La ley maldita en año electoral
La organización en Chile de los sin casa es en comités de allegados, comité de vivienda, comités habitacionales.
Estos comités deben obtener la personalidad jurídica en los distintos municipios del país, según la legislación vigente, es la organización base y arraigada de los sin casa y su acción va dirigida a presionar a las instituciones y la autoridad de turno, instalada, en el poder y así buscar una pronta solución al conflicto de no tener casa y vivir en la precariedad y condiciones infrahumanas.
Por años, la forma de presionar de los sin casa organizados, para agilizar y apurar los tiempos de espera, fue la de “tomarse” terrenos deshabitados, en aparente abandono y que podía llegar a un acuerdo económico con el propietario y concretar la construcción de viviendas habitacionales para las/os sin casa. Los decretos, leyes y reglamentos venían a subsanar el hecho, real y concreto, generado por la “toma” de terrenos por parte de los pobladores. En Chile, se está criminalizando la búsqueda de solución de la vivienda social, mediante la aprobación de leyes que castigan la acción y organización que lucha por la vivienda digna.
El gobierno reconoce actualmente, aproximadamente 650 mil familias sin casa; cifras que contemplan los 1.290 campamentos existentes en Chile actualmente (Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de Fundación Techo). La “oferta estatal” da un avance real sobre el déficit de estas 650 mil, de un aproximado de 35 mil viviendas al año. Si este ritmo de construcción se mantuviera, tomará al menos 20 años resolverlo. Esto asegura, al menos, que los próximos 5 años habrá medio millón de familias marginadas sin vivienda, a las que se busca controlar con esta ley del garrote.
En este escenario, y en medio del inicio de las campañas electorales, por el control del poder local (municipios y regiones), la discusión sobre el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones se ha exacerbado durante los últimos días. Las diferencias que en un inicio estaban centradas en los riesgos de la legítima defensa privilegiada (que permite el enfrentamiento civil armado), y la falta de graduación en las penas (cárcel para los pobres marginados); ahora dio un giro y se enfocó enérgicamente en el futuro de las personas que ya viven en campamentos.
Ante los cuestionamientos de su propio sector, el Ejecutivo se respaldó en un artículo transitorio donde se excluye de detención o desalojo a las personas incluidas en el catastro Nacional de Campamentos. “No podrá ser detenida (…) si se encontrare ocupando un inmueble que forme parte de un campamento incluido en el Catastro Nacional de Campamentos elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo vigente al 1 de marzo de 2024”, dice la normativa aprobada por el Congreso Nacional.
El oficialismo abrió la puerta a la posibilidad, que las derechas, avancen en sus agendas históricas antihumanistas, para defender sus privilegios, sin miramientos ni reparos en la suerte que correrán millones de pobres en el país, reviviendo sus peores prácticas, que recordemos, incluyeron varias veces matanzas de civiles desarmados. (Iquique, Valparaíso, etc. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Masacres_en_Chile).

La situación dramática previsible de familias sin casas
Santiago Castillo, coordinador de la Agrupación Pobladores y Pobladoras de Lo Hermida, (en entrevista para el medio Interferencia) denuncia la Ley de Usurpaciones como una respuesta represiva del Estado ante la crisis de vivienda en Chile. Considera que esta legislación, junto con el Plan Habitacional de Emergencia, reflejan una política de «zanahoria y garrote», donde el Estado ofrece medidas paliativas, pero también criminaliza la ocupación de terrenos. Según Castillo, tanto el gobierno de Piñera como el de Boric han optado por enfoques similares frente a la crisis social, sin abordar sus causas estructurales como la informalidad laboral y los bajos salarios.
La Agrupación rechaza la idea de criminalizar las tomas de terreno, argumentando que éstas son una respuesta a la necesidad de vivienda y una herramienta histórica de las familias sin hogar para llamar la atención del Estado. Consideran que la Ley de Usurpaciones viola derechos humanos y tratados internacionales firmados por Chile en materia de vivienda.
Castillo también destaca el crecimiento de campamentos durante el estallido social y la pandemia, comparándolo con movimientos históricos como la Unidad Popular. Advierte que la ley busca castigar a los movimientos sociales y al movimiento mapuche. Enfatiza en la importancia de la función social de la tierra como solución estructural tanto para la vivienda como para la causa mapuche.

“Los Dueños”, las inmobiliarias, las constructoras, los municipios y la banca
En el caso de desalojo en el cerro La Virgen de San Antonio, región de Valparaíso; tres mil 900 familias deberán ser reubicadas, una vez que sean expulsadas del terreno de 217 hectáreas que ocuparon ilegalmente. En este sentido, los dueños piden al fisco por el terreno UF 1.501.046, equivalente a 56,7 millones de dólares, es decir, a más de 260 mil dólares la hectárea, o sea, más de 14 mil quinientos dólares por familia.
Si estas familias están entre los pobres del país, están desde la media de ingresos anuales de 6 mil dólares hacia abajo, en un país que, según los estudios de precios, tiene un costo de vida de alrededor de 31 mil dólares al año (familia de 4 personas). El valor fijado por ley para la vivienda social (para pobres) está entre 15.500 a 20.800 dólares.
Los números no cuadran, para que se resuelva por “las leyes de mercado”, en “la lógica de acuerdos entre privados”, conceptos éstos del neoliberalismo galopante. Aquí, sin intervención estatal, esto es un callejón sin salida para estas miles de familias, y si el Estado criminaliza la pobreza, entonces es un círculo cerrado.
En Chile, la ausencia de una política nacional de desarrollo urbano deja a las municipalidades como actores clave en el mercado inmobiliario. Estas entidades tienen gran influencia en la regulación y ejecución de proyectos. El Plan Regulador Comunal, definido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es central en este panorama, afectando aspectos como el uso de suelo y densidades urbanas. Los permisos de edificación y decretos municipales pueden ser instancias de fiscalización real, o de acuerdos espurios, dependiendo de la administración local. Tenemos casos de alcaldes y alcaldesas, con parentescos directos (padres, hijos, hermanos, cónyuges) con dueños y socios de inmobiliarias, y así parece que el cargo es, prioritariamente, una plataforma con objetivo de negocio.
Por su parte, todo el aparataje construido por la elite del dinero, en este “negocio inmobiliario”, que vampiriza a la gente común, con la toma de sus ahorros para la vivienda; con la toma de sus fondos previsionales merced a las “inversiones” de las AFP, (inicialmente en la compra indirecta de papeles, hasta la actualidad en el creado por ley: los fondos de inversión inmobiliaria); con la toma de sus créditos hipotecarios con tasas usureras; con la toma de sus seguros de desgravamen, entre otros. Además de la articulación de su especulación y acumulación financiera, abriendo la bolsa de valores a desarrolladores inmobiliarios y constructoras de vivienda del país: Pazcorp sa y Socovesa sa , Moller y Pérez Cotapos. sa , Salfacorp sa y Besalco sa.

Nada más peligroso, para el sistema, qué la organización social.
Se tiene cada vez más claro en la base social organizada, que la elite busca el vaciamiento de la participación de personas en las instituciones políticas y sociales, y así, dejar en manos del poder de los medios de difusión y las plataformas virtuales, la creación de realidad. Hoy esta realidad, que es de derechización en la intención de voto en el país, según las encuestas del momento, debe ser un elemento que permita el surgimiento de un verdadero intento, desde las distintas fuerzas antineoliberales, populares, feministas, ecologistas y humanistas en la construcción de un camino alternativo para nuestra sociedad. Por más difícil que aparezca, no existe posibilidad distinta a que el cambio provenga desde la confluencia de las bases organizadas, esclarecidas y con imagen de futuro.
Los Movimientos sociales requieren con urgencia generar ámbitos capaces de encuentro, para trabajar sobre direcciones comunes y elementos concretos de convergencia, que permita una articulación y desarrollo organizacional y de proyecto político. Pero, tal proyecto necesariamente debe hacerse cargo, de avanzar con decisión en una DIRECCIÓN de democracia real y participativa, de promoción de la horizontalidad, el respeto y valoración de las diferencias convergentes, de un estilo de relación que realmente entienda, valore y promueva lo colectivo, la inteligencia conjunta, el sentido profundo de la soberanía popular. Es, dicho de otro modo, superar los caudillismos, los voluntarismos, las imposiciones personalistas, las manipulaciones, y el eterno divisionismo.
Tal dirección busca prioritariamente la implementación de definiciones por un cambio rápido y sustantivo, en los temas concretos que tienen precarizadas a amplias capas de la sociedad chilena.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública