El Secretario General del Partido Humanista de Argentina, Fernando Schüle, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal exigiendo la investigación de posibles delitos por parte del presidente Javier Milei y los miembros de su gabinete, involucrando incluso a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a Mauricio Macri.

En la exposición, se solicita la investigación de la presunta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público con motivo del dictado del DNU 70/2023 y de integrar una asociación ilícita.

Mientras que el presidente y sus ministros son señalados por ser responsables manifiestos del dictado del decreto de necesidad y urgencia aludido, la Vicepresidente y el Presidente de la Cámara baja, lo serían de haber demorado el trámite de formación de la Comisión Bicameral y el tratamiento del mismo en ambas Cámaras.

Por omisión a esta maniobra que perpetúa la vigencia de un decreto que la misma Constitución Nacional fulmina con “nulidad absoluta e insanable”, se incluye en la demanda al Procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal y a los ministros que integran actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti.

La acusación señala que el DNU no fue una respuesta frente a una situación riesgosa que obligaba a actuar para prevenir una catástrofe – aspecto previsto en la Constitución Nacional como fundamento para su emisión – sino que, a la inversa, es la causa de la catástrofe que se desarrolla como un enorme dominó que profundiza el desastre cada día que pasa, frente a la inacción de los poderes republicanos.

Los humanistas sindican además a los integrantes de la alianza electoral La Libertad Avanza por “violar los procedimientos republicanos que prevé nuestra Constitución Nacional”, al tiempo de exigir la investigación sobre posible comisión de una defraudación en los términos que prevé el art. 172 del Código Penal “al simular la calidad de una alianza electoral con el fin de alterar el orden constitucional”.

En este mismo sentido, dado el vínculo y la convergencia con Mauricio Macri y Patricia Bullrich que permitió el triunfo electoral de Milei, se solicita investigar la posible participación directa de aquellos en el “impulso originario de la carrera política de Javier Milei y sus aliados”.

Entre los considerandos, el texto plantea que el objetivo de Javier Milei y sus aliados y el verdadero propósito del pregonado “cambio” es una “profunda alteración del orden constitucional que provee las bases estructurales a la dinámica socioeconómica de la Nación, manifestado en sus ataques al Congreso y sus procedimientos.”

El escrito solicita se declare al presente DNU 70/23 como inadmisible, nulo de nulidad absoluta e insanable por su manifiesta inconstitucionalidad para evitar la quiebra del Estado de Derecho.

Asimismo, la presentación condena la conducta de un grupo de legisladores de ambas Cámaras – en particular los que integran la Comisión Bicameral -, que al demorar el tratamiento del decreto incurrirían en el supuesto previsto por la Constitución en su art. 29, dado que la prolongación de la vigencia de la norma que se impugna implicaría en la práctica la delegación del ejercicio de facultades extraordinarias que habrían puesto a merced del Poder Ejecutivo el destino y hasta la vida de muchos argentinos.

Por último, la imputación presentada por el Partido Humanista señala la posible comisión de otros delitos. Entre estos, se destaca “la conducta manifiestamente impropia y contraria a la dignidad que debe ostentar quien detenta el ejercicio de la Presidencia de la Nación, dada la cantidad de improperios proferidos contra sus pares, tanto de naciones hermanas (caso de Colombia y Venezuela) como de la República Popular China”, actitudes que, según los querellantes podrían incurrir en el supuesto previsto por el art. 219 del Código Penal de la Nación.

Del mismo modo, la intención de dolarización, finalidad proclamada por este gobierno, podría estar penada por el art. 215 CPN, por constituir “un hecho que sometería nuestra Nación al dominio económico de los Estados Unidos de América”.

Por fin, tanto Javier Milei como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y Luis Petri, son señalados como implicados – directa o indirectamente – en la reivindicación de los militares condenados por delitos de Lesa Humanidad, lo que podría resultar en la comisión del delito de apología previsto por el art. 213.

La denuncia, que incluye los delitos de “Abuso de Autoridad”, “Violación a los deberes de funcionario público”, “Asociación ilícita”, “Estafa”, “Hostilidades con peligro de declaración de guerra”, “Traición con sometimiento” y “Apología del crimen”, recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini.

De este modo, los humanistas se suman de manera ejemplar al creciente rechazo que hoy siente la mayoría de las y los argentinos hacia las políticas emprendidas por el nuevo gobierno.

Muchos de los que apoyaron en las urnas a Milei, pensando seguramente en una mejora radical de su situación personal,  expresan ya haber sido profundamente engañados por el embuste electoral al que fueron sometidos.

Las diversas reacciones populares de protesta frente a las medidas de ajuste y empobrecimiento social que lleva adelante la gestión gubernamental, no se han hecho esperar. La represión violenta del gobierno, tampoco. Más allá de ello, lo que las mayorías sí esperan, es que surja o se amplifique la opción de una alternativa de transformación profunda hacia una sociedad justa e incluyente que brinde efectivas posibilidades de desarrollo humano para todas y todos los habitantes de estas tierras.