«At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe«
Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de
Naciones Unidas, 15 de enero del 2024
En un comunicado dado a conocer este 18 de enero del 2024, México ha anunciado haber procedido, conjuntamente con Chile, a la remisión de la situación existente en Gaza a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por posibles crímenes debidamente tipificados en los artículo 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de 1998 (véase texto completo del Estatuto).
El artículo 14 de este instrumento multilateral faculta en efecto a cualquier Estado Parte a remitir toda situación susceptible de interesar a la Fiscalía de la CPI, al precisar que:
«1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.
2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante»
México es Estado Parte al Estatuto de Roma desde el mes de octubre del 2005, Chile lo es desde junio del 2009; al tiempo que el Estado de Palestina lo es formalmente desde el mes de enero del 2015.
En América Latina, el último Estado en haber ratificado el Estatuto de Roma es Guatemala (abril del 2012), al tiempo que ni Cuba ni Nicaragua lo han tan siquiera firmado.
Breve puesta en contexto
Como bien se sabe, la CPI (ICC en inglés, véase sitio oficial) es una jurisdicción internacional creada en el 1998 y que empezó a funcionar en marzo del 2003, luego de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en el 2002. Es competente para establecer la responsabilidad penal de individuos que, en el ejercicio de sus funciones, instigaron, ordenaron o cometieron actos considerados particularmente graves como: el genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), y los crímenes de guerra (artículo 8).
El 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la CPI adoptó una histórica decisión (véase texto completo) en la que declaró a la CPI perfectamente competente para investigar lo que ocurre en todo el territorio palestino, sin excepción de ningún tipo.
En su conclusión se puede leer (página 60) que:
«FINDS that Palestine is a State Party to the Statute;
FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute;
and FINDS, by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem».
Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de Palestina, esta decisión de la CPI fue pocamente divulgada en los grandes medios de prensa: remitimos, sobre sus alcances, a un breve análisis que realizamos al respecto, luego de observarse una campaña al más alto nivel de Israel para desacreditarla (Nota 1).
No está de más señalar que Estados Unidos se sintió obligado a descalificar inmediatamente esta decisión preliminar de la CPI (véase comunicado oficial), confirmando – tal vez sin proponérselo – los profundos temores que significa para Israel la existencia misma de la CPI con relación a sus diversas operaciones en el territorio palestino ocupado (Nota 2).
En este enlace oficial de la CPI se puede encontrar, además de la precitada decisión, noticias diversas del expediente «Palestina» actualmente en curso.
Los comunicados de México y de Chile en breve
En el comunicado de su Secretaría de Relaciones Exteriores de este 18 de enero (véase texto completo reproducido al final de esta breve nota como material/documento), se lee que México informa que:
«El día de hoy, México y Chile, remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) la situación del Estado de Palestina, a fin de que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia».
El texto del comunicado de México también señala que:
«La acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militantes de Hamás y las hostilidades posteriores en Gaza.
Con esta acción, México reitera su respaldo a la CPI como el foro idóneo para el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual, en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional, a la vez se enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la CPI para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante, como de la potencia ocupada.
La intervención de la CPI cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la CPI de acuerdo con el Estatuto de Roma.»
Por su parte, en su comunicado (cuyo texto está reproducido al final de estas reflexiones), Chile indica que:
«Considerando que actualmente existe una investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI respecto a la situación de Palestina, el objetivo de la remisión de Chile es apoyar al fiscal en su indagación.
“Lo que nos interesa es apoyar la investigación de cualquier posible crimen de guerra que se haya cometido en el área, venga de donde venga, trátese de crímenes de guerra cometidos por israelíes o por palestinos y crímenes de guerra que se hayan cometido en el territorio de Gaza, en los territorios ocupados de Cisjordania, en Jerusalén del Este y también, por cierto, en Israel”, señaló el canciller.
Agregó que “es importante tomar en cuenta que el derecho internacional humanitario se refiere tanto a la acción de los Estados como también de los grupos no estatales. En consecuencia, se refiere a actos cometidos por el Estado de Israel, pero también, por cierto, a actos cometidos por el grupo, Hamas a través de las acciones terroristas que desarrolló el día 7 de octubre del año pasado en territorio israelí”.
Israel, Estados Unidos y la CPI: historia de un temor hecho realidad
Lo que no se señala en ambos comunicados, es que la CPI es competente para examinar actos susceptibles de interesar a la Fiscalía cometidos dentro del territorio palestino; en cambio, al no ser Estado Parte Israel al Estatuto de Roma, en principio, la CPI no es competente para examinar actos cometidos en territorio israelí. A menos que Israel la autorice a iniciar investigaciones en su territorio: una hipótesis que se puede descartar desde ya, dada la profunda animadversión de Israel hacia la CPI desde incluso antes de su conformación (2003).
Cabe recordar que luego de firmar el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del 2000, Israel notificó en el 2002 a Naciones Unidas su decisión de anular los efectos de su firma al indicar (véase nota 4 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones) que:
« In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following:»…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.»
Se trata de una notificación similar, redactada en términos idénticos, a la remitida unos meses antes por Estados Unidos, optando por «retirar» su firma al Estatuto de Roma (Nota 3). No está de más indicar que el «retiro» de la firma de Israel al Estatuto de Roma fue precedida unas semanas antes por la adopción de un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI o BIA por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos e Israel, tendiente a evitar a toda costa que personal norteamericano e israelí pudieran un día ser transferidos a La Haya a solicitud de la CPI (véase texto del acuerdo con fecha del 4 de agosto del 2022): se trata de uno de los primeros tratados de este tipo, que Estados Unidos suscribiría posteriormente con más de 50 Estados, entre los cuales varios de América Latina (véase listado elaborado por Human Rights Watch).
En la sección titulada «El costo de no firmar un acuerdo de no entrega (ABI)» de un artículo publicado en Costa Rica en el 2013, tuvimos la ocasión de pasar en revista lo que le significó a Costa Rica el no aceptar suscribir un ABI entre el 2003 y 2006 (Nota 4).
Una justicia internacional cada vez más solicitada ante las proporciones del drama humano que se vive en Gaza desde el 7 de octubre del 2023
Esta acción de México y de la Chile ante la CPI se da a menos de una semana después de haberse conlcuido las audiencias en La Haya (11 y 12 de enero del 2024) ante otra instancia jurisdiccional también localizada en la capital holandesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ): estas audiencias respondieron a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel el pasado 29 de diciembre, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales (véase texto completo), invocando la Convención para la Prevención y Sanción del Crímen de Genocidio de 1948, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 5).
En su extensa solicitud de más de 80 páginas (véase texto completo, cuya lectura completa se recomienda), Sudáfrica pasó en revista lo ocurrido desde la tarde/noche del 7 de octubre en Gaza con la población civil de Gaza a la luz del derecho internacional aplicable, incluyendo en los párrafos 101-107 el detalle de las escalofriantes declaraciones oficiales de altos responsables israelíes.
Con 10.000 menores de edad que han perdido la vida en Gaza desde el 7 de octubre (véase informe de Save the Children), con otro informe de la ONG Oxfam reportando 250 vidas que se pierden por día en Gaza más muchas más no registradas debido a heridas graves no atendidas, el frío, el hambre, la falta de agua (véase informe), la realidad en el terreno contradice (y por mucho) lo aseverado por parte de los abogados de Israel en La Haya el pasado 12 de enero. Recientemente se informó de unos 20.000 recién nacidos en Gaza desde el 7 de octubre (véase nota de France 24), cuyos primeros días, semanas y meses de vida se dan al tenor de los bombardeos incesantes de Israel en Gaza.
Con relación a la CPI, la Fiscalía de esta jurisdicción internacional ya había sido objeto de un «referral» colectivo relacionado al drama humano que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: esta acción conjunta presentada el 17 de noviembre del 2023 fue liderada por Sudáfrica y coauspiciada por Bengladesh, Bolivia, Comoros y Yibutí (véase texto completo). De igual manera tuvimos la oportunidad de explicar brevemente sus alcances (Nota 6).
A modo de conclusión
Ante la reiterada incapacidad de un órgano como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ordenar un cese al fuego humanitario en Gaza (debido al veto de Estados Unidos ejercido en dos oportunidades, y a la amenaza de un tercer veto que explica las debilidades de la resolución 2720 del Consejo finalmente adoptada el 22 de diciembre del 2023 – véase texto), era previsible que otros Estados, como el grupo liderado por Sudáfrica, y ahora la dupla México-Chile de manera conjunta, buscaran la manera de activar mecanismos jurisdiccionales a su disposición: tales como los que ofrece el Estatuto de Roma que crea la CPI, o bien la misma CIJ.
Y es muy posible que se observen otras acciones más.
Ello con el fín de intentar frenar los ímpetus de Israel que, desde la tarde noche del 7 de octubre, a modo de represalia por el ataque sufrido en su territorio por parte del Hamás el mismo día por la mañana, ha emprendido una acción punitiva colectiva en contra de la población civil de Gaza. Estas acciones militares indiscriminadas y desproporcionales se realizan en abierta violación a las reglas más básicas del derecho internacional humanitario.
Al tiempo que todo Oriente Medio se ve profundamente desestabilizado por las reacciones en cadena que han generado otros Estados ante la inacción de la comunidad internacional: raramente en la historia ante una «amenaza a la paz y a la seguridad internacionales» (cuya acción es esperada y constituye la razón de ser del Consejo de Seguridad), ha sido objeto de maniobras dilatorias tan peculiares por parte de Estados Unidos.
El penúltimo informe elaborado por Naciones Unidas (al 17 de enero, cuya lectura completa se recomienda) detalla el nivel de destrucción al que se ha llegado, con casí 25.000 víctimas mortales (en su mayoría niños y mujeres) y más de 61.000 personas heridas, señalando además que cada nuevo día de bombardeos israelíes en Gaza conlleva la pérdida de centenares de personas:
«Between the afternoons of 16 and 17 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 163 Palestinians were killed, and another 350 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 17 January 2024, at least 24,448 Palestinians were killed in Gaza and 61,504 Palestinians were injured, according to the MoH.
Between 16 January and 17 January, three Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,152 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military«.
A su vez el último informe de Naciones Unidas (al 18 de enero del 2024) indica por su parte que:
«Between the afternoons of 17 and 18 January, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 172 Palestinians were killed, and another 326 people were injured. Between 7 October 2023 and 12:00 on 18 January 2024, at least 24,620 Palestinians were killed in Gaza and 61,830 Palestinians were injured, according to the MoH.
Between 17 January and 18 January, no Israeli soldiers were reportedly killed in Gaza. Since the start of the ground operation, 191 soldiers have been killed, and 1,178 soldiers have been injured in Gaza, according to the Israeli military».
No está de más indicar que muchas de las personas gravemente heridas en Gaza están prácticamente condenadas a perder la vida, al yacer bajo los escombros sin que puedan ser auxiliadas, solas, en el frío. Cuando son auxiliadas, llegan a centros hospitalarios y refugios hacinados, muchos de ellos total o parcialmente destruidos, sin energía ni agua, ni suficientes medicamentos, ni suficiente personal médico para atenderlos.
Tampoco resulta de más recordar que los Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998 son 124 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), mientras que los Estados Partes a la Convención contra el Genocidio adoptada en 1948 son 153 (véase estado oficial), por lo que la inacción y el silencio de los demás Estados Partes a ambos instrumentos plantean interrogantes muy válidas.
—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, editada el 5 de febrero del 2021 y disponible aquí.
Nota 2: Años antes de que Palestina sea Estado Parte al Estatuto de Roma (2015), un cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv del 23/02/2010 (véase texto completo) dado a conocer por Wikileaks en el 2011 ya indicaba el profundo temor de Israel que generaba en aquel año a sus autoridades la CPI, en estos términos: “Libman noted that the ICC was the most dangerous issue for Israel and wondered whether the U.S. could simply state publicly its position that the ICC has no jurisdiction over Israel regarding the Gaza operation”. El Coronel Liron Libman, alto funcionario israelí, era (y sigue siendo) un gran conocedor de las reglas que imperan en el derecho internacional: ostentó durante muchos años el cargo de Jefe del Departamento de Derecho Internacional del Ejército de Israel (IDF).
Nota 3: En este mismo estado oficial de firmas y ratificaciones se lee (Nota 12 en la parte final) que: » In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty«.
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una pespectiva latinoamericana», Revista del Poder Judicial, 107, marzo del 2013, pp.13-21. Texto disponible aquí. Véase también sobre el particular un artículo del ex canciller de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte en el período 2006-2010: STAGNO B., «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” in BOEGLIN N., HOFFMAN J & SAINZ-BORGO J., (Editores), La Corte Penal Internacional: una perspectiva latinoamericana, 2014, Universidad para la Paz, pp. 303-330).
Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .
Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.
—
Materiales / Documentos:
Documento 1:
Comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del 18 de enero del 2024 (véase enlace oficial)
