TVE ha emitido en prime time la serie “La Ley del Mar”, un relato sobre los hechos acaecidos en aguas de Libia cuando el pesquero “Francisco y Catalina” con base en Santa Pola, Alicante, rescató una embarcación con 51 personas que huían de Libia en julio de 2006, mientras se encontraba faenando.
En la ficción se narran los momentos en los que las autoridades de Malta niegan la entrada al barco español por ir “cargado de inmigrantes” e incluso pone en duda el rescate realizado por los marineros del barco pesquero que les intentan imputar un delito falso a su patrón, José Durá, de tráfico de personas.
Durá y el resto de la tripulación no dudaron en brindar ayuda humanitaria a los 43 hombres, ocho mujeres (dos de ellas embarazadas) y un niño de dos años, que navegaban sin rumbo tras dos días sin comer.
Durá no podía dejar a esas personas abandonadas a su suerte en el mar. Un hombre de la mar conoce perfectamente la “La ley del mar», un mandato no solo legal sino profundamente humano, que obliga a todas las embarcaciones, sin distinción, a prestar auxilio a quienes enfrentan peligros mortales en las aguas internacionales. Esta normativa, arraigada en el derecho internacional humanitario, se erige como la luz de esperanza civilizada en medio de las aguas turbias de la crisis migratoria.
La obligación de salvar vidas en el mar no distingue entre barcos comerciales y frágiles embarcaciones que llevan a personas desesperadas en su búsqueda de seguridad y una vida mejor en Europa. Este principio resuena con la esencia misma del derecho internacional humanitario, que protege a las personas más vulnerables contra la brutalidad de la tortura, la esclavitud y el trato degradante.
Las personas rescatadas en el mar, muchas huyendo de conflictos, persecución o pobreza extrema, son testimonios vivos de la necesidad de esta protección. La «ley del mar» se convierte, así, en un símbolo de nuestra responsabilidad colectiva hacia la humanidad, recordándonos que más allá de las políticas y las fronteras, existe una llamada más elevada a la compasión, la empatía y el respeto por la vida humana.
Reflexionar sobre esta ley, antaño no escrita y que hoy en día la OMI la plasmó en el convenio SOLAS, es reconocer que, en el vasto y a menudo implacable escenario del mar, la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo siguen siendo la brújula que debe guiar las acciones de las personas que dedican su vida al mar. También recuerda que, en las aguas que conectan nuestras naciones y culturas, somos custodios de los valores que definimos como universales y sagrados.
El derecho internacional humanitario se erige como un baluarte en la protección de los más vulnerables, condenando prácticas inhumanas como la tortura, la esclavitud y el trato degradante. Estos principios son vitales en la salvaguarda de los derechos de las personas rescatadas en el mar, muchas de las cuales huyen de condiciones extremas.
Sin embargo, las políticas migratorias, especialmente las implementadas por gobiernos con posturas ultraderechistas como el italiano, desafían estos principios fundamentales. La imposición de decretos contra las ONG de rescate no solo pone vidas en peligro sino que también socava los valores de humanidad y justicia. Estas acciones, en un futuro, podrían ser vistas bajo el prisma del derecho internacional como crímenes contra la humanidad, pues ignoran las obligaciones más básicas hacia nuestros semejantes en momentos de desesperada necesidad.
La ley del mar no es solo un conjunto de reglas; es un reflejo de nuestra humanidad compartida. En un mundo cada vez más polarizado, recordar y respetar estos principios es más crucial que nunca. La vida humana, sin importar su origen o su destino, debe ser protegida y valorada. Las olas que golpean nuestras costas traen consigo no solo desafíos, sino también recordatorios de nuestra responsabilidad común hacia aquellos que buscan refugio y una vida digna.
La situación de Malta, negándose a aceptar llamadas de barcos con personas rescatadas en el mar, plantea serias preguntas sobre su cumplimiento de los tratados internacionales. Esta omisión de socorro no solo viola las leyes marítimas sino también los principios humanitarios fundamentales, convirtiéndose en un símbolo de la creciente insensibilidad de Europa hacia la crisis migratoria.
Este comportamiento, que debería ser motivo de escrutinio y posiblemente de juicio por tribunales internacionales, refleja una tendencia preocupante en Europa.
La Unión Europea, en su afán de aplacar a los sectores políticos más extremistas, ha ido cediendo terreno en su compromiso con los derechos humanos y la solidaridad internacional. Esta capitulación ante discursos de la extrema derecha no solo traiciona los valores fundacionales de la UE, sino que también pone en riesgo vidas inocentes.
En última instancia, esta situación exige una reflexión seria sobre el rumbo que está tomando Europa. La adopción de políticas más restrictivas y deshumanizantes, influenciadas por el miedo y la xenofobia, no solo va en contra de los principios de humanidad y justicia, sino que también socava la cohesión y los valores sobre los cuales se construyó la Unión Europea. Es hora de replantear y reafirmar un compromiso con la dignidad humana y la solidaridad, principios que deberían ser inquebrantables en cualquier sociedad que se considere justa y progresista.
