La JEP realizó una audiencia pública como parte de una medida cautelar nacional que busca proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. La entidad llamó la atención sobre falencias, como la falta de un universo consolidado de las personas afectadas. Las organizaciones celebraron esta medida; sin embargo, criticaron la forma en que se impulsó y pidieron más participación en este tipo de encuentros. La diligencia fue convocada para el 14 y el 16 de mayo, en Bogotá y en Barrancabermeja, Santander.
Por: Fabián Uribe Betancur
Foto: JEP
En las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en Bogotá, se realizó una audiencia en la que distintas entidades del Estado rindieron cuentas sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Colombia, en cumplimiento de una medida cautelar nacional que tiene como propósito apoyar los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas de desaparición forzada.
Para esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, SARV, de la JEP, citó a los ministerios de Hacienda, Salud, Interior, Justicia, TIC y Defensa, a los presidentes de la Corte Suprema y magistrados del Consejo de Estado, al Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a las organizaciones de víctimas y sus representantes judiciales.
En la diligencia, el presidente de la SARV, Raúl Eduardo Sánchez, señaló que hay problemas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país, debido a la falta de coordinación entre las diferentes entidades del Estado, la carencia de recursos económicos y tecnológicos de las entidades encargadas, y la ausencia de una política pública adecuada.
Entre las fallas que menciona el magistrado están: “Primero, una ausencia en la consolidación de los sistemas de información relacionados con los procesos de búsqueda e identificación; segundo, la dificultad en el acceso a la información por parte de las entidades a cargo de la búsqueda de personas en el país; tercero, subregistro de víctimas de desaparición forzada”.
Al respecto, en la audiencia se dio a conocer que hay dificultades en la consolidación del universo único de víctimas en relación con las personas dadas por desaparecidas. La UBPD estima este universo en 111 640 víctimas, mientras que la Fiscalía dice que los desaparecidos ascienden a 122 781; y Medicina Legal, con corte al 14 de abril, reporta 186 111 personas desaparecidas.
Durante la audiencia, la JEP escuchó a diversos representantes de las organizaciones de víctimas. La primera en intervenir fue Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, quien señaló que persisten vulneraciones a los derechos de las mujeres buscadoras, manifiestas en amenazas, represalias, privaciones de la libertad, extorsiones y violaciones sexuales. También hizo un llamado a la jurisdicción para que brinde participación equitativa a las organizaciones de víctimas en este tipo de diligencias, y recordó que pidieron a la entidad abrir un macrocaso enfocado en la desaparición, pero no fueron escuchadas.
“Estamos pidiendo a la sala participación. La JEP bajo la medida cautelar tiene el deber de garantizar la participación del amplio del universo de organizaciones de víctimas territoriales de desaparición forzada que no han sido convocadas para rodear esta medida de mayor legitimidad”, dijo Bautista.
A su vez, Aura Esther Camargo, representante de Ruta del Cimarronaje, dijo que aplaude esta iniciativa, pero que hay desafíos en torno a la búsqueda, como el acceso oportuno a la información y la aplicación de un enfoque étnico en las regiones. También hizo un llamado a las entidades del Estado para que propicien la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda y la unificación de las cifras de personas afectadas por este hecho victimizante. “Tenemos una desarticulación entre la Fiscalía y la UBPD, en el registro de personas dadas por desaparecidas”, puntualizó.
Julieth Moreno, representante de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, recogió en su intervención los desafíos y problemas que señalaron las organizaciones de víctimas e hizo énfasis en que buena parte del problema “tiene que ver con la falta de articulación interinstitucional, negligencia y desconocimiento de las y los funcionarios para llevar la información al Sirdec, desconfianza y miedo de las familias al denunciar y entregar la información, desconocimiento por parte de la institucionalidad de la importancia de las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos en los procesos de documentación”.
La JEP espera que con esta audiencia se establezcan rutas de articulación entre las autoridades e instancias sociales y de derechos humanos para la adopción de guías dentro de las medidas cautelares, y se pueda fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda, instalado el pasado 2 de mayo por representantes de las víctimas y la institucionalidad.
