Este año se cumplen 22 años de la creación de la infame prisión de Guantánamo en el territorio ocupado ilegalmente por Estados Unidos en Cuba. En 2002 el exmandatario George W. Bush abrió la cárcel, y hace trece años el expresidente Barack Obama firmó una orden para su desmantelamiento, pero el campo de concentración sigue activado.

A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos decidió abrir un centro de detención en la Base Naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. El gobierno de Estados Unidos consideró que mantener a los detenidos fuera del territorio estadounidense privaría a las cortes federales de jurisdicción respecto de las denuncias de los detenidos. Siete años después esta premisa fue declarada inconstitucional.

El expresidente Barack Obama dijo que Guantánamo «es una instalación que nunca debió haberse abierto [y] que se ha transformado en todo el mundo en un símbolo de un Estados Unidos que menosprecia el estado de derecho», pero no la cerró. El hecho de que un Estado se enfrente al terrorismo no debe dar a lugar a que se restrinja la protección de la integridad física de la persona.

Lejos de ser un símbolo de la democracia, la Casa Blanca se ha convertido en el emblema de la violación a los derechos humanos. 22 años después, un grupo de activistas sigue denunciando la existencia y operaciones de la infame prisión de Guantánamo, un territorio ilegalmente ocupado por EEUU en Cuba, pero que sirve como un centro de torturas y horror.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Gobierno de Estados Unidos autorizó el uso de «técnicas de interrogatorio reforzadas», las cuales incluían confinamiento estrecho, la técnica de pared, posiciones de estrés, privación del sueño, «submarino», privación sensorial, golpizas brutales, descargas eléctricas, hipotermia inducida, submarino seco, entre otros tipos de tortura.

Dos meses después de la apertura de las instalaciones en Guantánamo, la CIDH fue la primera instancia internacional en llamar a Estados Unidos a tomar medidas urgentes para respetar los derechos fundamentales de los detenidos y fue el primer órgano cuasi-jurisdiccional en pedir el cierre de Guantánamo.

La alimentación forzada se ha utilizado en las huelgas de hambre iniciadas por los prisioneros como protesta. Un juez estadounidense describió la alimentación forzada como un «proceso doloroso, humillante y degradante». Adnan Farhan Abdul Latif, quien describió la alimentación forzada como «que te metan una daga por la garganta», se suicidó en Guantánamo en 2012.

Desde 2002, más de 779 personas han pasado por estas instalaciones. Bajo la justificación de la supuesta «Guerra contra el Terror» y posteriormente, so pretexto de la Seguridad Nacional, el gobierno estadounidense ejerce la muerte, tortura y el terrorismo de estado. Una escena que los medios corporativos prefieren callar. Treinta varones musulmanes entrados en años, dañados física y psicológicamente, continúan retenidos en esta prisión-campo de concentración.

El 93% de los detenidos no fueron detenidos por EEUU, sino vendidos o entregados a cambio de una recompensa en metálico. Veintidós niños y adolescentes fueron detenidos: Omar Khadr, de 15 años se le negó atención médica, se lo mantuvo en una celda con perros feroces, se lo amenazó con abuso sexual y su cabeza estuvo cubierta con una bolsa de plástico.

La enmienda Platt

Un año antes de la declaración de independencia cubana, el congreso de Estados Unidos votó la Ley de los Presupuestos del Ejército de los Estados Unidos. Dicha legislación tenía un añadido, la Enmienda Platt. Este texto, ideado por el senador Orville H. Platt, fue agregado también en la Constitución de Cuba, escrita en 1901, y le otorgaba a EEUU el derecho de intervenir militarmente en Cuba siempre que lo creyera adecuado, lo que significaba mayor influencia en el día a día político de la isla.

Estados Unidos hizo foco en un pedazo de tierra particular: la bahía de Guantánamo, a 945 kilómetros de La Habana, casi en el extremo sudeste de la isla, y firmó un contrato de alquiler por el territorio de 117 kilómetros cuadrados, entre tierra firme, mar y pantanos, convirtiéndolo en una extensión de su territorio donde construyeron una base naval y la rodearon con todo tipo de comercios.

A lo largo de su historia, allí hubo locales McDonald’s, KFC, Starbucks, Pizza Hut y Taco Bell en Guantánamo. La presencia estadounidense adquirió mayor contraste a partir del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la revolución cubana. Desde 1903, EEUU pagó a Cuba una suma aproximada a los 2 (dos) mil dólares anuales por el arrendamiento de Guantánamo.

En 1973, tras una suerte de revalúo interno, un ajuste del que no participaron autoridades cubanas, el valor del arrendamiento fue actualizado a 4.085 dólares por año. En 1959, tras la revolución, Fidel Castro dejó de cobrar los cheques a modo de protesta hacia la ocupación ilegal de la bahía.

Los sucesivos gobiernos estadounidenses -tanto republicanos como demócratas-, desoyeron las quejas internacionales, principalmente relacionadas con Derechos Humanos, en las que se señalaba que la cárcel de Guantánamo funcionaba como «un agujero negro legal».

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, demandó a Washington el cierre de la Base Naval estadounidense en Guantánamo y la devolución de ese territorio ocupado de forma ilegal a la isla. Asimismo, denunció la permanencia de 30 prisioneros en esa cárcel, detenidos de forma arbitraria, sin juicio o debido proceso, víctimas de torturas y tratos denigrantes que violan los Derechos Humanos.

La base

La base naval de Guantánamo abarca un área de 117,6 kilómetros cuadrados del territorio nacional de Cuba, usurpado desde 1903 en contra de la voluntad de su pueblo. El enclave militar comenzó sus operaciones en diciembre de 1903 como escenario de entrenamiento y preparación de la flota norteamericana.

Año tras año el gobierno cubano reitera el rechazo a la presencia militar estadounidense en Cuba y demanda que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado en la provincia de Guantánamo. Una evaluación de Naciones Unidas realizada a la cárcel militar en territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo, Cuba, determinó en junio pasado que es prioritario su cierre debido a las injusticias cometidas allí.

La relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, conoció a algunos de los prisioneros gracias a una visita realizada al sitio, y constató que todos ellos viven con daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de tortura y detención arbitraria.

Explicó en un comunicado que «para muchos, la línea divisoria entre el pasado y el presente es sumamente delgada y las experiencias pasadas de tortura viven en el presente, sin un final evidente a la vista». La relatora especial llamó el gobierno estadounidense a garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional. «Ha llegado el momento de deshacer los legados de excepción y discriminación perpetuados por la existencia continua de Guantánamo», puntualizó.

Pero ¿qué se puede esperar de un gobierno y una administración que financia y apoya abiertamente el genocidio y un nuevo intervencionismo bélico? Esta vez en Yemen, uno de los países más pobres de la tierra. En este sentido, Guantánamo, la tortura, sus abusos y terrible historial, se convierten en solo una de las aristas de cómo Estados Unidos pretende ignorar la existencia de los DDHH y el derecho internacional.

La base naval estadounidense de Guantánamo tiene un aire de película. La entrada en ella desde el aeropuerto, en un ferry que atraviesa la bahía cristalina en un paisaje de postal. La zona residencial, con su campo de béisbol, su McDonald’s, el pub irlandés y cines al aire libre, podría ser una versión tropical de la pequeña ciudad provinciana de Regreso al Futuro.

Pero las barreras que impiden el paso, los puestos de control y las constantes patrullas de la policía militar recuerdan que detrás de las vallas, se esconde la cruel realidad. Oculto de la vista, separado físicamente del resto de la base y relegado en las noticias, el penal de Guantánamo, sinónimo de algunos de los peores abusos de EE UU en su llamada guerra contra el terrorismo, sigue abierto.

Hasta 779 varones musulmanes llegaron a ser capturados y trasladados en secreto, encapuchados y esposados, a esta cárcel. El entonces presidente George W. Bush ordenó crearla como reacción a los atentados del 11 de septiembre en 2001, para alojar a terroristas «combatientes enemigos» sin la obligación de ofrecerles las garantías a las que tendrían derecho como prisioneros en suelo estadounidense.

La inmensa mayoría de los internos no tenía nada que ver con aquellos ataques, la red Al Qaeda o el terrorismo islámico. Muchos fueron vendidos por un puñado de dólares a la CIA. Cada uno, apunta la relatora especial de la ONU para los derechos humanos y el contraterrorismo Fionnuala Ní Aolaín, en su informe publicado en junio último, «vivió o vive sus propias experiencias indelebles de trauma psicológico y físico tras soportar profundos abusos de sus derechos humanos».

El «terrorismo» islámico

Ha desaparecido el miedo a un súbito ataque del terrorismo islámico sobre esta esquina de Cuba. Acaban de eliminarse las patrullas navieras de soldados armados con rifles de asalto que recorrían sus aguas y que eran una de sus imágenes más características. En esta base, donde residen cerca de 6.000 personas ―soldados y civiles―, 800 desempeñan trabajos relacionados con la cárcel. La mitad que hace tres años, pero la cifra que arroja una proporción de casi 27 por cada preso.

Guantánamo tiene para Estados Unidos un costo de 13 millones de dólares (11,8 millones de euros) por preso, sin dudas la más cara del mundo. Allí no está permitido tomar imágenes de las caras de ningún militar, ni de ningún tipo de infraestructura. Muchos soldados no quieren que se sepa que prestan servicio allí: los avergüenza.

«Puede que el nombre de Guantánamo quede siempre como sinónimo del uso sistemático de las capturas ilegales (rendiciones), tortura y detención arbitraria», declaraba Ní Aolaín en una rueda de prensa en Nueva York.

El Campo Rayos X es un recordatorio permanente de todo lo que pasó. En el noroeste de la base, fue la primera prisión que se construyó. Se levantó a toda prisa. El resultado: jaulas de apenas dos por dos metros, a cielo abierto, bajo el inclemente sol del Caribe. En cada una, dos cubos. Uno con agua, otro para las heces. Y nada más en ellas. Se utilizó durante cuatro meses, antes de trasladar a los prisioneros a estructuras más permanentes.

Hoy es un campo abandonado, que los medios de comunicación solo pueden ver de lejos. Unas espesas alambradas de espino demarcan aún las distintas zonas. Las techumbres de las torretas de vigilancia, de las celdas y salas de interrogatorio – «cajas de madera» las describe Mark Fallon, antiguo investigador sobre Al Qaeda en la era más brutal y que denunció en su día las torturas ante las autoridades.

El resultado fue un uso y abuso generalizado de la tortura, la simulación de ahogamientos (submarinos), golpizas al por mayor, privación extrema de sueño, violaciones anales.

Mark Fallon, entonces jefe de una unidad de investigación en Guantánamo, confirmaba en un reciente testimonio judicial, la existencia de una cultura del maltrato que se había generalizado para el verano de 2002 entre una unidad de la inteligencia militar.

Denunciaba los esfuerzos para inducir un sentimiento de extrema desorientación, uso de perros para intimidar, posiciones dolorosas forzadas. La interrupción del sueño era «rutina dentro del campo», declaraba este testigo ante el tribunal militar en una audiencia preliminar -también en una zona acotada y aislada del resto de la base, el Campo Justicia- sobre el caso de Abdelrahman al Nashiri, sospechoso de perpetrar el atentado contra el destructor USS Cole en el año 2000, con un saldo de 17 muertos y 40 heridos, en aguas cercanas a Yemen, país al que ahora bombardea Estados Unidos.

«La cárcel de Guantánamo sigue abierta no por lo que esta gente nos ha hecho a nosotros. Sigue abierta por lo que nosotros les hemos hecho a ellos», declaró Fallon. «El Gobierno sigue intentando esconder, cubrir con rotulador negro y clasificar cualquier cosa que lleve a la rendición de cuentas por parte de aquellos implicados en el programa de torturas, así como los que lo defendieron».

Las denuncias sobre lo que ocurría en esas celdas llevaron al entonces candidato presidencial Barack Obama a anunciar que cerrar la cárcel sería su primera medida en la Casa Blanca. No lo logró nunca. Su sucesor, Donald Trump, prometió en cambio llenarla de «mala gente» … y tampoco lo concretó.

El actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, se comprometió a clausurarla. De momento, solo ha podido excarcelar a diez reos. El último de ellos es Said bin Brahim bin Umran Bakush, trasladado a Argelia en abril de 2023. Los 30 restantes continúan en distintas modalidades de limbo jurídico.

779 presos, pero apenas dos condenas

Solo dos de los 779 presos han sido condenados y cumplen su sentencia en la base en suelo cubano. Junto a ellos, otros tres están catalogados como «combatientes enemigos» y se les apoda «los prisioneros eternos»: no se les llevará a juicio ni Estados Unidos les quiere liberar, aunque su estatus está sometido a revisiones periódicas.

Otros 16 han recibido autorización para ser trasladados a un tercer país, pero no hay muchos que quieran aceptarlos. Nueve están pendientes de unos juicios sobre sus causas ―la bomba en el Cole, el 11-S, el atentado contra una discoteca en Bali― pospuestos durante la pandemia, que se enredan en recurso tras recurso y que nunca terminan de llegar.

Anthony Natale, jefe del equipo de abogados que defienden a Al Nashiri, señala que «es un sistema que se creó para no ofrecer ninguna de las garantías que tendría el sistema judicial estadounidense, o incluso un tribunal militar. Y se hizo de manera intencionada. Se decidió que las audiencias se celebraran en Guantánamo porque creían que era un lugar fuera de las protecciones de la Constitución», explica.

«Casi todo el material relevante está clasificado. Tratan de evitar que podamos acceder a la información. Y tenemos que estar litigando constantemente por cosas sobre las que no habría por qué si estuviéramos en un tribunal normal. Si añadimos las distancias logísticas para cualquier trámite, tenemos la receta perfecta para un sistema injusto», añadió.

Dos décadas después de su llegada a Guantánamo, esos 30 presos son hoy personas entradas en años, con problemas de salud físicos y mentales, causados tanto por su edad como por los malos tratos y torturas padecidas. Estos reos muestran signos de «envejecimiento acelerado, empeorado por los efectos acumulados de sus experiencias y los años pasados bajo detención», según el alto funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja, Patrick Hamilton, que visitó las instalaciones en marzo.

Ní Aolaín denuncia que «la arbitrariedad se filtra en toda la infraestructura de detención de Guantánamo, haciendo a los detenidos vulnerables a los abusos de derechos humanos y contribuyendo a condiciones, prácticas y circunstancias que llevan a una detención arbitraria». Varios procedimientos, como el referirse a ellos por número y no por nombre, o el uso «desproporcionado» del confinamiento en solitario, «constituyen, como poco, un tratamiento cruel, inhumano y degradante».

Es difícil prever cómo pueda resolverse la situación dado que el gobierno de Estados Unidos no quiere ir a ningún juicio, porque «quieren esconder la tortura, y lo sistemática, lo omnipresente y lo horrible que fue. Hay cosas que no puedo describírselas: están clasificadas», señala Di Natale.