La experta internacional en Derechos Humanos de la ONU, Antonia Urrejola*, señaló en el informe «Asistencia técnica y fomento de la capacidad en Colombia» la importancia de implementar «el Acuerdo de Paz de 2016 como política de Estado y que garantice que todos los procesos de diálogo con grupos armados no estatales tengan un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas».
Por: Noticias ONU.
La experta Antonia Urreola expuso en su informe los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluidos los identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2023, como el contexto político hostil a ese acuerdo.
Así, el documento señala posibles obstrucciones de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de «Jesús Santrich», ex miembro de las FARC-EP y negociador del Acuerdo de Paz y destaca que el caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para minar la confianza de la población en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.
«Se reforzó el estigma que pesaba sobre los firmantes de la paz, se aceleró su división interna y se afectó su reintegración, prevista en el Acuerdo. Al mismo tiempo, generó dudas sobre la idoneidad e imparcialidad de los miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz», dice el informe.
El informe también formula recomendaciones para contribuir a la consolidación de la paz en Colombia. Así, establece que el acuerdo debe implementarse de forma progresiva e independiente del contexto político; así mismo, instó a la Fiscalía General de la Nación a dar prioridad a la investigación de la denuncia de la Jurisdicción de marzo 2023, y a determinar posibles responsabilidades penales en un plazo razonable, a través de la creación de un grupo de expertos independientes que apoyen y presten asistencia técnica en la investigación. «La Fiscalía General de la Nación deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año», señaló la experta.
El informe también recomienda «respetar y salvaguardar la independencia y autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz como autoridad judicial encargada de juzgar los crímenes más graves y emblemáticos cometidos durante el conflicto armado, y garantizar la protección de su personal, de las víctimas y de quienes comparezcan ante la Jurisdicción».
La experta también pidió revisar y adaptar los procedimientos legales para el proceso de extradición de ciudadanos colombianos que cumplan con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
(*) Antonia Urrejola es la experta internacional en derechos humanos para identificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
