La comunidad Coronado Inalef resiste al desalojo de sus tierras ancestrales en El Bolsón
Nietas e hijas de Sara Inalef, tejedora mapuche de 93 años y reconocida maestra en el arte del telar, resisten al desalojo del territorio en Mallín Ahogado que su familia habita hace cinco generaciones. Hoy (25 de marzo), lograron frenarlo. La historia de un despojo planificado y los nexos con la última dictadura.
Por Camila Vautier/Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
La Comunidad mapuche Coronado Inalef, informó que quedó suspendido el desalojo que tenía fecha para el 15 de marzo, hasta tanto resuelva el Tribunal de Impugnación. “Es un paso más en nuestra lucha”, destacaron, al tiempo que denunciaron la violencia padecida a lo largo de todo el proceso judicial. “No tuvimos derecho a una defensa porque la abogada que tuvimos, Cristina Gonzales, no nos quiso tomar las diferentes denuncias que queríamos presentar en tiempo y forma como por ejemplo las denuncias por amenazas de muerte y las denuncias por amenaza de violación a las pu lamgen zomo (mujeres) de la lof Inalef”, señalaron a través de un comunicado.
Mariela Troncoso Coronado es integrante de la comunidad, ubicada en el paraje Mallín Ahogado a unos 20 kilómetros de El Bolsón, y nieta de Sara Inalef. Junto a su hermana, su mamá y su abuela estuvieron en resistencia frente a este desalojo ordenado por el Juez Juan Pablo Laurence, ratificado por el Juez Juan Martín Arroyo y cuyo encargado de la ejecución iba a ser el fiscal Francisco Arrien, un funcionario con experiencia en desalojos mapuches.
“En este territorio hay muchos intereses, son tierras codiciadas”, asegura y alude a que “estamos cerca de la pista de esquí del cerro Perito Moreno”, explotado por la empresa Laderas S.A.
La comunidad mantiene un conflicto con la familia Sepúlveda Avilés, que afirma ser propietaria del lugar, y su representante, la abogada Patricia Zavalía, que buscaría quedarse con dos de las siete hectáreas en cuestión.
Así explica Mariela el origen de los hechos: “El dueño de un aserradero que también era gendarme y tenía un buen poder adquisitivo, tenía de peón a Carlos Sepúlveda, a quien lleva al territorio de los Inalef y lo deja como su peón leñero. Con el tiempo este hombre se quedó ahí y ya después no se quiso ir. Mi abuela hizo denuncias y reclamos, nunca fue escuchada. En el 76, época de los militares, tramitan el título de propiedad, que no le debe haber sido difícil porque tenía contactos con autoridades. Mi abuela es obligada a firmar un acuerdo de deslinde a cambio de tranquilidad”.
“Fuimos denunciados por usurpadores siendo que mi abuela nació en este lugar, su papá trabajó la tierra toda la vida. Somos la quinta generación, nunca nos fuimos. Mi abuela, mi mamá, mi tía, todas son artesanas. Mi mamá dio clases de telar en el EMETA, en la 118, en el Manso, es reconocida en la zona”, relata.
En ese mismo paraje, en el verano de 1976-77, inicios del Terrorismo de Estado, los militares detuvieron ilegalmente a Héctor Inalef, joven mapuche de 18 años que estuvo desaparecido para su familia hasta el 2013, cuando su hermana Zunilda pudo terminar sus estudios primarios, conocer lo ocurrido en la última dictadura y atar los cabos de su propia vivencia. Los hermanos pudieron reencontrarse gracias a una investigación de la socióloga Ayelén Mereb sobre la época y la articulación con el Archivo Provincial de la Memoria.
La Lof Inalef denunció la falta de perspectiva indígena en el tratamiento judicial. Foto Al Margen
Historia de un despojo planificado
Las comunidades mapuches fueron perjudicadas por una larga historia de despojos territoriales puestos en práctica por proyectos políticos y económicos extractivistas. La Provincia de Río Negro no es la excepción.
En diciembre pasado y con el impulso del actual gobernador, Alberto Weretilneck, la Legislatura de Río Negro reformó la ley de Tierras Fiscales y el Código de Procedimiento Minero, sin cumplir con la Consulta Previa, Libre e Informada a las Comunidades del pueblo mapuche. Así, modificó el destino de las tierras, agregando la actividad minera y turística como fin y uso de la tierra fiscal.
Además, el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó recientemente una ordenanza que cambia el uso del suelo en Mallín Ahogado a modo que permite que el uso de la tierra rural pase a ser urbanizable, es decir, pueda destinarse para el negocio inmobiliario. “¿Tendrá que ver esto con la urgencia de desalojar a la Lof Coronado Inalef?”, se preguntó la APDH en alusión a la ordenanza local. Fue en un comunicado donde, además, repudiaron “el accionar de la Justicia de Río Negro en lo que hace a los derechos del pueblo originario” y reclamaron “que se cambie esa orientación que sólo trae más dolor e injusticia”. “Exigimos que los conflictos territoriales se traten bajo el paradigma del derecho indígena y no en el fuero penal”, concluyeron.
“La lucha continúa”
A lo largo de estos días previos al intento de desalojo fueron varias las organizaciones de derechos humanos que expresaron su apoyo a la Comunidad Coronado Inalef, entre ellas el CELS.
“La posibilidad de ser escuchadas no lo hicimos solas ni solos, es por eso que queremos agradecer a todas las personas individuales, a las diferentes organizaciones y lof que han llegado a nuestro territorio y que nos sostienen en esta lucha”, expresaron en agradecimiento al respaldo recibido. “La lucha continúa, estamos acá resistiendo más firmes que nunca”, concluyó Mariela.
