos proyectos pro empleo, esto implica colocar un coto definitivo a la usura hoy desatada, con niveles de endeudamiento impagables. Y finalmente, colocamos en la agenda un cambio estructural al sistema, implementando la Renta Básica Universal e Incondicional, que sin falsos discursos concretamente coloca al Ser Humano como valor central, impulsando una nueva dirección civilizatoria. Es mentira que no existen alternativas al modelo, lo que falta es compromiso político con las necesidades de las mayorías excluidas, dando la espalda a los intereses y privilegios de la elite.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública