Ecuador está viviendo una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en agosto del año pasado, marcó el inicio de una deriva de violencia, inestabilidad e inseguridad en la que el país se ha estado hundiendo aceleradamente.
La explosión de los homicidios en el país, los repetidos motines carcelarios, el secuestro de policías y la fuga de decenas de reos, incluyendo al jefe de la banda criminal Los Choneros, Adolfo “Fito” Macías, y hasta un asalto a un canal de televisión por hombres armados, han llevado al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un ‘conflicto armado interno’.
En 2023, Ecuador se ha convertido en el país más violento de América Latina, con una tasa de muertes violentas de 46 por cada cien mil habitantes. En algunos barrios de Guayaquil, esta tasa sube hasta 114 por cada cien mil habitantes, una de las más altas a nivel mundial.
La decisión tomada por el joven mandatario prevé el estado de excepción para todo el territorio nacional durante 60 días prorrogables, la movilización y más poderes a militares y policías y una “declaración de guerra” contra 22 organizaciones criminales, que califica como “terroristas y actores no estatales beligerantes”.
La respuesta del crimen organizado no se ha hecho esperar, con más asesinatos, más motines y fugas de las cárceles y el ataque mortal contra el fiscal César Suárez, encargado de investigar el asalto al canal de televisión en Guayaquil.
Una situación, esta, que no puede ser explicada simplemente con el desborde de la criminalidad organizada en el país o el cambio de las rutas del narcotráfico en América Latina que ahora privilegian a Ecuador.
Un Estado evaporado
Se trata de una crisis de dimensiones enormes que hunde sus raíces en la progresiva evaporación del Estado en los territorios, unida al abandono de los sectores más desposeídos, al aumento de la desigualdad social, de la pobreza y el desempleo, y a una incontrolable corrupción pública.
Un fenómeno dramático que se ha agudizado durante los últimos dos gobiernos neoliberales que, de paquetazo en paquetazo, han hundido a la inmensa mayoría en la miseria, han reprimido la protesta de pueblos originarios y movimientos sociales y han entregado los territorios en bandeja de plata al capital transnacional y la criminalidad organizada.
Las primeras medidas económicas adoptadas por Noboa siguen la misma lógica, con un aumento del 12 al 15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), más exenciones y exoneraciones para los grandes grupos económicos, y nuevas privatizaciones en el sector público.
Todo esto, más la infiltración criminal en la política, la seguridad pública y en las instituciones estatales dejan a Ecuador manos arriba y con las espaldas contra la pared.
“La situación está muy difícil y la gente hasta tiene miedo de salir a las calles. Mucha se está yendo y hay un aumento importante de la migración. Todo se está volviendo caótico y hay mucho miedo”, dijo a La Rel César Fernando López, presidente de Fesitrae[1].
Para el dirigente sindical, es urgente tener un gobierno cuya política se enfoque en garantizar desarrollo a las grandes masas excluidas, con más y mejor salud, educación, vivienda y trabajo digno.
“Por más mano dura que tenga este gobierno, la situación difícilmente va a cambiar si no se acaba con toda esta corrupción, si no se ataca con fuerza la pobreza, la desigualdad, la falta de desarrollo y la ausencia estatal en los territorios”, concluyó López.
[1] – Federación Sindical Independiente de los Trabajadores y Trabajadoras del Ecuador
