El reciente desalojo violento del campamento «17 de mayo» en la comuna de Cerro Navia de Santiago por parte de Carabineros, ha destapado la grave crisis habitacional que atraviesa Chile. Este evento, ocurrido a mediados de mayo, dejó a numerosas familias sin hogar, visibilizando la creciente problemática de los campamentos y las tomas de terrenos en el país. La crisis habitacional ha llevado a muchas personas a buscar sitios eriazos para establecer sus precarias viviendas, y ha movilizado a diversas organizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
El Bloque de Organizaciones Populares, una de las agrupaciones que lucha por soluciones habitacionales para la clase trabajadora, convocó a una manifestación el 22 de mayo en la Plaza de Armas de Santiago. En su declaración para visibilizar el problema señaló que «frente a la crisis habitacional y la arremetida contra nuestro pueblo, hoy más que nunca debemos estar en unidad para salir a luchar por lo que es justo y nos corresponde. Hace unos días vimos el brutal desalojo que sufrieron los compañeros de la Toma 17 de mayo. Muchas familias quedaron desamparadas, sin un techo, sin un hogar».
El Bloque de Organizaciones Populares critica duramente al gobierno y a los medios de comunicación, acusándolos de criminalizar a las personas que luchan por sus derechos. «Hemos visto cómo este gobierno ha utilizado todos sus medios para reprimir y criminalizar a quienes luchan por sus derechos, como lo hizo con la aprobación de la Ley de Usurpaciones o Ley Antitomas, que fortalece un estado contrainsurgente que criminaliza la lucha y defiende los intereses de los ricos y poderosos».
El Bloque denuncia la falta de soluciones concretas por parte del ministro de Vivienda, Carlos Montes, y critica programas gubernamentales como el Programa de Integración Social y Territorial (Ds19), afirmando que este programa «vende un discurso de acceso a la vivienda, pero en realidad busca seguir beneficiando a los empresarios de la construcción». La declaración del Bloque de Organizaciones Populares es un llamado a la unidad y a la lucha organizada: «Debemos denunciar a las dirigencias y organizaciones que han guardado silencio cómplice con el gobierno antipopular. Ni sus amenazas ni sus leyes represivas podrán frenar la organización popular».
En este escenario, el senador Iván Flores también ha advertido sobre la gravedad de la situación señalando que «el próximo estallido social podría darse por la incomodidad de cientos de miles de familias que hoy día habitan los más de 1.400 campamentos en Chile y el programa de emergencia habitacional que pese a la cifra que se ha puesto sobre la mesa, no está dando el ancho».
Tomás Hirsch, presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, explica que la Ley de Usurpaciones o Ley Antitomas “es sin duda una ley nefasta que permite los desalojos en cualquier momento. La amenaza está presente en el mega campamento de San Antonio, en Antofagasta, en Lo Barnechea, y sucedió recién en Cerro Navia. Son situaciones absolutamente dramáticas, por lo tanto creo que el gobierno debe cumplir con el compromiso de que no se va a desalojar a nadie que no tenga donde vivir”.
Hirsch explica que desde el retorno a la democracia hace más de 30 años, la falta de vivienda, la precariedad, el número de allegados en nuestro país ha sido uno de los problemas más graves que hemos enfrentado. Este es un problema histórico, se arrastra por décadas y por supuesto, se profundizó fuertemente durante la dictadura. Y si bien se ha construido, en muchos casos ha sido mal, con viviendas de mala calidad. Todos recordamos lo que fueron las casas Copeva, las que son un drama hasta el día de hoy.
“Por otro lado, la población en Chile ha crecido, se ha casi duplicado desde entonces, a lo que sumamos un gran flujo de migrantes. Por otro lado ha habido una crisis económica y particularmente la vinculada con el COVID, que evidentemente acrecienta la precariedad de las familias y generó por lo tanto una demanda adicional por vivienda para mucha gente que estaba arrendando o que estaba pagando una vivienda propia y no pudo hacerlo”, señala el diputado.
Política de vivienda y su impacto en la crisis
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reconocen el derecho a la vivienda adecuada como un derecho fundamental, compromiso que Chile ha ratificado. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de cumplir con este derecho. Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Chile tiene un déficit habitacional de 1.089.000 viviendas, lo que significa que más de 2,2 millones de personas viven sin un techo propio, la mayor cifra desde que se mide este fenómeno.
Según el Catastro de Campamentos 2024, existen 1.432 asentamientos irregulares; una cifra 630 unidades mayor que la del mismo registro previo al estallido social. En solo cinco años, el fenómeno de los campamentos se incrementó a lo largo del país en un 56%, lo cual da cuenta de la crisis histórica que vive el país en materia habitacional.
“Hoy día la situación en los campamentos es dramática, ha aumentado el número de campamentos, hemos llegado a más de 1300 casi 1400 campamentos”, dice Hirsch. “Desde mi punto de vista, el plan de emergencia habitacional es una respuesta importante en la cual el gobierno está totalmente comprometido, pero no es suficiente. 260.000 viviendas en cuatro años va a significar una disminución de la carencia, sin embargo sigue aumentando la demanda. Hay aquí una situación que no termina de resolverse”.
La crisis habitacional en Chile ha empeorado debido a varios factores, incluyendo el impacto de la pandemia, el alza en los créditos hipotecarios y el aumento en los precios de los materiales y los arriendos. Esto ha empujado a miles de familias a vivir de allegados, hacinados o en campamentos. Según el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio (CECT), el déficit habitacional cuantitativo en 2022 alcanzó a 552.046 requerimientos de nueva vivienda, lo que representa un 7,9% del total de hogares del país. Además, el déficit habitacional cualitativo, que incluye viviendas con requerimientos de mejoramiento y acceso a servicios básicos, llega a 1.263.576 viviendas, lo que significa que un 18,5% del total de viviendas del país presenta algún requerimiento.
El gobierno de Gabriel Boric presentó en julio del año pasado el Plan de Emergencia Habitacional, con el objetivo de construir 260 mil viviendas durante su administración. Sin embargo, el avance de este plan ha sido cuestionado. Según el último reporte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hay 117 mil viviendas terminadas, 23 mil menos del avance planificado.
Carlos Montes, ministro de Vivienda, ha señalado que la correcta ejecución del plan depende de la cantidad de préstamos que realizan las entidades financieras y ha solicitado a la banca flexibilizar los requisitos para la entrega de créditos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido puesta en duda, especialmente en el contexto de la crisis habitacional.
El mercado y su aplanadora
Otro factor que agrava la crisis de vivienda en Chile es la concentración de propiedades en pocas manos. Según un artículo de Ciper, en el Gran Santiago hay 2.680 superdueños que en promedio poseen ocho viviendas cada uno. Esta concentración de propiedades inflaciona los precios de las viviendas y dificulta el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos. Los superdueños, que no utilizan estas viviendas como hogares propios, ejercen una presión adicional sobre el mercado inmobiliario, capturando la oferta de vivienda disponible y elevando los precios.
El sistema de subsidios habitacionales tampoco ha sido efectivo para resolver el déficit. Según el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit cuantitativo de vivienda no ha disminuido significativamente a pesar de la inversión en subsidios. Entre 1998 y 2008, el déficit aumentó ligeramente a pesar de la construcción de casi 2.7 millones de nuevas unidades y la entrega de más de 3 millones de subsidios. Esta situación indica que el enfoque subsidiario no ha sido eficaz y sugiere la necesidad de un cambio en la política habitacional hacia la producción de vivienda como infraestructura pública.
“Creo que este tema hay que priorizar”, explica Hirsch. “La construcción de viviendas sociales debería ser una de las prioridades del Gobierno y también de un próximo gobierno. Asimismo, creo que hay que implementar nuevos programas, por ejemplo un programa de arriendos. Hay una propuesta de construir por parte del Estado unas 200 mil viviendas que pueden ser arrendadas. Este plan baja por un lado el déficit y además es un granincentivo a la construcción”.
La crisis habitacional en Chile es un problema complejo que requiere soluciones integrales y coordinadas. La violencia en los desalojos, la falta de acceso a la vivienda adecuada y la ineficacia de las políticas de subsidios actuales son solo algunos de los síntomas de una problemática más profunda. Es imperativo que el Estado adopte un rol más activo en la construcción de viviendas y en la regulación del mercado inmobiliario para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
Paul Walder, Periodista
