Por Corresponsal de IPS

SANTIAGO – Los costos de no combatir el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe pueden ser más altos que los de garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, asentó un estudio de cuatro agencias internacionales dedicadas a los problemas de la pobreza, la agricultura y la alimentación.

El gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición en la región representa en promedio 6,4 % del producto interno bruto (PIB) de los países estudiados en el informe “Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe”.

Ello por el peso que representan para las economías y las sociedades de la región los problemas de malnutrición, que incluyen desnutrición, sobrepeso y obesidad.

En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables, sin incluir costos de gestión e implementación, es de 1,5 % del PIB.

El PIB regional fue estimado en 2022 por el Banco Mundial en 6,3 billones (millones de millones) de dólares.

El estudio fue realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“Es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”: Lola Castro.

El documento realza la necesidad de estimar los costos necesarios para implementar nuevas políticas, programas e intervenciones, como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición.

“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa 22 % del PIB regional”, señaló Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

Los hogares consumieron latinoamericanos y caribeños consumieron 2015-2021 unos 900 000 millones de dólares anuales en alimentos, a lo que se agregan los gastos en alimentación fuera del hogar, unos 250 000 millones, para totalizar 1,2 billones, cerca de la cuarta parte del consumo regional total.

El hambre afecta a una porción importante de la población: en América del Sur, a 26,8 millones de personas (6,1 % de su población); en Mesoamérica, a 9,1 millones (5,1 %) y en el Caribe a 7,2 millones de personas (16,3 % de sus habitantes).

Por otra parte, la inseguridad alimentaria moderada o grave fue de 36,4 % en América del Sur, de 34,5 % en Mesoamérica y de 60,6 % en el Caribe, según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en América Latina y el Caribe 2023, de agencias de las Naciones Unidas.

En cuanto al costo y asequibilidad de una dieta saludable, el Caribe muestra un costo de 4,41dólares diarios por persona, seguido de América del Sur con 3,82 dólares y Mesoamérica con 3,63 dólares.

El resultado es que 57 % de la población del Caribe no pudo acceder a una dieta saludable debido a su alto costo, en Mesoamérica esa cifra es de 22,2 %, y en América del Sur de 20,6 %.

“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, subrayó Lola Castro, directora regional del PMA:

Castro consideró que “es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”.

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, apuntó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”.

“Esa incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales”, precisó Salazar-Xirinachs.

Agregó que, por ello, “es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad”.

El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en la región, tales como el financiamiento del consumo y la producción de alimentos, los flujos internacionales de desarrollo, y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.

Asimismo, el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social, pues se destaca la importancia de invertir en la agricultura y de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

El problema principal, según el estudio, no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables.

Entre las recomendaciones del estudio figuran tener políticas macroeconómicas, comerciales y marcos de incentivos que promuevan la seguridad alimentaria y la nutrición, junto con optimizar los presupuestos públicos en esa dirección.

Se recomienda ampliar y usar de manera más coordinada los flujos internacionales de desarrollo y reducir las barreras que limitan operaciones de los sistemas bancarios y mercados de capital, en apoyo de la eliminación del hambre y la malnutrición.

Lubetkin destacó que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables.

Asimismo, el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas.

Una recomendación final del informe es que los Estados deben considerar los costos de no resolver los problemas de hambre y malnutrición.

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