Según reconoció el exjefe paramilitar, él no representa ni es vocero de ningún grupo armado posdesmovilización de las Auc, por eso surge la pregunta sobre si cumple con las normas de la gestoría de paz. Sin esa figura, las aspiraciones de libertad de Mancuso se ven comprometidas. Sus abogados consideran que el rol que tuvo en las desmovilizaciones de grupos paramilitares lo avala.
La designación como gestor de paz del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que realizó el gobierno de Gustavo Petro, convocó a los magistrados de Justicia y Paz para decidir si debían otorgarle la excarcelación, luego de que el pasado 4 de marzo una jueza que supervisa la ejecución de sentencias del sistema de justicia transicional que pesan sobre él le otorgara la libertad a prueba.
Sin embargo, Mancuso permanece en la cárcel La Picota de Bogotá, pues además de las tres sentencias que tenía en su contra y sobre las cuales se le otorgó la libertad condicional, el postulado a ese sistema de justicia transicional tiene pendientes 58 trámites con medidas de aseguramiento impuestas por las Salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y del Tribunal Superior Barranquilla. Esos despachos lo siguen juzgando por 65.067 hechos criminales sobre los que tiene presunta responsabilidad como jefe de los desmovilizados bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
A través de la Resolución 244 de 2023 de la Presidencia de la República —mediante la cual se formalizó el nombramiento de Mancuso como gestor de paz—, el gobierno nacional solicitó a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra del exjefe paramilitar una vez se encontrara en el territorio nacional, pero no es un acto que podía pasar por encima del sistema de justicia y por eso le corresponde a las Salas de Justicia y Paz evaluar dicha solicitud en audiencias.
Fue así como en su decisión la jueza de Ejecución de Sentencias, Luz Marina Buitrago, puso a Mancuso a disposición del Tribunal Superior de Barranquilla y el 6 de marzo el magistrado con función de control de garantías Carlos Andrés Pérez Alarcón, de la Sala Penal de Justicia y Paz de Barranquilla, presidió la audiencia en la que revisó si se cumplen las condiciones legales para que se suspendan las 33 medidas de aseguramiento en trámite que ha ordenado ese tribunal y así conceder la libertad extraordinaria del exjefe de las Auc. (Leer más en: Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)
Dichas medidas de detención fueron ordenadas por esa sala como una medida anticipada de las sentencias que se espera sean emitidas por 34.704 crímenes por los que el tribunal de Barranquilla juzga a Mancuso. Eso incluye 12.602 casos son por homicidio en persona protegida, 2.159 por desaparición forzada, 13.909 por desplazamientos forzados, 813 casos de violencia sexul o basada en género, 11 reclutamientos ilícitos y 5.210 crímenes de guerra que atentaron contra el patrimonio y la libertad de las víctimas.
La resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz se soporta en el Decreto 1175 de 2016, que regula el Artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz. En este se faculta al gobierno a solicitar la suspensión condicional de medidas judiciales a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
Esa figura la han ocupado Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias ‘Francisco Galán’, y Carlos Arturo Velandia, alias ‘Felipe Torres’, exmiembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quienes, desde la cárcel o fuera de ella, cumplieron la tarea de acercamiento con este grupo guerrillero con los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
También, Rodrigo Granda y Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’. Ambos, exmiembros de las extintas Farc, fueron excarcelados para cumplir con su designación de gestores de paz en el año 2007 y 2009, respectivamente, con el gobierno del expresidente Uribe. También el exmiembro de esa guerrilla, Yesid Arteta, quien después de purgar su pena en la cárcel y residir en España, fue designado para esa figura por Uribe en 2009.
Recientemente, en noviembre de 2022, el actual gobierno de Gustavo Petro empleó la figura de gestor de paz con Violeta Arango Ramírez para avanzar en los diálogos con el Eln. Arango fue acusada por la Fiscalía de presuntamente orquestar el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá en 2017.
Sin embargo, para la Fiscalía dicho decreto habría podido desbordar su margen de regulación. Así lo expresó Magály Álvarez Bermúdez, como vocera de los fiscales que tienen a cargo la documentación de Mancuso en Justicia y Paz, quien reconoció que esa designación puede ser una oportunidad para la reincorporación del exparamilitar y el alcance de la paz nacional.
Pero llamó la atención sobre una posible anomalía en el Decreto 1175, el cual faculta al gobierno para pedir la suspensión de medida de aseguramiento de miembros o exmiembros de grupos armados ilegales. Según la fiscal, inicialmente en el artículo de la Ley de Justicia y Paz que el decreto reglamenta, no alude a las medidas de aseguramiento, sino sólo la suspensión condicional de la pena y el beneficio de la pena alternativa.
Sin embargo, la fiscal Álvarez no se opuso a la solicitud del gobierno de Gustavo Petro sobre la suspensión de las 33 medidas privativas de la libertad y dejó a consideración del magistrado del tribunal de Barranquilla las falencias que identificó en las normas.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación fue clara en oponerse a la solicitud. Diana Yolima Niño, coordinadora de Justicia y Paz de la Procuraduría, durante la audiencia del tribunal de Barranquilla llamó la atención frente a las dudas que hay alrededor de la designación de Mancuso como gestor de paz, al hacer una revisión detenida de las normas y encontrar que en el documento que nombra al exjefe paramilitar como gestor de paz carece de detalles y argumentación frente a los objetivos del postulado dentro de la política de Paz Total.
“No es romanticismo, señor magistrado. La figura de un gestor de paz como afirmación para declinar la materialización de requerimientos judiciales vigentes se reclama sólida, contundente, convincente, creíble; no consiste en enarbolar simplemente la bandera de la paz”, expresó Niño, en clara crítica al gobierno.
“Tampoco se ha dicho conforme lo reglado en la materia (…) si Mancuso Gómez se presenta como vocero o miembro representante de un grupo armado organizado al margen de la ley”, agregó la procuradora. Por eso, consideró que se debe conocer más sobre la base con la que el gobierno planteó la gestoría de Mancuso, así como el tiempo, las regiones y las estrategias de disuasión con las que cuenta el excomandante paramilitar para acercar a los militantes de esas organizaciones y estructuras criminales.
Desde octubre del año pasado, el Consejo de Estado estudia una acción de nulidad del nombramiento de Mancuso como gestor de paz que argumenta que hay dudas jurídicas en cuanto a la motivación, pertinencia y utilidad de la designación del exjefe paramilitar como gestor de paz.
En los cerca de 20 años de funcionamiento de Justicia y Paz, nunca antes se había tenido que deliberar sobre la suspensión de medidas cautelares vigentes impuestas por sus tribunales de justicia transicional. Por esa razón, Diana Niño, en representación del Ministerio Público, le solicitó al magistrado realizar un test de ponderación; es decir, sopesar si al revocar las medidas de aseguramiento que pesan contra Mancuso y que aseguran el cumplimiento del exjefe paramilitar en los procesos ante ese tribunal de justicia transicional, realmente se lograría un fin mayor: la paz del país.
¿Cumple como gestor de paz?
El 27 de febrero Salvatore Mancuso regresó a Colombia tras haber estado preso en Estados Unidos durante casi 16 años por narcotráfico. Foto: Migración Colombia.
La política de Paz Total, impulsada por el actual gobierno nacional, se oficializó mediante la Ley 2272 de 2022. En esa normativa se indica que podrá haber dos tipos de procesos: de un lado, negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) para alcanzar acuerdos de paz; y de otro lado, acercamientos y conversaciones con estructuras armadas de crimen de alto impacto (EAOCAI) a fin de someterlas a la justicia y lograr su desmantelamiento.
Los diálogos de carácter político, que buscan alcanzar un acuerdo de paz, se pueden adelantar sólo con grupos que tienen “un mando responsable” y ejercen “sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, como es el caso de los GAOML. Para las EAOCAI, grupos de personas organizadas en una estructura jerárquica, la situación es otra: las conversaciones no parten de reconocer un carácter político y se distinguen de las negociaciones de paz. (Leer más: en Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)
La Defensoría del Pueblo, tras un análisis del Sistema de Alertas Tempranas, para enero de este año evidenció el crecimiento de la presencia de grupos armados al margen de la ley y bandas criminales en varias poblaciones del país. “Es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo que en el 2022 tenía presencia en 253 pueblos, sin embargo, hoy delinque en 392 municipios de 24 departamentos”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Esta misma situación ocurrió con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el cual pasó de tener injerencia en 189 municipios para 2022 a 231 para el 2023. Así como con el Estado Mayor Central (Emc) y la Segunda Marquetalia que pasaron de 230 poblaciones en el 2022 a 299 el año siguiente. Y precisó que “las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, no obstante, en el 2023 su presencia se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos”.
Frente a este panorama de grupos y estructuras ilegales en el país, varios expertos se preguntan con cuál de estos Mancuso entraría a jugar un papel protagónico en las negociaciones o acercamientos y conversaciones en su papel de gestor de paz.
“Todo es muy confuso. Y en esta confusión ha jugado un rol importante el gobierno que no ha sido claro al comunicar cuáles funciones y con qué organizaciones entraría Mancuso a cumplir su gestoría”, señaló el experto en conflicto armado y docente de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos. “Como no hay una comunicación del Alto Comisionado para la Paz diciendo qué va a hacer Mancuso, dónde y cómo lo va a hacer, se abre todo un escenario de especulación”, dijo.
Los dos grupos con los que se especula Mancuso podría ser ficha clave para diálogos de paz o acercamientos son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y las Agc, organizaciones que, según recuerda Trejos no tienen mesa de negociación con el gobierno por estar fuera de la Paz Total.
En entrevista con Caracol Radio el 28 de febrero alias ‘Jerónimo’, líder político de las Agc, descartó que el exjefe de las Auc representa a su organización: “En ningún momento hemos autorizado al señor Mancuso para que obre como vocero, gestor o facilitador de nuestro ejército. Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno y ninguna designación tiene de nuestra parte”, expresó.
Por su parte las Acsn —que tomaron el control de las rentas criminales que el Bloque Norte de las extintas Auc, el cual comando Mancuso en las zonas de Magdalena y La Guajira— pidieron al exjefe paramilitar gestionar diálogos de paz con el gobierno nacional, pero no fue nada formal. “A juicio de la Procuraduría, ‘representación’ que pondría en tela de juicio los compromisos de Salvatore Mancuso en el proceso de Justicia y Paz”, señaló la procuradora Niño en su intervención en la audiencia del 6 de marzo.
Para la Procuraduría, si Mancuso llegara a asumir esa vocería, debería investigarse si es el caso que nunca hubo desvinculación total con las estructuras criminales. Sin embargo, durante la diligencia, Mancuso reconoció que ni el gobierno ni los grupos rearmados posterior a las Auc lo han nombrado vocero ni miembro representante de esas estructuras ilegales. “Lo que me han solicitado es que gestione como gestor de paz la facilitación de diálogos que conduzcan a una negociación que los lleve a la desmovilización”, expresó.
En respuesta del 11 de mayo a algunas dudas de la la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) precisó que “la designación de gestores de paz se restringe a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), dicha designación surge en el marco de una mesa de diálogo con un grupo rebelde”.
De esta manera, según las leyes que regulan la figura de gestor de paz, el único camino que podría justificar la designación de Mancuso se encuentra con los GAOML, pero como lo aclaró alias ‘Jerónimo’, no sería a través de las Agc. “Mancuso no es miembro de un grupo armado organizado que esté operativo, sino que él fue miembro de una organización que hoy ya no existe”, precisa Trejos. “Si nos pegamos a la ley, no es coherente (la designación de Mancuso)”, concluye, pues formalmente no representa a ningún grupo al margen de la ley.
Bajo su anunciada intención de contribuir a la paz del país, el exjefe paramilitar podría optar por figurar como “facilitador de paz”, con la que, según el Decreto 601 de 2020, tras la designación hecha por el alto comisionado para la Paz, una persona puede contribuir a verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, y de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Sin embargo, este tipo de designación no suspendería los procesos judiciales que pesan contra Mancuso.
Un miembro del equipo de defensa de Mancuso dice que su experiencia como comandante de las extintas Auc le da el “suficiente criterio para poder ser un gestor de paz”.
“Es innegable que varios de los postulados que hicieron parte de Justicia y Paz, en virtud del incumplimiento del gobierno nacional, hacen parte de otras estructuras armadas ilegales”, dice el abogado que pidió anonimato para comentar sobre el tema. Considera que Mancuso tiene la facilidad para acercarse a ellos y lograr diálogos con el gobierno nacional”, señaló.
Además, el vocero se refirió al proceso de Justicia y Paz. “Si bien se desmovilizaron las autodefensas, (…) en la audiencias que hemos celebrado la semana anterior, la Fiscalía y el juzgado manifestaban cuántas sentencias hacían falta para terminar el proceso con el señor Salvatore Mancuso y se hacía referencia a que hacían falta entre 40 y 80 sentencias. Cobra sentido las palabras del señor Presidente de la República, cuando manifestó que lo que quiere (…) es que también se le dé punto final al proceso de desmovilización con las autodefensas”.
En una carta que Salvatore Mancuso hizo pública tras su repatriación al país, el exjefe paramilitar asegura que que junto a otros excomandantes de las Auc está listo para “instalar formalmente (…) la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones de Ralito”.
El Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue el proceso mediante el cual el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y las Auc acordaron la desmovilización de esa confederación de grupos paramilitares, dentro de un proceso que se inició a finales de 2003 y culminó en agosto de 2006. (Leer más: Acuerdo de Santa Fe de Ralito)
Por eso, Trejos se pregunta a qué se refería Mancuso en su carta con “darle cierre definitivo” al Acuerdo de Ralito. El docente cuestiona los posibles mecanismos que podría usar el gobierno para dicho fin y si se trataría de una estrategia para que Mancuso pueda evadir responsabilidades jurídicas que tiene en los tribunales de Justicia y Paz.
“El Acuerdo de Ralito culminó hace más de 10 años, no resulta de recibo como soporte que el papel de gestor de paz, permitiera que ahora sí tenga lugar su ‘cierre definitivo’, bajo el velo de las estructuras criminales que surgieron tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia”, expresó la procuradora Niño en la audiencia del 6 de marzo, advirtiendo que el mensaje que se podría llevar a los miembros de las Auc que no se desmovilizaron o que volvieron a delinquir es que la puerta de la desmovilización paramilitar había quedado abierta.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz no respondió múltiples preguntas enviadas por este portal sobre si existe o se crearía la mesa técnica para “cerrar negociaciones de Ralito” y de ser así, cuál es su objetivo y qué grupos armados o estructuras criminales vincula.
“Es cierto que se han hecho algunas reuniones entre abogados para explorar cuáles son las normas con las cuales podemos contribuir a un decreto reglamentario que nos pueda coadyuvar a que la Ley de Justicia y Paz cumpla su ciclo”, señaló el abogado del equipo legal de Mancuso.
“La intención (…) es ponerle fin a este proceso de Justicia y Paz con las autodefensas que estaba programado para una duración promedio de 10 a 12 años y llevamos 19 años, mal contados. Realmente, no se ha concretado (la mesa) pero las intenciones las hay”, concluyó.
La audiencia ante el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla continuará el 13 de marzo. Allí se espera conocer la decisión del magistrado frente a la solicitud extraordinaria de libertad del exjefe paramilitar de cara a su cuestionada figura de gestor de paz.
