El Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’ pretende arrojar un poco de luz sobre unos espacios opacos y faltos de transparencia donde sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas retenidas

Desde 2011 un total de 83.133 personas han sido retenidas en centros de internamiento para extranjeros, a pesar de que más del 50% de las mismas no podían ni fueron finalmente deportadas

A pesar de que el internamiento de migrantes en los CIEs se ha reducido en más de un 80% durante la última década, el Gobierno español ha destinado unos 20 millones de euros a un nuevo centro en Algeciras que mantiene una marcada impronta carcelaria

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy su Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’, que en esta ocasión tiene como objetivo arrojar un poco de luz sobre la realidad que se vive en los centros de internamiento para extranjeros, espacios opacos y faltos de transparencia donde sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas migrantes allí retenidas. Para ello, la APDHA ha contado con el apoyo de colectivos y activistas de todo el Estado español, así como de los socios y socias de la propia APDHA, para elaborar un documento que detalla no solo la realidad que se vive en cada uno de los siete CIEs actualmente operativos, sino que aborda la situación que viven las personas migrantes en otros centros de retención, como son CATEs o CETIs.

Tal y como ha señalado Diego Boza, coordinador general de la APDHA, “los CIEs son a día de hoy una medida ineficaz, en la medida que no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”. No obstante, como explica Boza, “más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIEs desde 2011 no fueron deportadas” y apunta que “en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas”. Por tanto, explica el coordinador general de la APDHA, “los CIEs están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”. Diego Boza también ha llamado la atención sobre “la anomalía que supone la existencia de los CIEs, puesto que la propia Constitución prohíbe a la administración civil la imposición de penas que impliquen privación de libertad y, sin embargo, en el Estado español se está metiendo, en unos edificios cuyas condiciones son peores que las de las cárceles, a personas que no han cometido ningún delito”.

En este sentido, Diego Boza ha explicado que “a partir de los primeros años del siglo XXI se ha intensificado un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia”.  El coordinador general de APDHA denuncia además que “la mayoría de CIEs se ubican en antiguas prisiones que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban” y que aquellos centros que se ubican en edificios de nueva construcción “mantienen una impronta carcelaria que vulnera la normativa existente”.

En este sentido, Ana Mª Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, señala además que “en los CIEs se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido, aunque el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”. Ana Mª Rosado ha detallado como “tenemos constancia de numerosas denuncias de vulneración de los derechos humanos que ocurren en los CIEs y que, sin embargo, nunca se investigan adecuadamente”.

La coordinadora del Informe Frontera Sur de APDHA ha señalado, por ejemplo, “como en 2006 un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Sin embargo, el caso no fue juzgado hasta 9 años después y los policías acusados acabaron absueltos. Rosado también ha relatado el caso de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue violada a punta de pistola y a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE. No obstante, para Ana Mª Rosado, “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIEs son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública, a pesar de que no hubo consecuencias penales para los responsables de sus muertes”.

En el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’ han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal. El documento hoy presentado incorpora, una vez descargado, un mapa interactivo que permite a los lectores y lectoras ubicar geográficamente los CIEs existentes, los dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y los 10 Centros de Acogida Temporal de Extranjeros que actualmente están en funcionamiento.

El Informe hoy presentado incorpora además un análisis ampliado sobre el Balance Migratorio 2023 presentado el pasado mes de febrero. Un total de 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar a territorio español. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988.