En los tranquilos y plácidos pasajes del cementerio de Santa Catalina en Ceuta, situado en el patio de Santa Beatriz de Silva, se extiende un interminable pasillo flanqueado por dos hileras de lápidas, en el que se descubre un enigmático laberinto de mármol. Este está adornado con nombres, apellidos y ornamentos que evocan el recuerdo de quienes ya no están. Más allá de esta hilera, en la parte más elevada, yacen tumbas meticulosamente numeradas, selladas con el frío abrazo del cemento. Estos nichos carecen de nombres o jarrones con flores que evoquen a las almas que reposan en su interior. Mirando hacia el estrecho, se observan los sepulcros de migrantes que fallecieron intentando alcanzar la orilla de la playa del Tarajal en Ceuta, así como de otras personas que sufrieron igual destino. Estas son tumbas anónimas. Allí yacen cinco de las quince personas que, el 6 de febrero de 2014, intentaron nadar hasta la playa del Tarajal en Ceuta, ubicada en el límite entre Marruecos y España.

Los impedimentos para identificar los cuerpos de las víctimas del Tarajal

Solo se ha conseguido identificar el cuerpo de Nana Roger Chimie, un joven camerunés; los demás restos sepultados en el lugar continúan sin identificación, a pesar de los esfuerzos de familiares y abogados de Samba, Larios y Ussman Hassan para esclarecer la identidad de los cuerpos hallados tras el descubrimiento de Nana, que yacen allí enterrados. Patricia Fernández Vicent, abogada de la Coordinadora de Barrios, confirma que “Nana fue identificado porque su cuerpo se encontró solo dos días después de los hechos y por los objetos personales que llevaba al intentar cruzar el mar hacia España. Además, su estado permitió cotejar sus huellas con las bases de datos de Camerún. Roger descansa en la tumba número 147, la cual se distingue solo por la fecha y la inscripción: “Tarajal 6-2-14”.

Sobre los demás, su identidad sigue siendo un misterio. La abogada añade: “Solicitamos al juzgado pruebas de ADN, las cuales fueron rechazadas con el argumento de que no eran necesarias para esclarecer los hechos, por lo que nunca se realizaron. Asimismo, existe un quinto cuerpo cuya identidad sigue sin conocerse, ya que no se ha efectuado ningún intento formal de identificación”.

Una década después, las familias de las víctimas siguen en busca de justicia, luchando incansablemente por obtener permisos para viajar a Ceuta y poder identificar a sus seres queridos. No obstante, el gobierno español ha denegado repetidamente las visas necesarias para verificar si los restos pertenecen a alguno de los familiares aún desaparecidos.

Tres años después de los sucesos, las familias de las víctimas de El Tarajal fueron escuchadas en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el aniversario. Una docena de padres, madres y hermanos de los fallecidos en la playa ceutí participaron a través de videoconferencia en un acto conmemorativo. “¡Queremos que se haga justicia, que sus muertes no queden impunes!”, exclamó la madre de uno de los jóvenes fallecidos desde Duala, Camerún, durante el tributo.

Los familiares de los jóvenes fallecidos continúan exigiendo saber la verdad de lo ocurrido, reclamando justicia para que esos actos no queden en el olvido y sin responsables. “Solo buscaban una vida mejor para sus familias”, relata uno de los familiares.

Diez años sin que nadie se haga responsable

Diez años después de las muertes y tras ocho años de proceso judicial, el caso no ha llegado a juicio, siendo archivado en tres ocasiones por la jueza instructora. La situación judicial del caso Tarajal ha sido compleja y prolongada. Inició en febrero de 2015 cuando el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Ceuta citó a 16 guardias civiles implicados, con las ONGs CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatori DESC actuando como acusación popular.

En las dos primeras instancias de archivo, en 2015 y 2018, la jueza concluyó que se habían efectuado todas las diligencias de instrucción posibles, sin hallar pruebas de actividad delictiva por parte de los 16 agentes de la Guardia Civil implicados en los acontecimientos de aquella mañana de febrero de 2014. No obstante, la Audiencia Provincial de Ceuta revocó ambas decisiones en 2017 y 2018, instruyendo a la jueza para que identificara a los cinco fallecidos y recopilara declaraciones de los supervivientes. En octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por prácticas similares en Melilla.

El caso fue nuevamente archivado en enero de 2018, pero tras apelaciones, en agosto de 2018, la Audiencia Provincial de Cádiz decidió reabrirlo, señalando insuficiencias en la investigación. En septiembre de 2019, se procesó a 16 agentes de la Guardia Civil, pero el expediente se cerró por tercera vez en octubre de 2019, lo que provocó nuevas apelaciones. La Audiencia Provincial de Cádiz desestimó los recursos en julio de 2020.

Las ONGs interpusieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue rechazado en mayo de 2022. En julio de 2022, se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, en junio de 2023, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo, abriendo la posibilidad de establecer una doctrina constitucional que proteja los derechos de los migrantes en las fronteras.

A pesar de ser uno de los casos más mediáticos de los últimos años, ni jueces ni fiscales se han pronunciado públicamente durante el proceso, limitándose a referirse a los autos y documentos enviados a las partes. Una fuente judicial explicó a este medio que “fue un caso inusual, ya que fue la primera vez que se enfrentaron a un asalto marítimo en grupo”. Además, destacó que las cuestiones legales son complicadas, ya que se debe determinar “si existe una responsabilidad compartida en los delitos imprudentes y cuál fue la participación específica de cada guardia civil. Esto se debe a que las sanciones no pueden aplicarse a grupos, lo que plantea cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica”.

Qué pasó la madrugada del 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal en Ceuta

En la madrugada del 6 de febrero de 2014, unas 400 personas intentaron superar la valla fronteriza que separa Marruecos de Europa. La Guardia Civil, desplegada en todo el perímetro fronterizo, intentó impedir que el grupo entrara en Ceuta usando material antidisturbios, bolas de goma, gases lacrimógenos y detonaciones de ruido.

Al menos 15 personas murieron y muchas más resultaron gravemente heridas. Aquellos que sobrevivieron y lograron llegar al lado español de la playa del Tarajal fueron inmediatamente devueltos a Marruecos. A la mañana siguiente, se encontraron 14 cuerpos, 5 en España y 9 en Marruecos. Oficialmente, 23 personas fueron devueltas a Marruecos, y solo una persona fue declarada desaparecida.

Según las ONGs personadas en la acusación popular contra los guardias civiles, “muchos testimonios de supervivientes y testigos, junto con vídeos policiales difundidos por la Guardia Civil, demuestran que la Delegación del Gobierno en Ceuta tenía conocimiento en todo momento de que se había activado el nivel máximo de alerta, que incluía la movilización de diversas unidades de la Guardia Civil equipadas con equipos antidisturbios”. Esta alerta se activó para impedir que el grupo de unas 400 personas lograran entrar en territorio español. Eran aquellos que habían conseguido eludir los controles de las fuerzas marroquíes en los bosques cercanos a la frontera de Ceuta y llegar hasta la playa, en zona marroquí, donde se lanzaron al mar. Según los testigos, aproximadamente 1.500 personas, en su mayoría subsaharianas, intentaron entrar en Europa esa madrugada, pero solo esos 400 lograron acercarse.

La Guardia Civil enfrentó al grupo con material antidisturbios mientras nadaban hacia la orilla, lanzando botes de humo y pelotas de goma desde el espigón. Esta acción no fue reconocida inicialmente por el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, y posteriormente por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien negó el uso de material antidisturbios en el agua, atribuyendo la responsabilidad de las muertes a las fuerzas marroquíes.

Las mentiras del Ministerio del Interior

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en aquel momento, compareció una semana después en el Congreso admitiendo el uso de material antidisturbios de manera disuasoria, pero apuntando hacia el agua. Estas explicaciones surgieron tras la difusión de imágenes que mostraban a los agentes de la Guardia Civil utilizando “145 balas de goma y cinco botes de humo” para impedir que los inmigrantes llegaran a España, disparando hacia la posición donde nadaban, mientras eran perseguidos por una patrullera marroquí. En la misma comparecencia, el ministro lamentó las muertes de las 15 personas en la playa del Tarajal, pero, como le interpeló un diputado de la oposición, no pidió perdón a las familias de las víctimas como máximo responsable político de la Guardia Civil.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el Congreso, declaró que ninguno de los jóvenes que llegaron a la orilla española resultó herido y que la Guardia Civil solo había disparado cuando estos estaban aún en aguas marroquíes, suavizando la actuación desde el espigón. Sin embargo, surgieron preguntas: ¿Por qué nadie intentó rescatar a los que se estaban ahogando? ¿Por qué no se avisó a Salvamento Marítimo y a la Cruz Roja? El Gobierno del PP, a través del ministro, oficializó la versión de los hechos y rechazó la petición de abrir una comisión de investigación que la oposición demandaba, aprovechando la mayoría absoluta con la que contaba en 2014. Pero las grabaciones y los audios aportados de las comunicaciones entre los agentes y el COS pusieron en duda la versión de Martínez. En una de las comunicaciones, los agentes alertaban de la presencia de migrantes nadando y solicitaban instrucciones: “¿Debemos detenerlos?” Desde el centro de operaciones respondieron con incertidumbre: “No estoy seguro, al menos intenten impedir que avancen, se dirigen hacia Ceuta” La réplica fue “Es inviable, han cruzado por detrás y la única opción era capturarlos o permitirles continuar”. Las contradicciones del delegado del Gobierno en Ceuta y del director de la Guardia Civil salieron a la luz, dejando en evidencia a la cúpula del Ministerio del Interior. Nadie dimitió. Incluso el presidente del Gobierno en la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, llegó a calificar de “miserables” en su cuenta de Facebook a las organizaciones que acusaban directamente a los guardias civiles de ser responsables de las muertes. Entidades como la ONG Caminando Fronteras publicaron un informe que incluía partes de lesiones y testimonios de supervivientes, coincidiendo todos en que las pelotas de goma eran dirigidas directamente hacia ellos. Tras conocer el informe, Francisco Antonio González aconsejó a los guardias civiles que interpusieran querellas contra la ONG.

El obispo de Tánger crítico la actuación de la Guardia Civil

El arzobispo Emérito de Tánger, Santiago Agrelo, criticó la actuación de la Guardia Civil durante los sucesos del 6 de febrero de 2014 en El Tarajal. “Aquel día, aquellos jóvenes no se lanzaron al agua contra nadie: iban solo en busca de un futuro mejor, al que seguramente tenían tanto derecho al menos como puedo tener yo”. Resaltó la responsabilidad de las fuerzas del orden, afirmando que “las fuerzas del orden del Reino de España hicieron cuanto estaba en sus manos para que aquellos jóvenes no llegasen a la playa, un hecho no solo reconocido sino también reivindicado: “hicieron lo que tenían que hacer”.

Nadie asumió la responsabilidad y nadie sabe quién dio la orden para autorizar la actuación de los agentes españoles en la playa del Tarajal. Una década después, nadie en nombre del Estado español ha pedido perdón a las familias de las víctimas de aquella fatídica mañana de febrero de 2014. La tumba 147 del cementerio ceutí seguirá en silencio.

En la mañana del domingo 4 de marzo, la tumba de Roger Nana se ha dignificado. La asociación ELIN, Coordinadora de Barrios y algunas personas activistas han dedicado un cartel que ha quedado puesto en la tumba de Nana. Tras un breve responso, Javier Baeza, presidente la organización madrileña, ha dedicado unas palabras de homenaje a las víctimas. Las demás tumbas ya están marcadas como “persona sin identificar 6 febrero 2014”.