Debido a los “potenciales impactos” que se generarían al medio ambiente, Alemania, Noruega y el Reino Unido se pronunciaron sobre las modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre peruana, promulgadas por el Congreso de la República la semana pasada.
La declaración conjunta, en la que también participó Canadá, se suma a una serie de pronunciamientos de distintas instituciones nacionales e internacionales como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), gremios de productores, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente, entre otros. El Ejecutivo observó la norma y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció un nuevo debate de este tema.
El pronunciamiento internacional se realizó en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) de cooperación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la deforestación y degradación forestal; de la que el Perú es socio, y por la que asume compromisos internacionales en la defensa de la Amazonía. La norma también colisiona con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas.
“Como donantes, esperamos conversar con las autoridades peruanas sobre cómo estos cambios afectarían las iniciativas de protección y aprovechamiento sostenible de los bosques, así como los derechos de los pueblos indígenas” señalaron en su comunicado.
La Ley Nº 29763 fue modificada en sus artículos 29 y 33 en los que se autorizan disposiciones complementarias que promueven la zonificación forestal. Estas reformas “acelerarán el ritmo de destrucción de la Amazonía, legaliza e incentiva la deforestación de bosques y dejará más desprotegidos a los defensores indígenas” señaló en otro comunicado AIDESEP.
