Fernando García analiza la ley antiinmigración SB4 de Texas y la poca atención hacia los migrantes que trabajaban en el puente caído en Baltimore.
La frontera entre Estados Unidos, y México, en Texas, sigue siendo escenario de una batalla por la inmigración, en la que el Gobierno de este estado está incrementando la militarización de la región con el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional y la construcción de nueva infraestructura fronteriza. Esto sucede en un contexto nacional en el que la nueva ley federal de presupuesto, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Biden, dispone un aumento de los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas así como para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, a la vez que en el estado de Texas se discute, tanto en tribunales estatales como federales, acerca de la legalidad de la ley SB4, una nueva ley estatal que otorga a la policía local amplios poderes para detener y deportar a cualquier persona que considere sospechosa de haber ingresado a Estados Unidos sin autorización. Hablamos del tema con Fernando García, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización con sede en la ciudad de El Paso. García señala que la afluencia de fuerzas especiales sin “entrenamiento para lidiar con una población civil”, junto con el clima de “muéstrame tus papeles” que genera la ley SB4, están haciendo que aumente la violencia que enfrenta cotidianamente la población latina del lado estadounidense de la frontera, mientras que se “impide ilegalmente” que la gente que se encuentra en una situación “desesperada” del lado mexicano de la frontera ejerza su derecho a solicitar asilo en otro país. García añade que, en lugar de capitular ante los políticos que se oponen a la inmigración “necesitábamos que el Gobierno nacional detuviera lo que sucede en Texas e impidiera que el gobernador” siga atacando a “la gente latina, las personas de color, migrantes y cualquiera que necesita asilo y protección”.
Amy Goodman: —Esto es Democracy Now!, soy Amy Goodman con Juan González, hoy vamos a Texas, donde unos 200 soldados de la Fuerza Fronteriza Táctica de la Guardia Nacional del estado fueron desplegados en El Paso el 26 de marzo. Esto se produce después de que Texas instaló una segunda valla fronteriza cubierta de alambre de púas el 22 de marzo, y la policía antidisturbios atacó a migrantes que intentaron derribarla. El proyecto de ley de gastos que Biden promulgó recientemente aumenta los fondos para Inmigración, Aduanas y la Patrulla Fronteriza.
Al mismo tiempo, un tribunal de apelaciones volvió a suspender la nueva y dura ley antiinmigrante de Texas, SB4, después de que la Corte Suprema aprobara su implementación el 19 de marzo. La normativa otorga a la policía estatal amplios poderes para arrestar y deportar a cualquier persona que sospeche haya ingresado al país sin autorización.
Para más, vamos a El Paso, desde donde nos acompaña Fernando García, fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Fernando, bienvenido a Democracy Now! ¿Puede hablar de estos 200 soldados que se han desplegado en la frontera y también de todo el debate sobre la ley SB4, que habría sido implementada gracias al fallo de la Corte Suprema, pero no llegó a entrar en vigor debido al fallo de un tribunal inferior?
Fernando García: —Sí. Buenos días de nuevo, Juan y Amy. Bueno, lo que estamos viendo es el incremento de la militarización que está haciendo el estado de Texas en nuestras comunidades, tanto en El Paso como en el resto de la frontera. Hay que recordar que ya tenemos 10.000 soldados estatales desplegados por el gobernador Abbott en nuestras comunidades y son soldados que no están entrenados para lidiar, tratar con civiles, con migrantes, con niños, con mujeres. Y eso ha llevado a una serie sistemática de violaciones a los derechos civiles y humanos. Es parte de la estrategia del estado de Texas de aplicar la ley de inmigración de una forma ilegal, usurpando precisamente los poderes federales, ya que no le corresponde al Gobierno de Texas hacer este trabajo. Todo esto lo está haciendo en el contexto de la dichosa “invasión de criminales”, cuando en realidad lo que estamos viendo, y todos sabemos, es que quienes están llegando a la frontera son niños, mujeres pidiendo asilo, familias migrantes buscando protección, buscando una mejor vida. Entonces, eso es parte de esta política de SB4, que está afectando las comunidades en Texas. Como vimos ahorita… De hecho ayer en la noche el Quinto Circuito de Apelaciones volvió a negar al estado de Texas la aplicación administrativa de la ley, o sea que ahorita la ley SB4 no está implementada y se esperará hasta que haya un resultado final en la corte del Quinto Circuito.
Juan González: —Fernando, podría hablar de la decisión del presidente de México, López Obrador, que criticó la ley SB4 de Texas y dijo que México no aceptará a nadie que sea deportado bajo esa ley.
—Sí. Nosotros creemos que esta decisión del Gobierno de México es correcta, ya que no está reconociendo la autoridad que tiene el estado de Texas para aplicar ley migratoria o deportar personas a México. El estado de Texas, como dijimos, está ilegalmente aplicando una ley federal que no le corresponde. Entonces, el Gobierno de López Obrador ha dicho que no va a aceptar la deportación o repatriación de, ya sea de mexicanos, salvadoreños, cubanos, que sean regresados por el estado de Texas a México. Entonces creemos que es una decisión correcta en ese sentido. Yo creo que la SB4… El gobernador está entendiendo que esta política que es racista, antiinmigrante, vaya, no va a ser realmente funcional, no va a poderse aplicar porque está teniendo muchísimos problemas.
Juan González —El nuevo proyecto de ley de gastos que el presidente Biden acaba de firmar proporciona un enorme aumento de fondos para infraestructuras de detención del Servicio de Inmigración y más dinero para esa agencia y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Qué opina de esto?
—Pues mira, nosotros estamos un poco preocupados y, digamos, estamos decepcionados, es la palabra, de lo que está haciendo la administración, el hecho de haber puesto más fondos para camas de detención, para más agentes de la patrulla fronteriza, para más vigilancia fronteriza. No fue la promesa que hizo el presidente Biden. Lo que nosotros necesitábamos en la frontera, en ese presupuesto, eran más centros de bienvenida, recursos para tratar lo que es una situación fundamentalmente humanitaria. Tenemos migrantes durmiendo en las calles, niños y familias estando en el frío o en el calor extremo. Y no tenemos ninguna respuesta del Gobierno federal ante ello. Entonces está haciendo exactamente lo contrario. Está siguiendo de alguna forma los pasos del Gobierno de Texas, o sea, militarizar la frontera, ver el problema migratorio como un problema policíaco, creyendo que incrementando la deportación o dándole más dinero a ICE, va a resolver lo que está sucediendo. Entonces yo creo que ahí sí ha fallado fundamentalmente el Gobierno en responder a la promesa de una frontera más humana, de una reforma migratoria que hasta ahorita no ha sucedido.
Amy Goodman: —Siguiendo con el asunto de la ley SB4. La camisa que lleva puesta tiene una inscripción que dice “SB4” con signo de prohibido encima y en el otro lado dice “Resistiremos”. ¿Puede hablar más sobre esta nueva y severa ley antiinmigrante de Texas que fue suspendida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito la semana pasada después de que la Corte Suprema levantara brevemente su suspensión? La ley SB4 otorga a los policías locales amplios poderes para arrestar y deportar a cualquier persona sospechosa de ingresar a Estados Unidos sin autorización. ¿Puede explicar qué significa esto? ¿Si la ley estuviera en vigor y usted se subiera a un automóvil ahora después de nuestra entrevista y fuera conduciendo, la policía podría detenerlo y arrestarlo inmediatemente?
—Pongamos eso en contexto. De hecho, lo que estamos viendo es la creación de un sistema migratorio estatal que no tiene relación con el sistema migratorio federal. La SB4 le da el poder a un policía local, a un guardia, un sheriff o la policía estatal de preguntar en cualquier contexto por tus papeles migratorios. Segundo, le da también el poder de arrestarte si no tienes esos papeles migratorios y si cruzaste por el estado de Texas o por la frontera con Texas. Y tercero, les da a jueces estatales que no saben de inmigración, que no son jueces de inmigración, el poder de deportarte y llevarte hasta el puerto de entrada, hasta el puente internacional.
Entonces, el ejemplo es este: yo voy con mi abuelita porque tiene que ir a la clínica o tiene que ir a comprar algunas cosas al mercado. Entonces yo voy manejando y me para un oficial, una policía, ya sea estatal o local, y empieza a interrogarme sobre mis papeles de manejo, pero también ve a mi abuela y le empieza a preguntar sobre sus papeles de inmigración. Entonces esa es la SB4: le pregunta a mi abuela con toda autoridad que cuáles son sus papeles y si mi abuela no tiene esos papeles seguramente va a ser detenida y es posible que va a ser deportada. Pero a la vez, si yo soy ciudadano y voy manejando ese carro, bajo la SB4 las autoridades de Texas pueden ponerme cargos a mí de contrabando de personas, con hasta cinco años en prisión, por llevar a mi abuela al mercado. Estamos hablando de una ley que no sólo está afectando a los migrantes que cruzan la frontera, sino que cada latino, cada persona de color va a estar expuesta a ser el “target”, el objetivo de esta ley, no importa si estás en el Paso, en Houston, en Dallas. Entonces, estamos hablando de que millones de personas, ciudadanas y residentes que tienen relación con migrantes que no tienen papeles estarían siendo criminalizados también.
Amy Goodman: —Explique cuál es la situación ahora. La Corte Suprema ha permitido que la ley entre en vigor, pero los tribunales inferiores han dicho que no.
—Bueno, eso fue sorprendente, porque nosotros esperábamos que la Suprema Corte de Justicia tomara una decisión que no fuese política. Como nosotros vimos, fue una decisión partidista. Los republicanos, jueces republicanos, decidieron dejar que se implementara, mientras que los demócratas no. Pero sin embargo, también de una forma sorpresiva, el Quinto Circuito, que es conservador, ha decidido mantenerla congelada, sin efecto.
Entonces, ahorita estamos esperando, no se está aplicando la SB4. Creo que en ese sentido hay que mandar ese mensaje, pero estamos esperando a la audiencia que va a pasar el 3 de agosto en Nueva Orleans del Quinto Circuito, en donde se va ya a tocar, se va a discutir la ley en su mérito, si es constitucional, si es ilegal o no. Entonces ahí es donde se va a dar la siguiente decisión y seguramente terminará de nuevo en la Suprema Corte de Justicia, sin importar cuál sea el resultado, porque si el estado pierde, si la SB4 se declara inconstitucional, el gobernador Abbott, porque esto es parte de su agenda política, la va a llevar a la Suprema Corte de Justicia. Pero si dejan que se implemente la SB4, seguramente nosotros estaremos llevándola a la Suprema Corte de Justicia, porque hemos decidido, no solo comunidades, cientos de organizaciones, oficiales electos, resistir una ley que es fundamentalmente ilegal. Por eso tenemos esta consigna de “Resistiremos”. Entonces nosotros estamos haciendo foros comunitarios, protestas, acciones en todo el estado de Texas, incluyendo Nueva Orleans para echar atrás esta ley que es claramente racista, antiinmigrante.
Amy Goodman: —Y Fernando, usted ha sido un líder por los derechos de los inmigrantes durante mucho tiempo, se reúne con los gabinetes presidenciales cuando van a El Paso y les da su perspectiva. ¿Cómo evalúa la política de inmigración de Biden y la gran batalla que acaba de tener lugar en la que el Gobierno de Biden y los demócratas se unieron a los republicanos para proporcionar más fondos para militarizar la frontera? Y luego, debido a que Trump quería mantener este tema abierto, los republicanos rechazaron su propio plan. ¿Qué opina de que el Gobierno de Biden apoye esa militarización? ¿Le preocupa el futuro en este momento?
—Mira, nosotros observamos desde el principio de la administración que había una serie de promesas que había hecho el presidente, desde reformar el sistema de asilo y hacerlo más, más humano y más generoso, hasta reformar lo que estaba pasando en la frontera, cambiar lo que estaba pasando en la frontera. En aquel momento la frontera estaba llena de políticas trumpistas, el “Quédate en México”, el Título 42, etcétera. Entonces, nosotros esperamos un gran cambio en esa política. También esperábamos que hubiese una reforma migratoria que legalizara a millones de personas que están en el país. Lo que nosotros evaluamos, estando en la frontera, es que muchas de esas promesas fueron incumplidas, pero también que parte de la política trumpista siguió aplicándose en la frontera. De hecho, la SB4 se aplicó por muchos meses, y si no es que creo que por un año y medio, después de que ya estaba esta administración funcionando… Disculpa, el título 42. Entonces, el Título 42 seguía deportando migrantes a México dentro de la administración de Biden.
Entonces, realmente nosotros estábamos preocupados de que no hubo un cambio fundamental en la política fronteriza, no hubo la promesa de tener una una política más sensible y humana. Seguimos viendo el rechazo de refugiados, de niños, la detención de familias. No ha habido un cambio significativo entre una administración y otra y eso nos preocupa bastante. Y lo que vimos ahorita con la discusión en el Congreso es que los demócratas en general y la administración, la mayoría de los demócratas se han movido hacia el centro en la política fronteriza. Cuando me refiero a eso es que, vaya, ya están llamando a que Biden tenga poderes para cerrar la frontera, están cayendo en el juego de que los migrantes pueden ser una amenaza. Desgraciadamente, los demócratas no tienen un mensaje claro, no tienen una política clara, diferente a lo que están planteando los republicanos. Y lo que vimos ahorita fue el incremento de recursos hacia la vigilancia fronteriza, más militarización, y todo eso también viene de la propuesta que a final de cuentas aceptaron los demócratas y el presidente Biden hacia la frontera.
Amy Goodman: —Por último, quiero preguntarle sobre el horroroso accidente que acaba de suceder en Baltimore. Las autoridades temen que seis trabajadores de la construcción que estaban desaparecidos murieron el martes, cuando el puente Francis Scott Key se derrumbó luego de que un enorme buque de carga chocara contra un pilar de soporte. El gobernador de Maryland dice que la tripulación del barco fue capaz de emitir una llamada de socorro antes de chocar con el puente, lo que permitió a las autoridades detener el tráfico de entrada. Este es el audio de archivo de broadcastify.com, que muestra lo que sucedió antes de que el puente colapsara.
Operador: —Hay que parar el tráfico, asegúrense de que no haya nadie en el puente ahora mismo. No estoy seguro de si hay trabajadores ahí. Podrían notificar a quien esté a cargo, para ver si podemos sacarlos del puente temporalmente.
Trabajador de emergencia 1: —Entendido. El tráfico está detenido en este momento. Una vez que la otra unidad llegue aquí, voy a recoger a los trabajadores en el puente.
Trabajador de emergencia 2: Operador C13, ¡se acaba de caer el puente! Empiecen, empiecen a… ¡quien sea, todo el mundo, el puente entero ha colapsado!
Amy Goodman: —“El puente entero ha colapsado”, dijo el operador. Las autoridades siguen investigando la causa del accidente, pero afirman que el barco, que salía del puerto de Baltimore, perdió la propulsión y el control hacia la 1:30 de la madrugada del martes. Los trabajadores que estaban rellenando baches en el puente eran de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre ellos hay un salvadoreño, padre de tres hijos, llamado Miguel Luna, que se cree que vivía en Baltimore desde hace 19 años; un hondureño, padre de dos hijos, llamado Maynor Yassir Suazo Sandoval; dos guatemaltecos y al menos un mexicano. El martes, Maximilian Álvarez, editor del medio de Baltimore The Real News, entrevistó a Jesús Campos, un salvadoreño que trabaja para Brawner Builders, la empresa que empleaba a los trabajadores del puente.
Jesús Campos: —Nosotros hacemos lo que es reparación de concreto en el puente, sacamos de donde hay hoyo, sacamos el concreto que está dañado y ponemos concreto nuevo. Es a lo que nos dedicamos nosotros en la compañía.
Maximilian Alvarez: —En la noche, ¿no? Con menos coches.
Jesús Campos: —Ajá, menos tráfico. Entramos ya a las 9 a.m. hasta las 5 a.m., es el horario que ellos dan. Pero hemos trabajado mucho tiempo ahí y nunca ha pasado un percance como el que pasó.
Maximilian Alvarez: —Sí, fue un desastre horrible. ¿Sabe usted si los trabajadores recibieron una noticia antes?
Jesús Campos: —No, no. Tengo entendido que ellos estaban en la hora de descanso, media hora de descanso que dan. Como que ellos estaban dentro de los camiones. Había, no sé si son cuatro camiones o cinco camiones que tienen que estar en el lugar. Ellos estaban dentro de los camiones supuestamente.
Amy Goodman: —Ese era Jesús Campos, un salvadoreño que trabaja para la empresa que empleaba a los trabajadores del puente. De hecho, él solía hacer el turno de noche, pero acababa de cambiar al turno de día, así que no estaba en el puente. Fernando, usted es el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, pero en general trabaja por los derechos de los inmigrantes en este país, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Le sorprendió lo ocurrido en el puerto de Baltimore?
—Bueno, primero, Amy y Juan, gracias por traer esta noticia. Creo que los medios principales de comunicación no están levantando estas preguntas sobre quiénes fueron los que están desaparecidos, los que fueron accidentados, los que se murieron. Y creo que lo que hace es demostrar precisamente no solo cómo al migrante, al trabajador migrante, al latino, al trabajador en general que ha venido a dar su trabajo, su sudor a este país, no solo cómo ha sido criminalizado por esta política que vemos en Texas, por ejemplo, sino cómo está siendo invisible, cómo esta noticia de seis migrantes o seis latinos muertos no está llegando a las noticias principales, no se está reconociendo precisamente la catástrofe, no solo en el sentido de que se cayó un puente, sino que se murieron seis trabajadores que tenían el turno más difícil, que es trabajar en las noches, los trabajos más difíciles, seguramente los menos pagados o los que no tienen tan buenos salarios. Y sin embargo, ahí está nuestra comunidad inmigrante.
Entonces, ahorita que se está dando la noticia, no se habla de que fueron ellos quienes murieron hasta que tú los estás trayendo aquí a la conversación. Yo creo que no merece ese trato nuestra comunidad, es indigno, pues, que aún en la muerte seamos invisibles ante lo que sucede en este país.
Amy Goodman: —Fernando García, quiero agradecerle por acompañarnos. Fundador y director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, nos habló desde El Paso, Texas.