“Durante un año electoral clave y ante los cada vez más poderosos grupos de presión que, impulsados y financiados por los actores de las grandes empresas tecnológicas, se oponen a la regulación, estos avances tecnológicos descontrolados y no regulados suponen una enorme amenaza para el mundo. Pueden utilizarse como arma para discriminar, desinformar y dividir”
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
La situación actual del mundo nos lleva a una preocupación cada vez mayor por el respeto y la protección de los derechos humanos a nivel global. Amnistía Internacional ha presentado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde se destacan numerosos desafíos que enfrenta la humanidad en materia de Estado de derecho, conflictos armados y avances tecnológicos.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados en el informe es la creciente tendencia de los gobiernos poderosos a violar el derecho internacional y a desestabilizar el orden global basado en normas. Esto se refleja claramente en situaciones como el conflicto en Gaza, donde el desprecio por el derecho internacional resulta en graves violaciones de los derechos humanos, especialmente contra la población civil.
En cuanto a América Latina y Caribe, el documento afirma que la región sigue siendo de alto riesgo para activistas de derechos humanos, medioambientales y periodistas, con situaciones aún más críticas en Ecuador y El Salvador. Se denuncia además la represión y uso excesivo de la fuerza en Perú, durante las movilizaciones, así como las amenazas que se ciernen en torno a los grupos defensores de derechos sexuales y reproductivos. También en esta región, se alerta sobre la permanencia e incluso aumento de femicidios y violencias basadas en género.
Además, el informe resalta el papel de la inteligencia artificial en exacerbar problemas como el racismo, la discriminación y la división social. Las tecnologías emergentes, como el reconocimiento facial y los programas espía, se están utilizando de manera indiscriminada por actores militares, políticos y empresariales, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad. Callamard afirmó que la proliferación y el despliegue no regulados de estas tecnologías están a punto de convertirse en un peligroso enemigo, con capacidad para intensificar y avivar las violaciones del derecho internacional y los derechos humanos hasta límites excepcionales, más aún en las crecientes condiciones de precarización de gran parte de los países.
En este contexto, la falta de rendición de cuentas y la creciente incertidumbre sobre los avances legislativos en buena parte de los países del globo, son motivo de preocupación. La sociedad civil se encuentra ante un desafío sin precedentes, donde la movilización global se convierte en una herramienta fundamental para exigir la protección de los derechos humanos y el respeto por nuestra humanidad común y es, de hecho, el mensaje de esperanza que enfatiza Callamard: “Y cuando líderes de todo el mundo no han defendido los derechos humanos, hemos visto a la gente movilizarse para organizar manifestaciones, protestas y peticiones en demanda de un futuro más esperanzador”.
Es necesario que los gobiernos tomen medidas urgentes para abordar estos problemas. Esto incluye reformar instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar una mayor protección de civiles en conflictos armados y promulgar legislación y regulaciones sólidas para controlar el uso de tecnologías de inteligencia artificial.
En un año electoral clave, donde las tensiones políticas están en aumento, es crucial que se proteja el derecho a la protesta y se promueva la participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos. Solo a través de un compromiso colectivo y acciones concretas se podrá avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos.
