Los actos de corrupción fueron la base de la ley de pesca hace poco más de una década. La investigación de fiscalía develó la financiación desde las grandes empresas pesqueras a parlamentarios de la época, estableciendo cohecho de una diputada (Isasi) y un Senador (Orpis), que fueron condenados. Ambos del partido UDI, organización política protagonista de los mayores actos corruptos de nuestra historia reciente.

Quien lideró la articulación de esta ley fue Longueira, líder del mismo partido, quien recibió aportes de las grandes empresas pesqueras, a través del uso de boletas falsas que gestionó su secretaria directa (como lo hizo también con SQM). La fiscalía consiguió las declaraciones de los profesionales que pasaron sus boletas, sus cuentas corrientes y sus transferencias a “la Titi Valdivieso”, mano derecha del corrupto Longueira.

Pero todo esto no movió un ápice los beneficios “legales” que consiguieron los grandes grupos económicos para sus empresas pesqueras, y se salieron con la suya, es decir, que las organizaciones gremiales de las pesqueras más grandes participaron en esta corruptela, a saber, Asipnor (zona norte), Asipes (Biobío) y Fipes (sur austral) en coordinación compraron a parlamentarios del Congreso Nacional, y así lograr que la Ley de Pesca pusiera por encima de todo sus intereses mezquinos y eco-delincuenciales. La ley promulgada en 2012 les otorgó licencias por 20 años, renovables automáticamente.

“Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán” (El General en su laberinto, Gabriel García Márquez)
El 70% de la soberanía chilena es mar. Mar ahogado por el extractivismo, actividad favorita en una economía primaria exportadora, donde la explotación desmedida de recursos está por sobre los ecosistemas, siendo aquellos territorios donde se han instalado estas actividades de alto impacto ambiental, un fiel reflejo de cómo un sistema de acumulación arrasa con la vida.
La aplicación y consolidación de este modelo, se traduce principalmente en la privatización del mar, la destrucción de ecosistemas, el forzamiento para reinventarse a comunidades enteras, la transformación y la apropiación “legal” de bienes y derechos sociales colectivos a propiedad privada, desencadenando una serie de conflictos eco-territoriales nacionales (zonas de sacrificio), que intentan una salida desde una oposición férrea hasta negociar mejores condiciones para el uso de los recursos. Aún más, el Estado subsidiario promueve y garantiza los procesos asociados al extractivismo, con una turbia legislación de políticas orientadas hacia el lucro y la producción (mecanismo de asignación de concesiones).

A pesar de que Chile se posiciona en los primeros lugares de varias listas relacionadas con la industria pesquera, el mar de Chile es víctima de la sobreexplotación. De acuerdo al último informe emitido por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), marzo 2023, la mayoría de las especies se encuentran en crisis y 29% de las pesquerías están sobreexplotadas y 28% agotadas. A este pésimo diagnóstico, se suman actividades que alertan sobre el estado actual de nuestros mares, como son la alta contaminación de los residuos propios de la industria pesquera, de plásticos y los de la salmonicultura. No obstante los datos, el pasado mes la Comisión Mixta del Senado rechazó prohibir la instalación de nuevas concesiones salmoneras en áreas protegidas.

Cabe señalar que Chile, es el segundo país en el mundo en ratificar el acuerdo “Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de 2021 a 2030” (ONU 2017), el cual busca restaurar la salud, la resiliencia y la productividad del océano, a través de la regulación de los recursos y una participación justa y equitativa de los beneficios.

A pesar de esto y de los cambios realizados en la institucionalidad chilena, hechos sobre la base del discurso de “desarrollo sustentable”, se observa una paradoja entre el cuidado del medio ambiente y la promoción de actividades económicas para apuntalar el crecimiento y desarrollo; pues en ningún tiempo, instancia y debate se cuestiona el modelo de desarrollo vigente, los modos de apropiación de los bienes comunes naturales y/o la democratización de las decisiones frente a la instalación de proyectos extractivos de inversión y los futuros desafíos no se centran en una mayor y mejor regulación, una institucionalidad acorde a la urgencia de conservar y proteger y un cambio en la matriz de desarrollo que ha sido predominantemente consumista y extractivista.

Pesca artesanal priorizada, una promesa de Boric
Cristian Arancibia Chandía, presidente del Directorio de la Federación de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), en diciembre pasado en la caleta Quintay, acompañó la presentación del proyecto de Ley de Pesca firmado por el Presidente Gabriel Boric. Los dirigentes del sector pesquero esperanzados en esta iniciativa legal, que incorpora los puntos destacados de sus demandas, buscará sobrepasar un Congreso de derechas.

Hernán Cortés, presidente de los pescadores artesanales de la Confederación para la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP), expresó que “Desde un principio denunciamos que la industria pesquera tenía nexos con parlamentarios en la comisión de pesca que aprobó la ley Longueira, por eso valoramos que el gobierno cumpla su compromiso de presentar este proyecto”. “La nueva ley de pesca debe tener un espíritu de justicia, contraria a lo que fue la Ley Longueira, por eso es imprescindible que el fraccionamiento sea favorable a la pesca artesanal, fundamentalmente en temas como la cuota de la sardina, cuya pesca es 100% pescada por artesanales, por eso la cuota debe ser 100% artesanal, no hay justificación para que la Industria tenga cuota de esta pesquería porque no pueden pescar. Y otro punto fundamental es que exista una plataforma social que apoye esta actividad que es peligrosa y cuenta con grandes niveles de incertidumbre”.

Hernán Machuca, vocero de la agrupación comentó “estamos esperanzados, pero no somos ingenuos, leeremos con detenimiento la propuesta de Ley y el articulado para asegurarnos que no tenga la mano negra de los peces gordos de la corrupción”. “El diablo está en los detalles, seguiremos la tramitación con ojo clínico, para evitar que la industria ‘pase’ indicaciones como las que introdujeron Jaime Orpis y Marta Isassi cuyo único objetivo fue beneficiar a la pesca industrial que les pagó sobornos”.

Responsabilidades fiscalizadoras desde el Ejecutivo
El servicio especializado del Estado, operando en base a la legislación vigente, resulta sobrepasado en sus esfuerzos y el extractivismo desenfrenado termina colapsando la biodiversidad marina.
Eleuterio Yáñez, científico de la Universidad Católica de Valparaíso, ha denunciado que “… años de autorizaciones de cuotas pesqueras de espaldas a la complejidad de los ecosistemas marinos muestran sus graves consecuencias. Vale el caso de las cuotas de pesca pelágica, donde Subpesca solo se preocupa del estado de las anchovetas y sardinas, pero nada sabe del estado de especies como la caballa, el pampanito y el machuelo, partes del mismo ecosistema, o de copépodos y eufáusidos (pequeños krill), principal dieta de las primeras, y del fitoplancton, su otro alimento que habita la zona pelágica y que son parte de la columna de agua.

El panorama resulta peor aún si a este ejercicio sumamos la nula preocupación que se ha tenido por incorporar el estudio del daño a los ricos microbiomas, que sostienen todo el andamiaje de los ciclos biológicos de estos ecosistemas marinos cuando se encuentran sanos.”

No existe ya espacio para dilatar un cambio radical en la faena pesquera
Nuestro país debe enfrentar la problemática ambiental con énfasis en el desarrollo que permita compatibilizar el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, con el punto de vista que prioriza la calidad de vida de la población. El poder económico en Chile está concentrado en muy pocas manos, situación que se resiente en el ámbito regional y local, en la vida cotidiana de las mayorías.

Las consecuencias de esta concentración económica y de la actividad productiva, nos tiene con una economía muy frágil, dado su grado de fuerte dependencia. Por otro lado, las regiones no pueden generar procesos productivos en función de sus necesidades, ya que responden a las orientaciones de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

Los recursos hidrobiológicos, tales como peces, mariscos, crustáceos, algas, etc., han estado sometidos a grandes volúmenes de captura en los últimos años, lo que ha llevado a la disputa para regular y ordenar la explotación pesquera con instrumentos legales como “vedas”, “zonas de exclusión de captura”, “concesiones marítimas”, etc. La alta demanda para la exportación de harina de pescado ha llevado a los industriales pesqueros a arrinconar a los pescadores artesanales, generando un grave conflicto social. La política de exterminio que impone el Modelo sobreexportador, ha generado una altísima explotación pesquera y de recursos costeros que se transforman en harina de pescado. Por el contrario, el consumo interno del país de los nutritivos productos marinos, sigue siendo muy bajo en la gente más necesitada.

Se necesita cambiar el paradigma, se requiere valentía y compromiso con las generaciones futuras, sin temor a enfrentar la barbarie de los grupos económicos en su devastación de los mares; ya no sirven los discursos, es tiempo de transformar esta catastrófica situación.

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública