Un día después de la escalada de violencia y de los decretos 110 y 111, la capital de la República es casi una ciudad fantasma. Suspendidas las actividades presenciales en escuelas y universidades, con trabajo telemático en oficinas públicas. La población, recogida y temerosa, sin comprender aún el alcance de este decreto, declarado de manera abrupta por el gobierno del presidente Noboa. La población observa la militarización del país en esta guerra declarada al “crimen organizado y al terrorismo”.
Las medidas tomadas por el Gobierno han sido bien recibidas por diversas agrupaciones políticas y ha generado un clima de unidad. Surgen, sin embargo, preguntas e inquietudes de diversos actores y organizaciones sociales, sobre los efectos colaterales que puede traer consigo la suspensión de los derechos a todos los ciudadanos (libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y toque de queda por 60 días, según el decreto No 110 de Estado de Excepción), así como las amplias prerrogativas asignadas a las Fuerzas Armadas para “ejecutar operaciones militares”, en el posterior decreto No. 111.
Son los riesgos de una intervención indiscriminada y los peligros de impunidad. “Todo grupo terrorista se ha convertido en objetivo militar”, ha declarado el Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, luego de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el martes 9 de enero. La Asamblea nacional por su parte ha resuelto condonar y eximir de responsabilidades a las FFAA sobre sus actos e intervenciones, bajo el estado de excepción.
En este contexto entra en cuestionamiento el Derecho Humanitario, alerta el especialista en Derechos Humanos Ramiro Avila: “no nos salvamos del respeto a los derechos; siempre hay que respetar la humanidad de la gente”, señala. Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos en su declaración pública afirma que “la declaración conflicto armado interno amparado en el Derecho Internacional Humanitario deja diversas dudas respecto de su razonabilidad e insuficiente motivación. Además, preocupa la falta de garantías a los derechos de la población civil que no está comprometida, no participa ni se beneficia de la actuación de estos grupos criminales que como ya señalamos han permeado distintos barrios y territorios a más de la propia institucionalidad. Sin estas garantías, cualquiera puede resultar víctima de los excesos de los actores en conflicto -estatales y no estatales”.
Por su parte, el periodista y profesor universitario Abraham Verduga explica que en las condiciones del país “hay un caldo de cultivo para la emergencia de proyectos fascistoides”, y agrega: “esto es preocupante porque la fatiga es enorme, hay un cansancio generalizado de una población que está exigiendo certezas y demanda soluciones inmediatas, sin reparar mucho en los costos”. El bukelismo se empieza a presentar como un modelo eficaz para resolver los problemas del país”. (La Base 4×68. https://youtu.be/U3tBUZXCE98?si=eigfc6z5su-uHD9D)
Hay amenazas que exigen alerta de parte de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y las instituciones de la sociedad civil. La Red Feminista Anticarcelaria de América Latina denuncia en su declaración del 10 de enero de 2024, que “la intervención militar se está desplegando a nivel nacional, pero de modo intensivo en provincias y barrios poblados por gente afrodescendiente y de raigambre indígena y montubia que son, además, los territorios más empobrecidos del país. Son personas de esas provincias y barrios las que habitan masivamente las prisiones, de modo que la intervención militar en las cárceles es una acción directa contra personas de los pueblos históricamente despojados y sistemáticamente empobrecidos”. Entre sus propuestas plantea: “desistir de la militarización del conflicto, para proteger la vida de las personas y poblaciones que hoy viven bajo fuegos cruzados en las provincias y barrios más empobrecidos del país y en las prisiones”; “implementar políticas de desarme, reducción de la importación de armas y contención del contrabando de armas”, y “diseñar e implementar políticas de Estado distintas del llamado a generalizar la violencia, políticas que inviertan en educación, salud y prevención, para evitar que los jóvenes sean reclutados por los empresarios mafiosos que les ofrecen una salida a su vulnerabilidad usándolos como carne de cañón”.
Paz con justicia social es la que necesitamos. No una pacificación a cualquier precio, son algunos de los planteamientos que se escuchan entre los actores sociales.
