La Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos de Brasil formalizó hoy martes la amnistía y pedido de disculpas formales del Estado brasileño a los pueblos indígenas krenak y guarani-kaiowá, habitantes de los estados de Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, respectivamente, por los crímenes cometidos contra su población durante la dictadura militar (1964-1985).
La decisión representa la primera reparación colectiva en la historia del país sudamericano.
Bajo la dictadura, los indígenas de ambas etnias fueron perseguidos y obligados a abandonar sus tierras, nunca recibieron indemnización o compensación por su desplazamiento forzado y tras el periodo de excepción siguieron siendo víctimas de violaciones por parte del Estado.
«Estoy muy emocionada, pero en nombre de Brasil, del Estado brasileño, quiero pedir disculpas. Y que lleve estas disculpas a todo su pueblo, en nombre de la Comisión de Amnistía y del Estado brasileño», dijo de rodillas la presidenta de la comisión, la abogada Enéa de Stutz.
La reparación no genera compensaciones financieras, pero puede representar una nueva etapa en la garantía de los derechos de esas comunidades, con la rectificación de documentos, inclusión en el Sistema Único de Salud (SUS) o avances en el proceso de demarcación de tierras.
La Comisión de Amnistía estima que la dictadura militar brasileña causó la muerte de más de 8.000 indígenas, por acción u omisión.
Para la presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), Joenia Wapichana, el acto es un hito de justicia y reparación por la violencia cometida en el pasado.
«La memoria es muy importante para los pueblos indígenas (…) No se borra simplemente. Sirve para corregir errores y hacer las cosas bien, especialmente en la administración de un país», dijo Wapichana.
Las demandas analizadas este martes habían sido rechazadas por la Comisión de Amnistía en 2022, bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), pero el Ministerio Público apeló y ahora los casos fueron analizados por un nuevo órgano colegiado.
Hasta el año pasado, las solicitudes de amnistía y reparación se analizaban individualmente, pero a raíz de un cambio en el reglamento del órgano colegiado, los casos colectivos pudieron ser juzgados por la Comisión.
