El pasado 6 de marzo la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de Ley que “Estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género”. Días después, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios para declarar inconstitucional la educación “no sexista”.

La nueva ley define violencia de género como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado; o una amenaza de ello.

Es importante destacar que esta ley, también llamada ley integral de protección contra la violencia de género, asigna un rol de liderazgo al Estado en el cambio cultural necesario que debe ser ejercida a través de los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, Salud, Educación e Interior y Seguridad Pública.

Es por ello que en el artículo 12 señala que: “El Ministerio de Educación promoverá los principios de igualdad de género y no discriminación, así como la prevención de la violencia de género” y en el inciso segundo: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”.

La educación no sexista se relaciona de forma directa con una educación libre de discriminación y de estereotipos de géneros, que surge como oposición al sexismo, el que constituye una forma de discriminación basada en el género, en virtud del cual se les asignan determinados roles a hombres y mujeres; a lo que agregaría que, además es una forma de segregar a disidencias sexo-genéricas.

Quienes trabajamos en temas de convivencia y violencia en contextos escolares tenemos evidencia empírica de que el sistema educacional reproduce patrones sexistas que están normalizados en nuestra cultura que necesitan ser deconstruidos y desnormalizados. Más aún, la violencia de género es la principal causa de violencia en el sistema educacional (segundo estudio de violencias de género en contextos escolares).

Está demostrado que aplicar sanciones y desentenderse del rol pedagógico que se requiere para enfrentar la violencia, no es el camino. No entendemos por tanto el por qué 54 diputados y grupos de la sociedad estiman que promover una educación no sexista atenta contra el derecho preferente de educación de las familias.

El espacio donde más y mejores resultados se pueden obtener para lograr mayor igualdad en dignidad y derechos entre hombres y mujeres, así como la disminución de la violencia de género, es en el ámbito escolar. No basta con declararlo, sino que requiere ser intencionado, a través de la promoción de una educación no sexista, porque constituye un factor protector que ayuda a prevenir y abordar las violencias de género que viven mujeres, disidencias, e incluso hombres. Lo que se logre en esa etapa perdurará para toda la vida.