«Este lugar fue la zona más rica en biodiversidad del mundo. Hoy es la segunda región más desértica de Chile. El modelo de monocultivo forestal que defiende este Gobierno sólo ha dejado un suelo ácido e inútil. Pero el pueblo nación mapuche tiene una relación de equilibrio con la tierra y ella no se va a detener «, dijo Héctor Llaitul, prisionero político y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, antes de recibir el veredicto condenatorio de un Tribunal Oral Penal de Temuco, región de La Araucanía, este 22 de abril de 2024.

Y su palabra, por donde transitan las generaciones antiguas de su pueblo una y mil veces castigado y vuelto a amanecer, también aclaró que «siempre nos dicen que tenemos que participar en la ‘vía política’, en los mecanismos que ofrece la institucionalidad. Pero para nosotros la realidad es la misma: comunidades carentes de vida, empobrecidas, con el clamor de recuperar su territorio. Nos obligan a existir en el antagonismo: la tierra para los poderosos o la tierra para los mapuche. Hablen sobre las pruebas de este juicio, pero no nos vengan a decir que el Estado chileno ha resuelto nuestros derechos fundamentales (…) cuando en su naturaleza más profunda se trata de un Estado colonialista, racista, discriminador. Y no nos vengan a decir tampoco que la industria forestal que nos tiene sin afluentes de agua, es una alternativa de desarrollo para el pueblo nación mapuche».

Héctor Llaitul, antes de ser un luchador destacado de su pueblo, también fue un luchador en contra de la dictadura civil y militar de Pinochet. Por eso en su vida se reúnen muchos combates, plazas y tiempo.

«La historia del pueblo mapuche es de resistencia desde que llegaron los españoles», recordó Llaitul, y su rostro recortado por la geometría de celda anticipada que tienen los tribunales cuando desploman sus leyes contra el oprimido. «Hoy existe resistencia porque está la cultura de la muerte sobre nosotros, la militarización, la injusticia repetida. No porque me condenen terminará el derecho profundo de las reclamaciones desde lo mapuche. Esta es una verdad que le duele al sistema colonial, al empresariado, sin embargo, no le duele al chileno consciente, porque nuestra lucha va mucho más allá: tiene que ver con la resistencia y sobrevivencia de los territorios, de buscar un mundo mejor para todos, para mapuche y chilenos», expresó Llaitul.

Las acusaciones de la Fiscalía y los abogados que encaró el werken de un pueblo que persigue la autonomía y la independencia, son hechas bajo la Ley de Seguridad del Estado por su presunto involucramiento en llamados públicos a comunidades mapuche para emplear la violencia armada y atacar la infraestructura de las empresas forestales.

Por su parte, las abogadas defensoras de Llaitul, Victoria Bórquez y Josefa Ainardi, señalaron posibles sesgos en el caso, algo que tanto el fiscal Leiva como los representantes del Ministerio del Interior y la empresa Bosques Cautín, como era de esperar, negaron.

Llaitul ha estado en prisión preventiva durante dos años. Una de sus defensoras destacó las preocupaciones manifestadas por el Consejo de la ONU sobre el excesivo grado de militarización en la zona a través del estado de excepción constitucional, lo cual implica la discriminación contra el pueblo mapuche.

La Fiscalía, tras obtener un veredicto condenatorio, solicitó una sentencia de 25 años de prisión, pena que todavía debe ser anunciada por el tribunal el próximo 7 de mayo, de manera virtual.

No obstante, el Estado capitalista, autoritario, conservador, racista y excluyente de Chile, a través de su extensión judicial, uno de los aparatos represivos estratégicos del orden establecido, montó un proceso sobre el comunero mapuche Héctor Llaitul sin más pruebas que los dichos del vocero indígena. Esto es, cada una de las acusaciones que el Ministerio Público imputó a Llaitul carecen de toda prueba contundente. Ilegitimidad agravada por la utilización de los llamados ‘testigos protegidos’, recurso que no permite defensa alguna. La Fiscalía llamó a cinco de ellos, pero únicamente se presentaron dos, e incluso uno declaró por escrito, texto que leyó el propio fiscal. Ello hace que el proceso entero se encuentre viciado y la condena sea injusta.

Asimismo, las acusaciones contra Llaitul habrían sido compiladas por una unidad especial policial, con facultades jamás determinadas y que nunca fue detallada su proveniencia, atribuciones y constitución. En los hechos, el Estado utilizó un software propio de la inteligencia policial y política, denominado ‘sistema vigía’, que puede manipularse georeferencialmente y cuyo fin concreto fue perseguir y plantar pruebas falsas a miembros específicos del pueblo mapuche.

Respecto del rol de los medios masivos y corporativos de comunicación, los titulares de la prensa del régimen dominante (prensa propiedad de las clases dominantes y, por tanto, formadora privilegiada del discurso político público) funcionan como armas atómicas contra la resistencia del pueblo nación mapuche y de su lucha por la recuperación del autogobierno y su territorio. Aquí unos ejemplos: «Descubierta conexión mapuche-canadiense»; «Poderosos grupos extranjeros ejercen influencia en mapuches, denuncia instituto»; «Identifican a agitadora mapuche conocida como La Chepa»; «Agricultores denuncian que líder mapuche violentista recibió preparación en Chiapas». Así se reproduce en alta frecuencia la propaganda contra la resistencia mapuche, mediante las cadenas del duopolio El Mercurio-La Tercera; todos los departamentos informativos de la televisión abierta; y los diarios noticiosos digitales y multimediales.

Se trata de los medios comunicativos y políticos que emplea la elite en Chile para intentar imponer sus intereses de clase en la dimensión de la visión de mundo de toda una sociedad, incluida la mapuche, y cuyos contenidos repiquetean inagotablemente a través de la educación formal, el trabajo y las formas predeterminadas de recreación y uso del tiempo libre. Para el caso, la maquinaria multiforme de la ampliación del sentido común de los grupos sociales privilegiados lleva varios siglos horadando la resistencia indígena. Ese mismo sentido común cuyo objetivo subyacente es la expropiación del suelo mapuche y sus riquezas, la subordinación de la población para su explotación productiva, y el exterminio de la disidencia política.

El lugar donde el capital colonial sitúa sus intereses y enclaves, rápidamente se convierte en reducciones de comunidades preexistentes, cárceles ampliadas, cuarteles de disciplinamiento social, corporal, mental. El supremacismo del colonizador transforma al otro en un objeto social vaciado de sí, dependiente, inferiorizado. El ocupante busca el sometimiento total y en el menor tiempo posible de la sociedad ocupada. Sin embargo, para ello es preciso ahorrar recursos a través de la sumisión consentida y de la interiorización en el oprimido de la imposibilidad de la resistencia y de la legitimidad de los propósitos del propio invasor.

En Chile, los medios masivos de comunicación son parte de la guerra antipopular prolongada para el sometimiento del mestizo y el originario.

Pero aunque el poder mediático de una minoría social ha concentrado todos los males del mundo en la persona de Héctor Llaitul, ese mismo odio de clase, étnico y colonialista, crea su reverso. Esto es, multiplica la solidaridad con la causa mapuche, vuelve de papel las cárceles políticas, derrama sus razones en quienes se mantenían indiferentes, y dignifica una vez más la resistencia decorosa de un pueblo que va por lo suyo: tierra y libertad.