La conclusión del segundo año de gobierno de un total de cuatro, da pie a las evaluaciones de avances, estancamientos y retrocesos, en las cuestiones de políticas públicas, de manejo de la economía, de las cuestiones culturales y éticas de la sociedad, sin olvidar por cierto el funcionamiento del sistema político de la democracia representativa en Chile.
Distintos actores, estudiosos y opinólogos de estos temas, han estado divulgando públicamente sus apreciaciones respecto al desempeño de la “Administración del presidente Boric”. Sin mayores diferencias, las distintas opiniones destacan que aquellos temas que fueron las banderas de lucha que promovió el presidente en su etapa electoral, durante este periodo de dos años han sido olvidadas (salida política al conflicto territorial de los pueblos originarios; refundación de la estructura policial; persecución de las responsabilidades políticas del atropello de DDHH en la revuelta), o despriorizadas (el fin de las AFP; el pago de la deuda histórica de las y los docentes; el sistema único de salud; fin al CAE; Educación superior gratuita universal; ley de derechos sexuales y reproductivos; el giro desde las posturas de crecimiento económico hacia la del desarrollo económico), y en el peor de los casos, se ha actuado justamente al contrario de las declaraciones de campaña (Firma del TPP11; militarización del conflicto Mapuche; ley de gatillo fácil; criminalización de “la toma de terrenos”; superación de la corrupción de las instancias políticas gobernantes).
Obviamente tal comportamiento responde, en gran medida, a las condiciones de la sociedad, en donde el poder fáctico de las élites determinan que se puede abordar y aquellos temas que no se permitirá abordar. En este sentido, desde una apreciación general, podemos observar el comportamiento del Poder en Chile y su dinámica como sistema.
Es de interés confirmar esto, en el entendido que reivindicamos la necesidad de un cambio estructural, si se quiere revolucionario y noviolento, para permitir un tipo de sociedad y de gobierno que se direccione hacia el bien vivir y valore la dignidad de todas, todes y todos las personas que existimos en este territorio. Tal dirección política transformadora, enfrenta a las corrientes y posturas socialdemócratas que vienen fracasando, sean estas de extracción marxista (PC, PS), liberales (FA), democratacristianos (DC) y los proyectos de personas o partidos de personas en esta franja, que optan por un supuesto capitalismo “más humano” o menos feroz. En la práctica, tales posturas terminan sucumbiendo frente a las directrices de quienes sustentan el real Poder: el dinero.
El modelo CAE. Paremos el abuso, propuestas humanistas para neoliberales
De todos modos, asumiendo el atrapamiento que vive el gobierno, en donde en su primera línea de ministros relevantes ya no queda nadie adscrito al bloque del presidente, y todos ellos están repartidos entre militancia del PC y el PS (ex Nueva Mayoría de Bachelet); aún en estas penosas circunstancias y con las herramientas políticas por las que han optado, se espera que al menos se den respuestas a los conflictos más bullados, a saber, terminar con las deudas estudiantiles del CAE. La ley 20.027 de crédito con aval del estado (CAE), fue promulgada el año 2005 en el gobierno del “socialista” Ricardo Lagos E. y sus ministros de educación Mariana Aylwin (DC) y Sergio Bitar (PPD), ambos muy diligentes y pulcros en la tramitación de esta ley que en el fondo lo que buscaba (y lo logró) bancarizar el acceso a la educación superior de las familias chilenas y el sueño de ser profesionales de miles de jóvenes en el país, sueño que rápidamente se convierte en pesadilla. El gobierno
tiene que sentar a la banca en una mesa de negociación, en que se exija su participación concreta en la solución de esta estafa legalizada.
El Estado muchas veces ha tomado los fondos de todas y todos los chilenos, para auxiliar las situaciones de crisis, tanto de la Banca (préstamos en la crisis de los ochenta), como de grandes empresas (renegociaciones de deudas de impuestos, con rebajas hasta de un 70%). Se debe tener presente, que por el sistema de acumulación, los dueños de la Banca son también los mismos grupos económicos dueños de las grandes empresas. En ese contexto, se tiene que implementar una renegociación de la deuda, donde los montos más exorbitantes no son los del préstamo sino de los intereses usureros. La Banca y sus inescrupulosos intereses, dada la alta tasa de interés que contempló el proyecto y ley aprobados por los legisladores. Consagrando una vez más, a vista y paciencia de las y los ciudadanos al capital y los vaivenes de la bolsa la educación de las y los futuros profesionales, que buscan trabajo por primera vez con una deuda, en la mochila, de millones de pesos a los bancos.
Los deudores del CAE son 1.300.000.- y para la condonación se necesita, según cálculos no oficiales, entre 9 mil y 11 mil millones de dólares, lo que equivale a 3 puntos del PIB, dinero que explican No tiene el Estado, por ello es menester llegar en esta renegociación a una cifra rebajada, eliminar intereses, de modo que el gobierno pueda pagar, finiquitando el tema como prometió (para lo cual puede tomar un crédito internacional, dado que el país tiene espacio para ello). El comportamiento “mafioso” e indolente de la banca que está rematando las casas de los deudores del CAE, nos demuestra el lado más siniestro de la elite dueña de los bancos, clínicas, isapres, retail, recursos naturales y universidades privadas donde estudian nuestros jóvenes.
Otro tema, es hacer que las ISAPRES cancelen la plata que le robaron a sus clientes, y que fue ratificado por fallo judicial de la corte suprema, sin permitir que realicen aumento de precios, ya que ello implica que pagarían el robo a la gente con plata de la gente; sugerimos que se pague sacando todo el dinero que hoy cuentan, y eliminando todo presupuesto de cuestiones superfluas, además obligando a sus gerencias a restituir con sus bienes a este fondo de restitución de lo robado por sus órdenes, y por cierto buscar la encarcelación de esas cúpulas por robo y por destrucción del sistema y la fe pública.
Esperamos que los próximos dos años, no solo estos temas sugeridos (ningún Gobierno, hasta el actual de Boric, de la vieja concertación, la nueva mayoría o la derecha han tenido la intención de transformar la educación en un derecho y no un negocio); sino también otros a los que se quitó prioridad, se releven con valentía política, con información pública de los argumentos de la élite para oponerse, y con convocatoria a los incumbentes, y a la ciudadanía en general a movilizarse para apoyar al menos estas reivindicaciones.
Los desafíos de futuro, para los colectivos
La valentía política de enfrentar a los poderes fácticos, al menos en cuestiones dentro de su propio sistema, también nos lleva a denunciar, cómo no, a estos grupos económicos, que hacen gárgaras con una supuesta responsabilidad social, que es totalmente ausente y falsa. También la denuncia que amerita, la insostenible impunidad de los delitos de estos grupos económicos, a los que ellos denominan eufemísticamente “malas prácticas” financieras y empresariales. Por cierto, que teniendo ellos el poder, y dentro de las reglas del juego actuales, se les debe exigir cumplir con sus lloriqueos de “dar hasta que duela” que les escuchamos decir en medio de la revuelta popular, y que hoy parece que ya lo olvidaron; es necesario que al menos paguen sus impuestos en su totalidad, que no practiquen la elusión de éstos; que recompensen como corresponde con salarios dignos a las y los trabajadores (o como ellos hoy les oímos llamarles: “colaboradores”).
De este modo, en esta época local de evaluaciones de estos últimos dos años, dejando al margen los pequeños porcentajes de bajadas y subidas de distintos indicadores, que en la práctica no dan respuesta significativa al padecimiento de las grandes mayorías asalariadas, jubiladas y cesantes en su vida cotidiana, y que en simultáneo, no le hacen mella al desquiciado capitalismo financiero, y su tendencia de acumulación monstruosa; resulta más oficioso mirar de frente el problema de raíz, que a todas luces se refiere a la real toma del Poder desde la base social, la soberanía, haciendo conciencia que no existen falsas salidas a través de proyectos políticos de grupúsculos o de líderes iluminados, para lograr los cambios que humanicen la convivencia social en nuestro país.
Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
