Entrevista a Fernando Flores, redactor del Informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid
Por Gorka Castillo/ctxt
Fernando Flores (Valencia, 1968) es diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) y licenciado en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro español de Estudios Constitucionales. En la actualidad forma parte del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y durante este último año ha integrado la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid junto a otros seis expertos, dirigidos por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Flores ha sido el redactor principal del devastador informe presentado la semana pasada en respuesta al encargo realizado por Marea de Residencias y Verdad y Justicia para aportar luz a la muerte en condiciones lamentables de 7.291 personas en los centros madrileños de mayores durante los dos primeros meses de la pandemia.
Un episodio espeluznante que, a su juicio, seguirá persiguiendo a Isabel Díaz Ayuso durante mucho tiempo. Las acusaciones vertidas por decenas de afectados no han cesado en estos cuatro años, pese a la oposición de la presidenta madrileña a revelar los motivos que guiaron sus decisiones. Pero la perseverancia que los familiares han mostrado es un desafío directo al silencio impuesto por una lideresa hasta ahora intocable. Flores reconoce sin paliativos los errores y las responsabilidades políticas del ejecutivo madrileño en la altísima tasa de mortalidad registrada en las residencias durante aquellas fechas. El informe de 148 páginas deja en evidencia no sólo unos hechos desgarradores, con testimonios y estudios documentados por especialistas, “sino también la discriminación con la que actuó el Gobierno autonómico a la hora de derivar a hospitales a las personas mayores enfermas. Se segregó a esta gente en función del lugar donde residía y de su movilidad”, afirma el redactor del estudio.
Entre las lecciones que imparte esta investigación está su escrupulosa fidelidad al relato de unos acontecimientos tremendos. Apoyado en datos procedentes de fuentes oficiales, como la propia Comunidad de Madrid o la fiscalía, no pierde de vista el contexto con artículos de investigación ni los sentimientos que aportaron los supervivientes durante las sesiones presenciales que la Comisión Ciudadana por la Verdad celebró el pasado 15 y 16 de septiembre. Desarma así la versión institucional de que la mortalidad en las residencias fue tan inesperada como imposible de evitar. “Se centra en hechos. Por ejemplo, un hecho fue que la justicia dictó una medida cautelar ordenando medicalizar las residencias y otro hecho fue que no se medicalizaron, pese a que algunas voces interesadas digan lo contrario. Son hechos basados en datos, basados en testimonios, en informes documentados por epidemiólogos y juristas.
Ni se medicalizaron ni hubo derivaciones hospitalarias de enfermos sin seguros privados. Esta decisión tuvo graves consecuencias. La primera es que arrebató a muchos residentes su derecho a la protección de la salud y, en bastantes casos, también su derecho a la vida”, añade Flores.
Por eso, resulta esclarecedor y hasta patético volver a leer el relato que en plena expansión del virus, el 12 de marzo de 2020, difundió el Gobierno de Madrid para dar cuenta de un “histórico” plan antipandémico consistente en la creación de un mando unificado destinado a coordinar los 72 hospitales públicos y privados y a medicalizar los 475 centros de mayores que había en la región. La realidad mostró que aquello fue un brindis al sol de la mañana. Un día después de este anuncio, la residencia Monte Hermoso lanzó un mensaje desesperado de auxilio a la Consejería de Sanidad y otro a la presidencia de Díaz Ayuso que nadie contestó. Cinco días después se supo que veinte personas de aquel centro murieron sin recibir más tratamientos que los que la residencia, en situación precaria y con el personal enfermo, pudo improvisar. La Fiscalía abrió una investigación, el caso se denunció ante un juzgado y terminó archivado sin que hasta el día de hoy hayan trascendido responsabilidades ni se haya proporcionado información alguna a los familiares de los motivos que impidieron actuar a la administración autonómica ante la alerta que aquel día de marzo notificó la residencia. “Se vulneraron derechos fundamentales, como a la propia vida, a la intimidad familiar, a la integridad física y psíquica. Como el derecho a la salud y a saber lo que sucedió con miles de personas que estaban en situación de especial vulnerabilidad. Debemos exigir que se conozca la verdad porque la decisión de impedirles salir de las residencias es una vulneración del artículo 2 del Comité Europeo de Derechos Humanos que habla de la obligación positiva de los Estados a actuar de una manera extraordinariamente diligente en estos casos. No nos estamos inventando nada con nuestras demandas”, añade Flores.
Por eso, el informe de la comisión profundiza en el movimiento de recursos clínicos, de médicas y enfermeros, que ordenó el Gobierno de Madrid al abrir un hospital de campaña en Ifema y hace trizas el argumento esgrimido por Díaz Ayuso para justificar su gestión –“cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con covid no se salvaba en ningún sitio”–. Para las víctimas fue como si echaran sal en las heridas que aún tienen abiertas. El profesor de la Universidad de Valencia no puede ocultar su irritación ante semejante grosería: “Es que ni Ayuso, ni su gobierno, ni nadie puede decir cuándo muere alguien ni cómo muere alguien. Decirlo es obsceno. En segundo lugar, porque de cada cien enfermos que había en las residencias, 65 no murieron. Y luego está lo del hospital ‘milagro’ de Ifema que se dedicó fundamentalmente a tratar a personas con pronóstico leve de covid y que solo recibió a 23 residentes cuando todos sabían lo que estaba ocurriendo en los centros de mayores, las personas que estaban muriendo y cómo morían. Sin asistencia sanitaria porque mil trabajadores de atención primaria terminaron absorbidos por Ifema. Con las puertas cerradas desde fuera, sin cuidados paliativos y con mil camas vacías esperando en los hospitales privados. No sé si existen responsabilidades jurídicas en todo esto pero sí hay una responsabilidad política. A lo mejor no hay un ilícito penal ni contencioso. Habrá que verlo porque es complicado, pero lo que está claro es que Ayuso tuvo una responsabilidad en estas decisiones.»
«Hay que decirlo en voz alta: usted, señora presidenta, es responsable de lo que pasó en las residencias de Madrid durante la pandemia”.
Fernando Flores, un académico forjado en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, estima también que el trabajo desempeñado por la fiscal de Madrid no ha contribuido a esclarecer con la debida transparencia, rigor e imparcialidad un caso de semejante envergadura. La justificación que realiza en su memoria anual de que no citó a declarar a familiares para evitar su revictimización es, a juicio del redactor del informe de la Comisión de la Verdad, un error grueso en todo este proceso. “La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que cuando existen indicios de una vulneración de derechos grave o muy graves siempre se debe escuchar a las víctimas”, asegura.
Flores considera que el trabajo realizado en la Comisión ciudadana por la Verdad da cumplida respuesta a una serie de preguntas que familiares, trabajadoras y muchos ciudadanos continúan planteándose sobre lo que sucedió en las residencias de Madrid. ¿Por qué murieron el doble de personas en las residencias de la Comunidad que en otras comunidades autónomas? ¿Qué consecuencias produjo la no derivación de sus enfermos a hospitales? ¿Por qué el Gobierno regional incumplió la medida cautelar dictada por Tribunal Superior de Justicia de medicalizar esos centros al comienzo de la pandemia? “Para los familiares de las víctimas hablar y ser escuchados es una catarsis sobre la experiencia traumática vivida, aunque después no dé lugar a una condena o se les dé o no la razón. La administración funciona con discrecionalidad arbitraria hacia su memoria, sus sentimientos de dolor y sus culpas. ¿Cómo puede decir la presidenta de Madrid que el deseo de conocer la verdad expresado por Marea de Residencias y Verdad y Justicia es utilizar a las víctimas cuando ellas son precisamente las víctimas?”, reflexiona.
Para Flores, el estudio recién presentado es un “crítico y honesto examen del sistema de cuidados y sanitario” que no debería caer en saco roto. En sus recomendaciones finales, urge a los poderes públicos a adoptar medidas sobre las cuestiones que han quedado pendientes, como impulsar una investigación eficaz y diligente para conocer la verdad, la reapertura de la comisión de investigación sobre la pandemia que la Asamblea de Madrid cerró en falso, el inicio de un cambio radical en el planteamiento del modelo de cuidados, la mejora urgente de la dotación del sistema sanitario público y, finalmente, la configuración de una política pública contra el edadismo. “Vivimos en una sociedad que no es consciente de que a las personas mayores o con una discapacidad se las discrimina, como si estuvieran ya desahuciadas. Se las trata como si sus vidas valieran menos que las del resto”, añade. Por ello, no duda en reclamar un cambio cultural, “extraordinario y revolucionario” en el modelo de gestión de los cuidados. Y para el redactor principal del estudio sólo hay una vía para lograrlo. “Elevar las partidas presupuestarias y colocar a la persona en el centro de la acción política y cultural”, afirma. Quizá sea la única forma de entender definitivamente “que al final de la vida todos y todas valemos lo mismo”, concluye Fernando Flores.
