Se dice en Chile que durante los dos primeros meses del año nada o muy poco sucede. Se trata, en efecto, de una época estival en la que muchos toman vacaciones para huir de la canícula que agrede a más de la mitad de nuestro territorio.
Pero no es que no nada pase. Millones de trabajadores se levantan a trabajar apenas el sol despunta en la Cordillera de los Andes y para muchos, incluso, este es un tiempo de febril actividad. Sobre todo para los policías abrumados por los delincuentes que no cesan en delinquir, como para fiscales y jueces de turno, aunque la amplia mayoría de los jóvenes deja de asistir a clases y el tránsito de las grandes ciudades se torna más amable.
Los periodistas siempre nos ufanamos de no vacacionar. Si las noticias ciertamente disminuyen en nuestro país a muchos medios de comunicación se les ofrece la oportunidad de echar una miradita a lo que su sucede en el exterior. O, simplemente, ponernos a cavilar. Para comprobar, como es nuestro caso, que en la política ya no tenemos muchas novedades porque parte importante del Gobierno, de los parlamentarios, alcaldes y asesores de todos los pisos se rotan para vacacionar. Aunque este sea un tiempo que muchos aprovechan para reencontrarse con sus bases, sus electorados, tirar líneas para las próximas elecciones y conseguir que los alicaídos noticiarios y diarios les ofrezcan tribuna. Porque durante los demás meses del año son otros los que “sacan cuñas” y hasta obtienen titulares en los medios y las redes sociales que también sufren la merma informativa.
Tiempo para cavilar, sin duda. Para comprobar que continúa vigente la misma Constitución de Pinochet; que tuvimos dos años de un absurdo y oneroso proceso constituyente que culminó en que los mismos que prometían echar abajo la Carta Fundamental de 1980 convocaron al país a un Plebiscito que ganaron, además, para que todo siguiera igual. Al tiempo que instituciones tan perversas como las administradoras privadas de la salud y de la previsión
entran a un nuevo año cobrando cotizaciones fraudulentas a sus usuarios, como así lo acaba de advertir la propia Corte Suprema.
En medio del jolgorio de las fiestas y fuegos artificiales se hace propicio el momento para aumentar las tarifas de los peajes y de la locomoción colectiva. De la misma forma en que universidades y establecimientos educacionales ya le señalan al país que sus matrículas y colegiaturas, sí o sí, tendrán que reajustarse a partir de marzo.
Bajan los precios de las verduras y frutas de estación, pero suben el pan y los demás productos alimenticios o de primera necesidad. Tal como se reajustan al ritmo de la inflación los arriendos y los dividendos, por lo que “el sueño de la casa propia”, una vez más, se quedará en puras cavilaciones. El discreto incremento de los sueldos empieza a hacerse agua, también, cuando ya se han desahuciado los bonos otorgados por el último gobierno de derecha, muy a su pesar, a fin de paliar los efectos de la pandemia y el desempleo. Exigido, además, por la vociferante oposición de izquierda, la que ahora, en La Moneda, señala que sería irresponsable continuar con estas prácticas que tanto desequilibran los presupuestos y las cifras macroeconómicas.
Y, claro, el incremento de la delincuencia, que tanto asola a todas las familias, ricas y pobres, obliga a elevar el número de carabineros y mejorar millonariamente sus armas disuasivas. Algo que apenas dos años atrás nadie suponía cuando las promesas electorales hablaban de reestructurar o, incluso, reemplazarlas por otras. Y el actual mandatario hasta prometiera acusar a su antecesor como culpable de ejercer el terrorismo de estado al reprimir las multitudinarias protestas de la población.
Tampoco nadie habría imaginado que ambos gobernantes ahora congeniaran tanto y hasta viajaran juntos al extranjero. O que el actual director general de la policía uniformada, el general Ricardo Yáñez, estuviera ahora a punto de ser formalizado por los presuntos delitos ejercidos en el uso de la fuerza. Un oficial antes vituperado durante el Estallido Social, pero que en los últimos años ha contado con la confianza plena del Presidente de la República
Menos crédito podríamos haberle dado hasta hace muy poco al acuerdo entre la estatal Codelco y la minera privada Soquimich para dividirse por mitades la explotación y los beneficios del litio. Reservas que, como se saben, pertenecen a todos los chilenos pero que el gobierno de izquierda decide compartir ahora con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, experto en hacerse de los bienes del Estado y sobornar a la clase política chilena. A legisladores, candidatos presidenciales y vaya a saberse a cuántos servidores públicos más.
Dineros repartidos de derecha a izquierda después de que un ex ministro socialista de la Concertación, derivado después en lobista y asesor de empresas, le recomendara a todo el empresariado criollo prodigarse hacia todo el espectro político, no solo a la derecha, a fin de cobrar dividendos en leyes e impunidades ojalá consensuadas por todos en el Parlamento.
En la deontología periodística se dice que los que cultivamos este oficio debemos siempre “Incomodar al poder”, tarea en que inevitablemente podemos incurrir en exageraciones y pesimismo. Aunque al observar la televisión cualquiera puede comprobar cómo sus animadores y reporteros suelen aplaudir y justificar todo lo que provenga de las autoridades.
Al grado que en sus espacios matinales los periodistas a menudo bailan, ríen con estridencia y todos los días hacen gala de nuevas y variopintas vestimentas como lujosos calzados. Así como compiten en cuanto a sus lápices labiales con los sensuales colores de las más mediáticas ministras y parlamentarias. Algunas de las cuales, cuando estudiantes, se vestían con la moda “artesa” tan propia de la juventud rupturista de aquellos años en que hacían frente a la Dictadura.
Si hasta el propio ministro de Hacienda, el administrador de la billetera fiscal, de tan alta exhibición mediática, todos los días nos sorprende con una nueva y fina corbata. Como queriendo desafiar la costumbre del Primer Mandatario de prescindir de esta prenda que, curiosamente mantiene plena vigencia en la impronta de los gobernantes del mundo occidental.
Justo es que en nuestras cavilaciones y escritos nos obliguemos, también, a ser algo positivos y simular nuestro derrotismo. Quizá por ello, y sin mucha convicción, creo posible que en el 2024 los jubilados puedan ver elevadas sus abusivas pensiones, que pueda prosperar aunque sea una discreta reforma tributaria. Así como podríamos avizorar la posibilidad de que la pandilla juvenil oficialista, que asaltó los fondos públicos en beneficio propio y de sus esmirriados referentes “revolucionarios”, al menos logren quedar un buen tiempo encarcelados antes de lo que ya se augura como inevitable: la prescripción de sus delitos o las jocosas resoluciones de los jueces venales.
Así como podría ser posible que fueran procesados y condenados los autores y cómplices de toda suerte de argucias y hábiles “emprendimientos” para evadir impuestos y burlar a los consumidores. En cifras jamás alcanzadas por los actos de corrupción de toda nuestra historia.
Mientras los más entusiastas piensan que en el 2024 nuestra economía podría crecer en un cero o uno por ciento.
Algunas noticias positivas, tal vez, podrían llegarnos en la víspera de nuevas elecciones municipales, legislativas y presidenciales. Con sus consabidas primarias, arreglos electorales y multimillonarias campañas podría ser posible que la derecha y la izquierda unidas puedan darse algo de tiempo para aprobar aquellas leyes que aguarda el pueblo desde hace muchos años e incontables promesas. Como la otrora bullada educación pública, gratuita y de calidad.
¿No será muy utópica esta última cavilación?
