“En consecuencia, el papel de la prensa ha cambiado radicalmente. Ya no consiste esencialmente en debatir, sino en interpretar y contribuir a apuntalar las decisiones del gobierno con los argumentos que este puede aportar.”

Max Ruchner, Neue Zürcher Zeitung, octubre 1933

La frase del epígrafe no está extraída del Decreto 117/2024 con el que Milei ha intervenido los medios públicos de Argentina. Pertenece al comentarista de un periódico suizo, que explica con esas palabras la Ley Alemana para Editores, sancionada algunos meses después que Hitler lograra mediante la Ley Habilitante, en Marzo de 1933, la cesión del poder legislativo en su persona, quebrando la separación de poderes. ¿Coincidencias históricas fortuitas o habitual proceder autocrático?

El decreto actual, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, ordena la intervención de las sociedades del Estado Educ.Ar, Télam, Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos por un período de un año, con la posibilidad de ser extendida.

Las nuevas autoridades estarán facultadas para modificar la estructura orgánica y funcional, los contratos del personal, como así también revisar la administración de compras y contrataciones. La disposición apunta a achicar la estructura (“racionalizar” en la jerga neoliberal), es decir, despedir, anular programas y proyectos, incluso cerrar dependencias, para hacer más apetecible la venta a posibles inversores. Entre estos, como no podía ser de otra manera, ya se menciona al grupo hegemónico de medios Clarín, quien ya ostenta una posición dominante en televisión abierta y por cable, radio y prensa escrita, además de sus negocios en telefonía móvil y fija y conectividad a Internet.

Más allá del sesgo mercantil privatizador, la medida tiene como objetivo disciplinar a las y los periodistas de la esfera pública, bajo la amenaza explícita de perder su fuente de trabajo. El rótulo de ñoqui[1], casta, periodista militante, incluso golpista, serán algunos de los estigmas utilizados para acallar cualquier voz crítica a la política del gobierno, por medio de censura explícita o autocensura.

Pero el ataque a la libertad de expresión y la pluralidad informativa en Argentina no se restringe a esta ofensiva contra los medios públicos y sus trabajadores. El desprecio por la democracia comunicacional por parte del actual gobierno es total y se desenvuelve en varios frentes.

La desfinanciación

Una de las primeras medidas de la administración Milei fue proclamar la eliminación total de la pauta oficial en medios de comunicación por un año. El recorte, anunciado como parte de la política de austeridad, no afecta por igual a medios privados y a medios comunitarios. Si bien la propaganda oficial de los gobiernos anteriores era mayoritariamente dirigida a la esfera privada y a los medios digitales, la dependencia de estos fondos de los medios que no operan bajo la primacía del lucro, es mucho mayor.

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan Delú, precisó al respecto: “Con este argumento – de que no hay dinero en el Estado – va a haber algunos grupos que van a seguir siendo financiados de otras maneras y los que van a caer son otros sectores. Vamos hacia la monopolización de la información en el discurso público”.

Es un hecho por demás conocido el modo en que determinados periodistas y medios favorables al poder, además de la publicidad paga por grandes empresas, reciben oscuras contribuciones, bajo la supuesta realización de consultorías o asesorías, o simplemente en sobres que nadie envía, controla o recibe, al menos formalmente.

Al mismo tiempo, la llamada “Ley ómnibus” incorporó en su articulado móvil – determinado por la negociación de votos en el Congreso – la supresión del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que promociona proyectos de comunicación populares, comunitarios, cooperativos, asociativos, rurales y de pueblos originarios y representa una piedra angular en su financiamiento.

La intención de cercenar la pluralidad informativa queda de manifiesto al precisar que este fondo, creado a partir de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 durante el mandato presidencial de Cristina Fernández, es sustentado por un impuesto que pagan todos los medios de comunicación, o sea, no representa una erogación extra del tesoro nacional.

Asimismo, el mamotreto de ley “Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” (o “ley Ómnibus”, por su extensión y las materias sobre las que pretende legislar, varias de ellas contrarias a la actual Constitución Nacional) también expresa la intención de eliminar la Defensoría del Público de Servicios Audiovisuales, mediante la derogación de los artículos 19 y 20 de la mencionada Ley 26.522 (Ley de Medios).

En su presentación ante la CIDH y la Relatoría sobre Libertad de Expresión, la Defensoría manifestó que “De prosperar esta propuesta legislativa, implicará una vulneración del principio de no regresión en materia de derechos humanos y en especial una afectación a los derechos a la libertad de expresión de las audiencias”.

Enredar, desinformar y reprimir  

Los vehículos de propaganda y contrapropaganda preferidos por el nuevo gobierno son las plataformas digitales, las mal llamadas “redes sociales”, en realidad propiedad de poderosos conglomerados económicos transnacionales.

En este campo, el gobierno ha contratado un gran número de operadores digitales (los famosos trolls), que atacan de manera instantánea cualquier crítica, bajo cuentas anónimas o simulando ser activistas, lo que sin duda está a su vez sustentado por la contratación de aplicaciones y empresas de monitoreo sobre las publicaciones que se realizan en esas plataformas.

Además del dominio del relato público, el control persigue fines aún más funestos. Tal como lo develó un “tuit” (luego borrado) en la cuenta verificada de la actual ministra de Seguridad, que señalaba que se investigará la fuente de los ataques dirigidos al presidente por esa red y “con las fuerzas armadas, si es necesario, entraremos en cada casa para verificar la tenencia ilegal de cualquier tipo de armas que puedan atentar contra la república”. Discurso tenebroso que devela sin cortapisas la dirección mental y política de quien los escribe o mandata.

Lejos de cualquier especulación interpretativa, el protocolo indicado por la ministra Bullrich escaló, en la segunda sesión del debate de la Ley Ómnibus, en represión a los periodistas que intentaban cubrir la movilización de protesta en las afueras del Congreso y en otros manifestantes. El saldo fue de casi una cincuentena de heridos.

Por otro lado, la comunicación gubernamental, además de las ruedas de prensa que brinda el vocero Manuel Adorni, se dirige fundamentalmente a través de la red X a los partidarios de Milei, que devuelven loas a su accionar, fortaleciendo el efecto burbuja característico. Con sus mensajes por esa red, hoy propiedad exclusiva del magnate sudafricano Elon Musk, el presidente emula la conducta del expresidente y hoy nuevamente precandidato republicano Donald Trump o al recientemente reelecto Nayib Bukele, todos reconocidos defensores del culto a la democracia unipersonal, si es que cabe tal cosa.

El mencionado Musk es, por otra parte, uno de los principales interesados en comprar – a un precio conveniente, bajo o vil, se entiende – ARSAT, empresa del Estado Argentino que brinda servicios de transmisión de datos, telefonía y televisión, garantizando soberanía comunicacional y acceso a la conectividad orientada a la equidad social.

De este modo, en medio de un panorama de confusión generalizada, que el actual gobierno libertario incrementa intencionalmente, una cosa queda más que clara. En lo que respecta a la comunicación, la libertad no solo no avanza, sino que está siendo dada de baja.

Corolario al término de edición

Mientras el cronista se esforzaba en dar las últimas pinceladas a la nota, en la sesión de la Cámara de Diputados se definió el regreso de la ley Ómnibus a comisión, por divergencias en la aprobación de su texto en detalle, frenando así, al menos de momento, su media sanción, previa a pasar para su tratamiento a la Cámara de Senadores.

Entre tanto, el presidente argentino lloraba en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Se desconoce a estas horas si su llanto tiene relación con la oposición que sus políticas suscitan, o proviene de un real arrepentimiento por acciones anteriores.

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[1] El ñoqui (gnocchi en italiano) es una pasta que suele consumirse en los hogares argentinos los días 29 de cada mes, ya que es barata y, por tanto, apta para los últimos días del mes, en que los ingresos familiares han mermado (en la actualidad, habría que comerla más seguido…). Con este mote peyorativo, se hace referencia a aquellos empleados acomodados que aparecen una vez al mes en sus lugares de tareas, en fecha cercana al cobro.