El siguiente es un llamado del Instituto Schiller a movilización internacional para detener el genocidio que viene perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo Palestino en Gaza.
Cortesía de: Sara Madueño Paulet
Si los historiadores tienen la oportunidad de mirar hacia atrás a la especie humana en el 2024, sin duda van a considerar este período como un momento decisivo de la historia. No, no por un enfrentamiento entre lo que llaman «democracia» y lo que llaman «autocracia», ni entre valores «liberales» y «tradicionales». Ni por una «guerra cultural» o una lucha por nuestras identidades nacionales o personales. Este momento definirá un período porque es el final de un sistema que ya no puede seguir existiendo…
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó el 26 de enero del 2024 que es plausible que Israel esté llevando a cabo enérgicamente un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, como acusa el gobierno de Sudáfrica.
La CIJ ordenó además que «terceros Estados deben, por lo tanto, actuar también de manera independiente e inmediata para impedir el genocidio por parte de Israel y asegurarse de que ellos mismos no están violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio al ayudar o asistir en la comisión del genocidio. Esto impone necesariamente a todos los Estados la obligación de dejar de financiar y facilitar las acciones militares de Israel, que son plausiblemente genocidas», como declaró el 31 de enero la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor.
Las sentencias de la CIJ son vinculantes para los gobiernos participantes y los funcionarios responsables de esos gobiernos, y se le dio a Israel 30 días para informar a la Corte y documentar su cumplimiento de la Orden de la Corte.
En vez de seguir los requisitos de la Corte, Israel y sus principales aliados internacionales han despreciado arrogantemente esas sentencias desde el momento en que se emitieron el 26 de enero de 2024.
El mismo 26 de enero, el día en que se emitió la Orden de la CIJ, los gobiernos de Israel y Estados Unidos se confabularon para suspender todo el financiamiento a la UNRWA —que proporciona la gran mayoría de la ayuda humanitaria de vida o muerte a Gaza— con base en un dudoso expediente israelí que acusaba a una docena de empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA), (de los 13.000 que hay en Gaza y de los 30.000 que hay en la región) de trabajar con Hamás, un expediente secreto que aún no se ha hecho público.
Un total de 17 países, además de la Unión Europea (Estados Unidos, Alemania, Suecia, Japón, Francia, Suiza, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Australia, Italia, Austria, Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia, Rumanía y Estonia), han congelado ya su financiamiento a la UNRWA, con lo que se garantiza que la amenaza de hambruna que acosa ahora a 2,3 millones de personas en Gaza se convierta en una verdadera inanición con cientos de miles de muertos, al desaparecer totalmente el financiamiento de la UNRWA a finales de febrero.
El 30 de enero, el Ministerio de Defensa de Israel anunció que estaba inundando los túneles de Gaza con agua de mar, lo que previsiblemente no sólo matará a Hamás y a los rehenes por igual, sino que también destruirá la posibilidad de tener agua dulce o agricultura en la región durante décadas.
Desde el 4 de febrero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran en las afueras de Rafah, en el sur de Gaza, preparándose para lanzar un asalto militar a gran escala contra más de un millón de palestinos desesperados a los que las FDI han expulsado a este lugar desde otras partes de Gaza, con el fin de imponer una política que la CIJ ha calificado de «genocidio plausible» y que por lo tanto, podría terminar siendo la «solución final al problema palestino».
Las fuerzas militares combinadas de Estados Unidos y el Reino Unido —los dos países que más directamente son responsables de financiar, armar y desencadenar la actual guerra de despoblación israelí contra Palestina— lanzaron ataques aéreos durante el fin de semana del 3 y 4 de febrero contra «objetivos enemigos» seleccionados en Yemen, Iraq y Siria, con la intención manifiesta de transmitir un mensaje de «conmoción y pavor» para aterrorizar al mundo entero hasta la sumisión.
Estos acontecimientos amenazan ahora con extender la guerra en el Sudoeste de Asia a Irán y sumir a toda la región en una guerra que podría convertirse rápidamente en una Tercera Guerra Mundial nuclear. Por lo tanto, es necesario que emprendamos de inmediato las siguientes acciones:
1) MANIFESTACIONES: Deben realizarse manifestaciones en todo el mundo frente a las embajadas o consulados de los 18 países que han congelado el financiamiento a la UNRWA, exigiendo que restablezcan inmediatamente ese financiamiento, aumenten significativamente el flujo de ayuda humanitaria a Gaza, que se produzca un cese al fuego inmediato y permanente, y convoquen una conferencia internacional para desarrollar medidas concretas hacia el establecimiento de una solución de dos Estados para la región basada en el desarrollo económico mutuamente beneficioso;
2) RESOLUCIONES DE CESE AL FUEGO: Los ayuntamientos y las asambleas legislativas estatales de todo Estados Unidos, y los órganos electos de todos los países del mundo, deben seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, que el 31 de enero aprobó una resolución que establece que «apoyamos la aplicación por parte de las Naciones Unidas de la Resolución 377, conocida como ‘Unidos por la Paz’, que convocó una sesión de emergencia de la Asamblea General que votó a favor de un ‘cese al fuego humanitario inmediato’ en Gaza».
3) CONTACTAR REPRESENTANTES ELECTOS: Debería decirse a todos los congresistas y senadores de Estados Unidos que serán expulsados de sus cargos si no expresan públicamente su adhesión tanto a la Constitución de Estados Unidos como al derecho internacional que esta nación ha suscrito (incluidas las decisiones de la CIJ), que exigen ahora que se actúe para detener el genocidio antes de que vaya a más. También debe requerirse a los funcionarios electos de otros países que cumplan sus correspondientes obligaciones legales y morales.
Todos los gobiernos del mundo, todos los funcionarios públicos, están ahora sobre aviso: No sólo es cierto que «deberían haber sabido» lo que estaba ocurriendo en Gaza durante su gestión; ahora lo saben. Y la historia, y probablemente el Tribunal de Núremberg venidero, les juzgará en consecuencia.