Desde hace muchos años la fama de la que gozaba el abogado Luis Hermosilla, en cuanto a ser uno de los principales penalistas del país, no se debía a sus méritos intelectuales y profesionales sino a su capacidad de relacionarse con el poder político y encantar a los más importantes empresarios para oficiar en sus defensas y conseguir la absolución de sus delitos tributarios y otros despropósitos. Su encumbramiento coincide sobre todo con su condición de asesor de Andrés Chadwick, Ministro del Interior del extinto presidente Sebastián Piñera, función que cumpliera durante los dos períodos gubernamentales de un mandatario que se valió de su veloz enriquecimiento ilícito para convertirse en senador de la República y acceder después a La Moneda.

A diferencia de otros auténticos penalistas chilenos, no constan en el currículo de Hermosilla escritos o alegatos ante las cortes que crearan jurisprudencia u obtuvieran sentencias prominentes. Hermosilla siempre actuó en el pasilleo por los vetustos tribunales de justicia y de otras instituciones públicas como el Servicio de Impuestos Internos para conseguir éxitos procesales y ventajas impositivas en favor de sus representados. Sobre la base, por supuesto, de comprar la voluntad de los jueces y la confianza de los funcionarios públicos más espurios. Para gestionarles a los magistrados y a los agentes auxiliares de la Justicia, por ejemplo, ascensos en el escalafón administrativo a cambio, como ha quedado demostrado, de información relevante y secreta que le sirviera para alimentar causas que les arrojaban honorarios millonarios de parte de los “delincuentes de cuello y corbata”.  Según la expresión usada por Camila Vallejo, la joven ministra vocera del gobierno de Gabriel Boric.

“Misión cumplida” le dice el abogado al director de la PDI al momento que lo felicita por WhatsApp por su nombramiento, para recibir en menos de quince días todo tipo de documentos reservados de parte de jefe de la policía civil, muchos de los cuales están por conocerse.

En su afán de ganar fama, dinero y poder, Hermosilla defendió, además de políticos y empresarios, a horrendos pedófilos, así como también descollara como abogado de la familia del extinto senador Jaime Guzmán Errázuriz, el principal ideólogo de la dictadura pinochetista. En este rol, por supuesto, abandonó su militancia juvenil en el Partido Comunista para empezar a codearse con la clase dirigente, al grado que también consiguió ingresar a Palacio para asumir la defensa del cuestionado jefe de asesores del actual gobernante. A quien se le sindica de haber estado al tanto y ocultar uno de los más bullados escándalos que compromete a la actual administración. Esto es el denominado caso “fundaciones” que tiene en proceso a varios militantes de izquierda dedicados a malversar los fondos fiscales destinados a la construcción de viviendas populares.

Son muchos los secuaces profesionales al servicio de Hermosilla entre colegas, políticos y periodistas, atendiendo a la gran cantidad y poderosos clientes que su estudio jurídico ha conseguido en tiempos en que ha campeado la corrupción de empresarios, uniformados, alcaldes, parlamentarios y otros. La semana pasada, por fin, una grabación telefónica pesquisada de su teléfono celular ha destapado la estrecha relación que mantenía con el director general de la Policía de Investigaciones, quien ha sido ya formalizado por corrupción y entrega de documentos reservados a este abogado. Un servicio policial recompensado con su nombramiento a la cabeza de la policía civil, gracias a las “influencias” ejercidas por Hermosilla y del cual se ufana el abogado en otra de las grabaciones que se han difundido públicamente.

Se trata de todo un nuevo capítulo que ha dejado al descubierto la falta de probidad policial, pero que tiene la posibilidad de escalar y comprobar otras aristas, que lleguen a comprometer al principal ministro y primo hermano de Piñera, como al mismísimo Mandatario que acaba de fallecer en un accidente aéreo. Al mismo tiempo de descubrir la corrupción añadida de jueces y magistrados bajo de la zona de influencia de Hermosilla, de quienes se sospecha que sus nombramientos también obedecen a sus favores en favor de la clase política. En un país en que tales designaciones deben realizarse con la anuencia del Poder Ejecutivo y el Parlamento, lo que desmiente la supuesta independencia del tercer poder del Estado.

Lo curioso es que ya está detenido para ser procesado el mandamás de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz, pero hasta el momento el abogado Hermosilla sigue sin ser imputado por sus reiterados sobornos a funcionarios públicos, aunque se estima que esta vez le será muy difícil eludir la acción de la Justicia con la profusa cantidad de pruebas que lo incriminarían. Partiendo por esas grabaciones en que llama a sus clientes a “hacer caja” para financiar el cohecho y salvarlos, por su intermediación, de millonarias multas por sus evasiones, elusiones tributarias y otros delitos.

La corrupción que ha quedado de manifiesto de parte del jefe de la policía civil, se suma al proceso que por razones similares compromete a su antecesor en el cargo. Todo lo cual ha debilitado profundamente la fe pública, en momentos que arrecia el crimen organizado y la acción de bandas de narcotraficantes que asolan a la población del país con horrendos y cotidianos crímenes que no se conocían en Chile hasta hace algunos años.

Para colmo, ya se sabe de la próxima formalización del Director General de Carabineros por su responsabilidad de mando en las severas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por sus efectivos y subalternos en el Estallido Social del 2019. Un oficial que se ha negado a dejar su cargo hasta no ser imputado judicialmente en mayo próximo, pese a la demanda de renuncia que se ha expresado y a los deseos del propio Gobierno de Boric. Un general en rebeldía que goza con el apoyo explícito de la derecha opositora y que ha fomentado el grave clima de enrarecimiento de las relaciones políticas. Lo que perfectamente pudiera remontar en actos sediciosos, al estilo de lo que ocurriera antes del Golpe Militar de 1973.

En un país con una economía que no logra remontar pese a la euforia del ministro de Hacienda por el leve crecimiento del 0.2 por ciento del PIB el año pasado, la verdad es que es el incremento el crimen y la corrupción lo que afecta mayormente el desencanto popular, el desprestigio de la política y el desgano democrático. Lo que no es nada de auspicioso con la formalización de las cabezas máximas de nuestras dos policías y en el hecho de que se descubran maleantes como Hermosilla que actúan con entera desfachatez e impunidad, horadando el prestigio de las instituciones públicas como el de sus altos funcionarios en medio de la confusión y displicencia de la clase política.