A objeto de darle prioridad a otras iniciativas legales, el presidente Boric desestimó emprender por el momento las reformas políticas que son necesarias para la consolidación de la democracia. Sin embargo, esta postergación seguramente nos va a llevar a elecciones municipales y legislativas que mantengan los vicios y abusos existentes que impiden el pleno ejercicio de soberanía popular. La experiencia de los últimos años indica la necesidad urgente de aprobar reformas que le pongan freno a la política cupular para darle mayor injerencia a los ciudadanos en la marcha política, económica y cultural de la nación.
Es cuestión de revisar lo que ha pasado con numerosos parlamentarios, alcaldes y otros que con el correr de sus funciones han renunciado a las colectividades que los designaron como candidatos. Al mismo tiempo que podemos comprobar la completa falta de pudor de los supuestos representantes del pueblo a la hora de buscar perpetuarse en sus cargos mediante negociaciones espurias en que ya resulta muy difícil distinguir entre oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Recién, solo por un voto de ventaja los partidarios del Ejecutivo lograron instalar una nueva mesa de la Cámara de Diputados, debido a que un diputado opositor llegara atrasado a sufragar.
Para ello, además, desde la propia Moneda se impulsaron oscuros acuerdos para este cometido, convenciendo incluso a uno de los parlamentarios más cuestionados por sus propios pares que accediera a sentarse como vicepresidente al lado de la primera comunista que en la historia llega a dicha testera parlamentaria. Ello originó, veinticuatro horas después, la presentación de un voto de censura que, gracias a los nuevos manejos injerencistas del Ejecutivo, no alcanzó los votos necesarios para derribar a los recién elegidos.
Nos dicen que la democracia consiste en votar y que quienes ganan pueden legitimarse con apenas un voto de ventaja, pero lo cierto es que el acuerdo logrado fue muy feble y poco confiable por la insolvencia ética de algunos de los que accedieron a conducir la cámara baja. Es un secreto a voces que el mismo Boric resultó elegido no tanto por su trayectoria y convicciones, sino para impedir un mal mayor como se esperaba del triunfo de sus adversarios. Ello explica que a varios meses de la renovación del Poder Legislativo y a dos años de las nuevas elecciones presidenciales, la efervescencia cupular se ponga de manifiesto y ya se discurren las más extrañas e, incluso, repugnantes alianzas para arribar nuevamente a un gobierno derechista o darle continuidad a quienes actualmente nos gobiernan.
Los partidos políticos han demostrado ser completamente erráticos tanto en sus ideologías y acciones, por lo que el mapa electoral está poblado de expresiones de muy poca o nada raigambre popular. Decenas de referentes que esperan sumarse a cualquier pacto si eso los lleva posteriormente a participar en el botín o repartija de cargos públicos, recursos fiscales y numerosas prerrogativas.
De allí que, apenas en marcha el actual gobierno, estallaron millonarios fraudes al fisco protagonizados por quienes pocos meses antes prometían sanear la política, así como a nivel municipal los escándalos no cesan de descubrirse gracias al papel de los periodistas dignos y las denuncias de los propios ciudadanos. De esta forma es que los que venían a purificarlo todo incurrieron muy velozmente en todos los despropósitos cometidos de derecha a izquierda por los gobiernos de la Posdictadura. Es evidente que, si el sufragio fuera voluntario, muy pocos concurrirían a votar ante el descrédito general de la política y la corrupción entronizada a todos los niveles de la administración pública. Incluyendo también a la Judicatura, las Fuerzas Armadas y policías, donde no pocos oficiales, jueces y fiscales están altamente cuestionados y lluevan las indagatorias al respecto que, como tantas veces ha ocurrido, muy posiblemente terminen en la impunidad.
Urgente sería remover todo el sistema de partidos a fin de que prevalezcan solamente aquellas colectividades constituidas a nivel nacional, a lo sumo regional, y desaparezcan las múltiples e insolventes expresiones. También parece necesario que quienes sean elegidos militando en los diversos partidos se obliguen a permanecer en ellos durante todo el período de sus funciones. O, en su defecto, se obliguen a abandonar sus cargos para declararse “independientes” o militar en otro referente.
Hay quienes postulan, además, la prohibición de ejecutar pactos electorales de forma que todos los partidos compitan entre sí y demuestren su verdadera representatividad, lo que hoy se hace imposible saber, por ejemplo, respecto de cuantos podrían ser en Chile los socialistas, comunistas, democratacristianos, frenteamplistas o partidarios de los numerosos partidos de derecha, donde la confusión ideológica realmente campea, aunque el origen común de estos últimos sea el pinochetismo.
Además de sus declaraciones de principios, los partidos debieran obligarse a exponer nítidamente sus programas de gobierno. Esto podría obligar a los que lleguen a La Moneda, el Parlamento o las municipalidades a cumplir y responder por lo comprometido. Para lo cual la Ley debiera definir, también, expeditas maneras de destituir a los que incumplan o cambien de posición conforme a la influencia que se les ejerce desde los poderes fácticos, en concreto de lo más poderosos empresarios que suelen asumirse como financistas de los partidos. En la corrupción que ahora tantos reconocen que existe en el país.
Entre otras tantas reformas, también aparece razonable acotar la iniciativa del Ley del Poder Ejecutivo para darle mayor sentido a los legisladores del Parlamento que, con frecuencia, quedan de manos cruzadas o se sumen en sus devaneos cuando La Moneda no los interpela en este sentido. Los ciudadanos, como tantas veces se ha postulado, deben tener la posibilidad de postular reformas y leyes que obliguen a las autoridades a darles curso. Así como la consulta popular debiera ser frecuente y efectiva como ocurre en países como Suiza que en esta materia tienen un sistema democrático muyo más consistente.
A pesar de que se ha avanzado en el control del gasto electoral, la verdad es que todavía la suerte de nuestro sistema político descansa demasiado en el poder económico de sus actores, así como en la influencia de un sistema comunicacional que propende a la concentración mediática y conspira contra la diversidad informativa, pilar fundamental de toda democracia seria. Cuestión que tampoco la clase política muestra disposición a corregir.
Menos cuando arriban a La Moneda donde la práctica nos indica que se prefiere “encantar” a los medios existentes antes que afianzar el pluralismo ideológico.
