El nuevo proyecto de ley ómnibus presentado por el gobierno y la reciente designación del presidente del INASE, dan cuenta de un rumbo firme del gobierno en relación a las semillas.
Por Nora Tamagno/Tramas
En una nota anterior publicada en tramas, que titulamos: Ley ómnibus. Se profundiza la mercantilización de las semillas, analizamos el cambio que propone el proyecto de la ley ómnibus de Milei, en relación a las semillas en nuestro país y su impacto sobre la soberanía alimentaria.
Hoy, luego de intensos debates, no solo en la sede legislativa, sino también en el seno de la comunidad toda, se conoce un nuevo texto de ese proyecto de ley. Parece que se ha puesto freno a algunas de las iniciativas del gobierno. Por la información que se tiene hasta el momento, lamentablemente el artículo que propone “Adhesión a Convención. La REPÚBLICA ARGENTINA adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”, seguiría firme.
Este artículo parece haber pasado desapercibido en la maraña del debate ómnibus, de un proyecto que aborda temas tan disímiles como estratégicos. La realidad es que, en una carrera maratónica y caprichosa, en un debate de tiempo record, el sector de los legisladores “dialoguistas” puso el filtro por donde le pareció conveniente, el gobierno hizo los cambios y, finalmente, habría dictamen.
Mientras tanto, se acaba de publicar en el boletín oficial el decreto por el cual se designa en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) al Ingeniero Agrónomo, Claudio Marcelo Dunan.
El nuevo Presidente del Directorio, es recibido en la UBA, con un PhD de Colorado State University y Doctor en Dirección de Empresas de la UCEMA. Trabajó como investigador y docente en universidades de los EEUU, Italia y Argentina. En la industria ocupó puestos de CEO de varias empresas multinacionales de agroinsumos. Es uno de los 23 socios fundadores del Grupo de Bioceres, donde se desempeña como director de estrategia.
Su perfil está acorde al proyecto de avance sobre Ley de semillas, con el objetivo de terminar con el derecho universal sobre el “uso propio de semillas” que tienen los productores y productoras rurales y campesinos y campesinas. Si se impone la UPOV 1991, no solo se criminalizarán actividades tradicionales de guarda e intercambio de semillas, sino que se multiplicarán las ganancias de las corporaciones del agro por el cobro de regalías, provocando una transferencia de ingresos desde los productores de todos los tamaños, hacia las multinacionales.
Habrá que ver si confirma este avance, porque el debate tanto de la ley ómnibus, como del DNU, tiene aún un final abierto.
