El desamparo espera a quienes consiguen llegar a territorio europeo, tras sortear la externalización y la securitización de las fronteras, en una Europa que avanza hacia la normalización de su vertiente más restrictiva, a través del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Por Sara Babiker/El salto diario

Mamadou* manda por escrito un texto en francés el viernes 15 de marzo. Es un día muy duro, lo que empezó como una acción de las personas migrantes alojadas en el hostal Goyma de San Fernando de Henares para reivindicar sus derechos, ha terminado en tragedia. La madrugada anterior, los compañeros marroquíes han recibido una llamada del hospital. Les confirman que el joven Shad Karim, un chico de solo 22 años, ha muerto. La gente ha pasado la noche llorando y gritando y Mamadou no ha pegado ojo. No tiene ganas de hablar con otra periodista.

La muerte del joven marroquí ya está en los periódicos, así como la historia que ya contaron a otros medios, sobre la huelga de hambre que comenzaron una semana atrás y decidieron suspender porque era Ramadán y ya no podían más. Esa misma tarde del viernes, 30 colectivos, junto a otras personas migrantes, se concentran ante el Ayuntamiento de San Fernando para protestar por el abandono institucional que sufren, y sobre todo, la imposibilidad de acceder a la protección internacional como consecuencia del colapso, una vez más, de las citas de asilo. A la denuncia por su situación, añaden el duelo por la muerte sorpresiva de Karim.

En el texto que el joven senegalés manda, explica que Karim empezó a sentirse mal el día anterior. El chico marroquí, que era una de las 28 personas alojadas en este centro de la Cruz Roja, que se había puesto en huelga de hambre una semana antes, se quejaba de un fuerte dolor de estómago. Mamadou narra cómo avisaron a personal de la Cruz Roja del malestar de su compañero, pero les dijeron que no podían llevarlo al hospital. Uno de sus compañeros se hizo cargo de trasladarlo al centro de salud, allá le recetaron omeprazol. A la vuelta del centro de salud, explica el compañero en su texto, Karim seguía sintiéndose muy mal. Contactaron de nuevo con personal de Cruz Roja, les dijeron que mejor se esperaran al día siguiente. Finalmente recurrieron al encargado del hostal Goyma. Fue él quien llamó al 112, explica Mamadou, llegó la ambulancia y también, según el joven, cuatro o cinco coches de policía. “El personal sanitario pasó más de una hora y media encima del chico”, pero no bastó, se lo llevaron al hospital y, ya de madrugada, llegó la llamada anunciando su muerte.

El testimonio de Mamadou coincide con el de una trabajadora de la Cruz Roja cuya narración de lo ocurrido ha reproducido Eldiario.es, mientras que la entidad defiende que actuó siguiendo los protocolos, y el Ministerio pide que se espere a los resultados de la autopsia. Mientras, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación. Para Mamadou y los demás, hay una cosa cierta: de nuevo no fueron escuchados, en esta ocasión con consecuencias fatales. Llevan tiempo intentando que se les oiga: “Hicimos una huelga de hambre porque la Cruz Roja no hace nada por nuestros derechos. Cuando llegamos al hotel nos hicieron firmar documentos para probar que hemos recibido dinero, ropa, una tarjeta de transportes… dos días después nos dijeron que todo esto había sido bloqueado por el Gobierno, después nos dijeron que solo podíamos quedarnos un mes en el hotel”, repite una vez más.

Antes de recurrir a la huelga de hambre, los jóvenes llamaron a muchas puertas: fueron al Ayuntamiento de este municipio del Corredor de Henares en una marcha pacífica, a la policía local… interpelaron a la Cruz Roja. Pero la Cruz Roja seguía apuntando al ministerio, explica Mamadou. Ante la falta de escucha, el grupo se dirigió a los medios para explicarles tanto su situación como la medida de presión que habían consensuado: una huelga de hambre “con la llegada del Ramadán,  todo el mundo iba a la mezquita de al lado a comer”, al tercer día ya no podían soportarlo y detuvieron la huelga.

El hostal Goyma de San Fernando de Henares, es uno de los lugares donde han ido a parar personas migrantes que fueron trasladadas desde Canarias a los Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto este grupo se encontraba en el de Carabanchel. Además de este CAED, otros centros similares se encuentran en Pozuelo, o Alcalá de Henares. Pensados para dar una respuesta de emergencia temporal, su funcionamiento se ha ido ampliando. Como otros recursos de este tipo habilitados en el archipiélago, estos espacios están gestionados por  Cruz Roja o Accem.

Trato diferenciado

La fundación Accem gestiona el centro de Pozuelo, el primero que se habilitó hace dos años como centro de recepción, atención y derivación (CREADE) para las personas que llegaban refugiadas procedentes de Ucrania, después, fueron llegando  personas afganas. Estas poblaciones, cuya llegada se facilitó con una Directiva Europea de Protección Temporal aprobada en 2001 pero aplicada por primera vez en el caso de Ucrania, y con una operación de evacuación del ejército español, ante la retirada militar de Afganistán, pueden residir seis meses en el centro, extendiéndose a veces ese plazo, hasta que tienen los medios para salir, o cuando se considera que están en situación de vulnerabilidad.

Desde noviembre, a este hotel de Pozuelo también llegan personas procedente de Canarias, la mayoría jóvenes de África, senegaleses o malienses, pero también etíopes. Según cuenta un extrabajador del centro a El Salto, la diferencia de categorías entre ambos grupos, los solicitantes de asilo ucranianos y afganos, y los jóvenes africanos, se hizo patente desde el principio, teniendo un correlato muy visible: En un primer momento los segundos fueron alojados en literas en el aparcamiento de las instalaciones. “Entonces hubo alerta naranja, con las lluvias entró agua, se dan cuenta de que no es una buena idea y les trasladan”. No les llevan muy lejos: instalan literas en un espacio común, una parte del comedor. El trato es distinto porque se prevé que se queden menos tiempo, apunta el ex trabajador. Pero el contraste es claro: en el piso de arriba hay habitaciones para familias e incluso algunas individuales, en el comedor, 30 personas negras duermen en un mismo espacio.

“Hay cosas pequeñas, pero significativas: a los de arriba les corresponden tubos de dentífrico, a los de abajo un chorrito al día”, intenta ejemplificar el extrabajador. Algunas personas que trabajan en el centro se sienten incómodas ante la segregación que están presenciando. Pero, “cuando te quejas o planteas críticas constructivas recibes represalias”, explica el extrabajador “hay gente despedida por pedir mejores condiciones para los usuarios”. De fondo, la certeza de que en un mes estarían en la calle, casi todos, como los que se pusieron en huelga de hambre en San Fernando de Henares, sin una cita de asilo. En los últimos tiempos, al menos, se ha ampliado la estancia hasta los tres meses, aunque las condiciones y la incertidumbre permanecen.

El salto diario, captura de video

Una acogida no tan humanitaria

Los tres chicos son muy jóvenes, vienen de Gambia y hablan un buen inglés. Aceptan contestar, pero no quieren dar sus nombres, ni que se muestren sus caras. Tienen miedo a represalias. Llegaron en noviembre al CAED sito en el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, también gestionado por Accem. Dos de ellos son menores. En la conversación participa una cuarta persona, viene de Senegal, es unos años mayor, y habla francés. Están estudiando español en las clases que la Red de Acogida de Alcalá de Henares ha organizado con profesoras voluntarias. Saben que les queda poco tiempo en el cuartel, y luego tendrán que buscarse la vida.

Los tres chicos procedentes de Gambia llegaron al Hierro, de ahí les derivaron a Tenerife, primero a un campo, dicen, y luego, a dos de ellos, a un apartamento para menores. “Pasa un mes y una semana, y nos dicen que los menores y los mayores van a distintos sitios, si tenemos más de 18 nos traerán a este campo en Madrid”, explica uno de ellos, refiriéndose al centro de Alcalá. “Todos allí éramos menores, ellos dicen que no están seguros así que nos llevan al hospital para comprobarlo. Nosotros dos, fuimos al hospital, y nos dijeron que teníamos 18”. Esta práctica de comprobación de mayoría de edad ha sido denunciada múltiples veces por su cuestionable precisión además de considerada como lesiva del interés superior del menor. La documentación del país de origen debería bastar para mostrar la minoría. Pero una vez realizada la prueba, los chicos tienen poco que hacer, son trasladados al centro de Alcalá donde tendrán que buscarse la vida entre cientos de adultos. Explican que se ayudan entre ellos, que ahora que se han encontrado a lo largo del camino no quieren separarse, el hecho de hablar el mismo idioma les hace sentir menos solos.

Al compañero senegalés le llevaron a otro centro de Accem. Describe el proceso: “Llegamos por la noche a Tenerife, nos agruparon a todos y nos hicieron  pequeños carnets, para poder entrar y salir. Allá, no lo hemos pasado como esperábamos”. Largas colas para todo y sobre todo mucha incertidumbre. “Fue duro. El día que llegamos, llevábamos aún la ropa que nos había proporcionado la policía en El Hierro, ni siquiera nos han dado zapatos”.

En el centro de Alcalá de Henares, el joven senegalés se da cuenta de que la incertidumbre y falta de respuesta que vivió en La Laguna, va a continuar. “Cuando estaba en Tenerife no te decían quién era el encargado. (…) Si tienes que preguntar algo te dicen: ve a hablar con el encargado, pero quién es. Si dices que necesitas hablar con un psicólogo o un abogado, te van a apuntar en un papel y eso es todo”. Una vez en el centro de Alcalá, las cosas solo han cambiado a peor: “Aquí es más duro, desde que hemos llegado, les hemos dicho que necesitamos hablar con los abogados. Y lo mismo, aquí nunca sabes ni quién es el abogado, no tenemos ni siquiera protección, desde que hemos llegado lo estamos reclamando”.

Y mientras pasan las semanas, saben que en un mes se tiene que ir, aunque a veces la estancia se prolonga. Cuando se van, firman un papel y les dan algo más de cien euros. “El problema no es el dinero, es que si sales no tienes protección, si no conoces a nadie, ¿dónde vas a dormir? Nosotros no queremos dinero, queremos protección, sin la protección no tienes nada”, explica el chico senegalés. Es sencillo, la gente no quiere salir en esas condiciones porque no tiene a dónde ir. “Yo he venido a trabajar, he venido por el futuro. Cada uno se debe preparar su futuro, su mañana”, afirma. ¿Pero cómo puede hacerlo en la calle, sin papeles, sin protección ante la posibilidad de ser detenido y llevado a un CIE?

Foto San Carlos Borromeo, Centro Pastoral de Entrevías. @EntreBorromeos

Ante la incertidumbre que enfrentan cada día, los tres chicos procedentes de Gambia agradecen la labor de la Red de Acogida de Alcalá, que apoya no solo con clases de español, si no que también les acompaña en sus demandas. “Para mi es un gran placer saber que alguien te está ayudando aunque no te conozca. Todo lo que puedes hacer es agradecerlo”, apunta uno de ellos.

Y es que el tejido social de Alcalá se movilizó enseguida cuando supo que iban a llegar personas provenientes de Canarias al Acuartelamiento. “Cuando tuvimos constancia de que iban a llegar los autobuses con personas migrantes, una de las cosas que hizo Bienvenidxs Refugiadxs fue convocar a gente para ir a recibirles y que su primera impresión no fuera de hostilidad”, explica Miguel Cano, que pertenece a este espacio. Como voluntarios no pueden aportar lo que debería aportar la administración —recursos habitacionales, asistencia jurídica etc— explican, pero sí estar ahí, y contrarrestar los discursos xenófobos que llegan de una parte de la población.

El mismo 19 de marzo, el Ayuntamiento de PP y Vox aprobaban una moción para pedir al Gobierno central un plan de seguridad destinado al acuartelamiento, a cuyos habitantes temporales vienen señalando desde hace semanas. Contra la moción votaron PSOE y Más Madrid, cuya concejal acusó a a PP y Vox de querer estigmatizar a las personas migrantes, y apuntó a la dificultad para conseguir citas de asilo como problemática por la que debían preocuparse.

Mientras las derechas agitan el fantasma de la inseguridad, las redes solidarias se han puesto a colaborar con las personas migrantes, que, según recuerda Blanca Aller, una de las cofundadoras de Bienvenidxs Refugiadxs, están muy organizadas. La presión de adentro y el apoyo de afuera ha ido consiguiendo cosas: las personas ya tienen un poco de dinero de bolsillo, algo que les correspondía y no se les estaba dando, a pesar de estar comprometido en el contrato con Accem, apunta Blanca. “También tenían que darles abono transporte. Eso tampoco lo tenían y siguen sin tenerlo”. Las colas para entrar y salir porque tienen que pasar tres controles, los horarios de comida que a veces dejan a gente sin tiempo para comer, el frío en las carpas, la escasez de baños, hacen la vida de estas personas más complicada. Y de ahí a la calle, una situación que denunciarían a través de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ante la Audiencia Nacional ante la expulsión de 21 personas el pasado mes de enero.

Blanca habla de un grupo de chicos a los que les avisaron con un margen de una semana que se iban: “Una semana para encontrarles algún sitio para dormir”. La red de Alcalá, en comunicación con la Red Solidaria de Acogida, se ponen en marcha. No siempre lo consiguen y la solución no deja de ser un parche provisional, ante la inacción de las instituciones. “Solo les pagan un billete a quienes tienen dónde ir. Si no tienes ningún sitio donde ir. Búscate la vida”, resumen. Respecto al documento que se les hace firmar, denuncian que si no firman no les dan esos poco más de 100€ para los primeros días. Algunos, asesorados por la Red han firmado no conforme, explicando en observaciones que se van contra su voluntad. Esperan que al menos así se pueda denunciar la situación.

Es el caso de otro joven gambiano con el que nos encontramos en Lavapiés. Firmó no conforme, salió, y ahora sobrevive como puede con un trabajo mal pagado. Llegado también al Hierro en diciembre, fue trasladado en dos días a Tenerife, unos días después, a un hotel a Lloret del Mar. Su último destino: Alcalá.  “Cuando vinimos a España no sabíamos a dónde estábamos yendo, en Tenerife hacía frío, vivíamos en tiendas, y la comida no estaba bien”. En Alcalá se encontraron de nuevo en carpas, le llegaron a decir hasta cuatro veces que se tenía que ir.

Después de firmar la no conformidad en el documento, “la gente que nos ayudaba nos trajo a Lavapiés, yo encontré un trabajo pequeño mal pagado porque no tengo papeles. Pago 300€ por la habitación y gano 600€: tengo para la cama y la comida”. Este es el pequeño espacio de certeza que ha podido conquistar entre tanta incertidumbre: “Nunca sabemos qué viene después. A las autoridades les pediría papeles para poder trabajar y ahorrar un poco porque si no tienes papeles, no tienes trabajo. Y sin trabajo nadie te dará comida, nadie te apoyará, te irás a la calle”, explica. Al lado suyo, un compañero senegalés que conoció en el Cuartel, y que no ha tenido tanta suerte buscando empleo. Vive con otros compatriotas en un piso que tendrán que dejar pronto. “Nos ayudamos entre nosotros, qué otra cosa podemos hacer, la unión hace la fuerza”, explica. Y el otro insiste: es mejor tener a la gente trabajando que en la calle.

Del Pireo a Alcalá

Personas migrantes en la calle, es uno de los recuerdos que Blanca guarda de 2015, cuando empezaron con Bienvenidxs Refugiadxs. Pero esas personas no estaban en las calles de Alcalá ni en Madrid, estaban en Grecia. Blanca evoca el campo de Pireo en Atenas, que llegó a alojar a 4.000 personas provenientes de las islas. Más concretamente, recuerdan cuando estas personas fueron desalojadas y las redes de solidaridad empezaron a movilizarse para que tuvieran dónde ir. “Cuando empezábamos a ver que aquí se iba a quedar gente en la calle, me empieza a recordar a Atenas en el 19:  habían cogido a la gente en las islas, la habían llevado al continente y la habían dejado a su suerte”. Toma el ejemplo de las negociaciones que se dieron con el ayuntamiento de Atenas, para ubicar a las personas. Sin embargo, no parece que este diálogo sea posible con el ayuntamiento de Alcalá. “No esperamos nada porque ya han hecho declaraciones xenófobas y racistas sobre la existencia de este centro. Ya se han posicionado”, afirma Miguel por su parte.

La falta de respuesta por parte del ayuntamiento se evidencia, por ejemplo, en las dificultades para empadronar a las personas migrantes, y así puedan optar a usar los recursos de emergencia municipales. Sin poder recurrir a esta posibilidad, aún cuando tienen derecho a ese empadronamiento, y sin poder concretar la solicitud de asilo, las posibilidades se estrechan: al final no tienen más remedio que ir a buscar trabajo a lugares como Plaza Elíptica, algunos, hartos, se deciden a probar suerte a Francia o Portugal, bajo el riesgo de ser devueltos a España al haber sido este su país de entrada en el territorio Shengen, en virtud del Convenio de Dublín. Algo está claro, explica Miguel, poner las cosas difíciles a quienes llegan a Europa no va a frenar sus proyectos migratorios, basta con mirar cómo está el mundo para entender que la gente va a seguir migrando. Otra cosa, matiza, es que a quienes jalean esta Europa fortaleza les venga bien la mano de obra sin papeles y por tanto sin derechos laborales. “Es una política migratoria deliberada, con unas finalidades económicas y políticas”, apunta el activista.

La frontera de Barajas

No solo no hay citas para solicitar asilo, sino que cada vez es más difícil conseguirlo. A principios del mes de febrero CEAR advertía que, frente a un incremento del 37% de las solicitudes de asilo, las denegaciones habían aumentado. Así, España retrocedía en su ya modesta cuota de concesión: solo 12 de cada 100 personas de las que habían logrado solicitar protección internacional en 2023 la habían obtenido: un 4,5% menos respecto al año anterior. De las más de 163.000 personas que habrían solicitado asilo, algunas lo habrían hecho en Barajas. Un número que se incrementó sensiblemente el pasado otoño, cuando las salas destinadas a solicitantes de asilo se vieron saturadas.

Foto San Carlos Borromeo, Centro Pastoral de Entrevías. @EntreBorromeos

“Desde verano más o menos, empezamos a detectar un aumento de solicitudes de protección internacional en el aeropuerto”, explica Elena Muñoz, coordinadora del Área Jurídica de CEAR. Alertaron de que este incremento de solicitudes no estaba acompañado de un aumento de recursos humanos. En diciembre la situación ya era insostenible, las salas destinadas a los solicitantes de asilo estaban sobreocupadas. “Había en aquella época, más de 300 personas, cuando la capacidad era de unas 150 a 170 plazas y se daban muchos retrasos en la formalización de la solicitud”: hasta 20 días esperaba la gente en salas no acondicionadas para estas largas estancias, para un trámite que hasta entonces se realizaba con mucha más celeridad.

“Pusimos queja ante el Juzgado de control de la sala de inadmitidos de Barajas, que hicieron un acuerdo conjunto solicitando medidas inmediatas al Ministro Interior y a Policía para evitar esa situación, porque se estaban incumpliendo los requisitos mínimos, tanto de acogida como de procedimiento que establece la normativa europea”, resumen desde CEAR. Pero las primeras semanas la situación solo había cambiado a peor, se habían abierto nuevas salas, también inadecuadas —sin luz natural, con un solo baño—  y aunque había algunos policías más para hacer entrevistas, los retrasos seguirán siendo enormes hasta finales de enero, cuando la situación empieza a normalizarse y volver a los plazos normales. Pero la solución aportada no llegó por el lado de incrementar los recursos sino de restringir aún más las entradas.  ¿Cómo? imponiendo visados de tránsito: primero, en enero, a las personas que viajaban con pasaporte keniano, la mayoría de ellos somalíes, después “vemos otra vez como medida estrella del ministerio de interior imponer un visado de tránsito a las personas de Senegal a partir del 19 de febrero”.

Así, se restringen las posibilidades para las personas provenientes de África de venir de otra forma que no sea arriesgando su vida en el mar, para luego encontrarse con un sistema de citas para solicitar asilo no operativo, explica Muñoz. Esto sucede mientras España avanza hacia el horizonte del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que “establece lo que llamamos ficción jurídica de no entrada, es decir, considerar que una persona, no solo que llegue en un aeropuerto, sino por ejemplo, las personas que llegan por costa o que son desembarcados después de una operación de salvamento, o personas que son interceptadas intentando entrar o incluso ya dentro de territorio, se les va a aplicar el procedimiento fronterizo y se les va a considerar que no están en territorio español”.

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Europa elige blindarse

El pasado febrero, Médicos sin Fronteras publicaba un informe con el descriptivo nombre: “Muerte, desesperación y desamparo: el coste humano de las políticas migratorias de la UE”. En el mismo, la organización registraba lo que ha aprendido en los últimos tiempos en las fronteras exteriores de la Unión Europea, que el dolor infringido (físico, psicológico) es inmenso. Presente en 12 países al sur y norte del Mediterráneo, MSF no solo recoge los efectos más visibles de la violencia en las fronteras, como aquellos que se sufren al chocar con elementos disuasorios como las vallas elevadas o con cuchillas, o las consecuencias de ser atrapados por las milicias libias financiadas por Europa. La organización también aborda el concepto de “seguridad denegada”, señalando políticas que impiden a las personas sanar, establecerse y acceder a una vida digna. Cuando el asilo es denegado, las personas se ven condenadas a vivir en la calle o buscar soluciones habitacionales fuera del mercado, explica el informe, un vida de desamparo, ya desde dentro de la Europa fortaleza.

Y este es el camino que quiere consolidarse en el Pacto Europeo de Migraciones, que es, según Raquel González, coordinadora de MSF en España “un pasito más en esta institucionalización: el refuerzo de la seguridad en las fronteras para tratar que la gente no pase, junto al refuerzo de la externalización a terceros países, para que estos hagan el trabajo sucio de contener y controlar esos flujos migratorios”. Respecto a esto, Europa no parece tener ninguna respuesta para quienes seguirán llegando, prueba de ello, explica González, es que  “no se hayan reforzado en este último pacto elementos de protección para aquellas personas que están reconocidas en los Convenios de Ginebra, que son los refugiados”.

Un buen ejemplo de que los derechos de las personas migrantes y refugiadas no son prioritarios para el pacto, apunta la coordinadora de MSF, es que no se haya previsto nada similar a un  servicio de salvamento marítimo europeo, a pesar de que esta demanda haya sido puesta múltiples veces sobre la mesa. Al revés, el Pacto señala a las organizaciones de rescate apuntando a una “posible connivencia” con las mafias, o abriendo la posibilidad de que se las acuse de suponer “una amenaza para la seguridad del Estado”. González alerta, que las medidas que se introduzcan serán luego muy difíciles de revertir.

Como Blanca, González también hace memoria histórica, recuerda que en el 2015-16 fue cuando se cruzó una línea roja de la que no se consigue volver. Fue entonces cuando se “prohibió directamente llegar a refugiados sirios a territorio europeo, apostando por la externalización y llegando al acuerdo con Turquía de marzo de 2016”: dinero a cambio de contener a quienes huyen desesperadamente de una guerra. Una tendencia, advierte la coordinadora de MSF, que no hace sino agravarse con el paso de los años, fortalecida además por los discursos deshumanizadores y el doble rasero de la protección: el propósito de ligar el derecho a protección internacional a la nacionalidad de la persona,  “viola de forma flagrante los Convenios de Ginebra y la protección a los refugiados”.

Una mirada privilegiada desde Canarias

Evitar que la gente llegue a la frontera y cuando de todas formas llegan, evitar que se queden en el territorio, y si de todas formas se quedan, dejarles a su suerte, esa parece ser la tónica: “Canarias es un lugar privilegiado para observar hacia dónde van las políticas migratorias”,  apunta la activista Koldobí Velasco desde las islas. El marco, para esta investigadora antimilitarista, proyecta que “la migración no es un derecho y que por tanto es una amenaza y se le aplica la lógica bélica”. Desde la Frontera Sur, los colectivos llevan tiempo viendo una  panorámica completa de lo que se viene: “el control, la contención, la coerción y la intercepción, son las únicas políticas sobre la mesa”, considera. Unas políticas alimentadas por los intereses de la industria militar y de seguridad, recuerda, esa apuesta estratégica en la que la UE e Israel se entienden tan bien.

Frente a esta securitación de la frontera, lo que falta, considera Velasco, es una respuesta que no sea la de la emergencia, llena de límites: “La emergencia es entender que esta es una realidad coyuntural y no estructural. Y eso trae una serie de consecuencias en los dispositivos y en la implementación de esas políticas”, explica la activista. Una emergencia que habilita la excepcionalidad en múltiples y peligrosas dimensiones: “Excepcionalidad democrática. Excepcionalidad de derechos y de libertades y de condiciones adecuadas para la acogida”, enumera Velasco, para concluir: “Emergencia es privatización, es mercantilización que hace negocio de las migraciones”.

Es bajo este régimen de emergencia, prosigue la activista, que se excluye la participación tanto de las poblaciones locales como de las personas que migran, lo que en muchos acasos acaba generando desconfianza, racismo y enfrentamientos: “La emergencia es expulsar, es deportar, es hacernos sentir que las migraciones son un problema y que hay que quitárselo de encima”, concluye la activista desde Canarias.

* Pseudónimo

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