Vanessa Mendoza Cortés había sido acusada de difamar a las autoridades tras presentar en la ONU un informe sobre los derechos de las mujeres en su país. Abortar en Andorra está prohibido en todos los supuestos, una situación excepcional en la Unión Europea. Stop Violenciès cree que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión y que se ha sometido a la organización y a su presidenta a un “linchamiento”.
La activista Vanessa Mendoza Cortés fue denunciada por las autoridades de Andorra en octubre de 2019: la acusaban de difamación a su país tras haber presentado un informe sobre la situación del aborto en Andorra. El juicio tuvo lugar el 4 de diciembre. Este martes, 17 de enero, la presidenta de la Associació Stop Violències, asociación que defiende los derechos de las mujeres en Andorra, ha sido absuelta, tras más de cuatro años de proceso judicial.
En estos años, la asociación y su presidenta aseguran haber sido objetivo de un “linchamiento”, en forma de señalamientos públicos por parte de las autoridades y en los medios de comunicación del país. Un proceso que ha afectado a su labor y a la de la organización a la que representa.
“Nada que celebrar, lamentamos profundamente que lo que algunos consideran un error político ha sido una violación de nuestro derecho a la libertad de expresión como asociación y como ciudadanas”, decía la organización en un comunicado. “También se ha vulnerado el derecho al honor de su presidenta, nunca se habría imaginado que por querer derechos el Gobierno de Andorra le haría pasar por todo este proceso vergonzoso”.
Mendoza Cortés intervino en octubre de 2019 en la 74º sesión de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) donde se llevaba a cabo el examen periódico de Andorra ante el Comité de Naciones Unidas. Allí, presentó el informe de su asociación sobre la situación de la protección de mujeres y niñas y el efecto dañino de la actual prohibición total del aborto en Andorra documentado por Stop Violències.
Poco después, las autoridades andorranas presentaron una denuncia contra ella ante la Fiscalía argumentando que sus declaraciones socavaban el prestigio y el buen nombre del Gobierno. En julio de 2020, la Fiscalía andorrana instó al juzgado a incoar diligencias previas contra Vanessa Mendoza Cortés por los presuntos delitos de “calumnias hechas con publicidad” (artículo 172 del Código Penal), de “calumnias contra los copríncipes” (artículo 320 del Código Penal) y “delitos contra el prestigio de las instituciones” (artículo 325 del Código Penal).
En 2021, el fiscal retiró dos de los cargos que acarreaban penas de prisión, pero mantuvo la acusación por desprestigiar a las instituciones en base al artículo 325, por lo que Mendoza Cortés se enfrentaba a una posible multa de 6.000 euros, una indemnización de otros 6.000 y a seis meses de inhabilitación para ejercer un cargo público.
Desde que las autoridades de Andorra la denunciaron por su intervención en 2019, explica, la asociación ha hecho otros cinco informes para la ONU y uno más para el Consejo de Europa. Y es que Stop Violències consiguió en 2023 la acreditación como organismo no gubernamental que le permite participar como órgano informador en materia de derechos humanos en Andorra ante la ONU, y es la única asociación de Andorra que cuenta con esta acreditación.
Apoyo internacional
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han aplaudido la absolución de la activista, pero también han mostrado su preocupación y han pedido medidas para garantizar que tanto ella como otras personas que defienden los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor de defensa del derecho a un aborto seguro y legal y otros derechos humanos de las mujeres y niñas de Andorra “sin intimidación ni temor a represalias”, y para que cese la presión contra la activista y la asociación que preside. Así se han pronunciado Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Women’s Link Worldwide y Front Line Defenders tras la absolución conocida este martes.
El caso también había llamado la atención a las autoridades europeas: el 28 de noviembre de 2023, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a las autoridades andorranas que garantizaran el derecho a la libertad de expresión de Vanessa Mendoza Cortés y aseguraran un entorno propicio para quienes defienden los derechos humanos de las mujeres en el país.
Y es que el informe más reciente del secretario general de las Naciones Unidas sobre las represalias incluyó a Andorra en una lista de 40 países de todo el mundo en los que se tomaron represalias contra personas por cooperar con la ONU.
Las organizaciones recuerdan a las autoridades andorranas que, según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso de leyes de difamación con el propósito o el efecto de inhibir las críticas contra el gobierno o el funcionariado público viola el derecho a la libertad de expresión garantizado por el artículo 19 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Por eso, piden, como han venido haciendo a lo largo del proceso, que se derogue tanto el artículo 325 que se ha utilizado contra Vanessa Mendoza Cortés como otras disposiciones del Código Penal relativas a la difamación. “Los ataques que pueden socavar la reputación de una persona no deben tipificarse como delito, y la legislación destinada a proteger contra esos ataques no debe tener como objetivo proteger valores abstractos o instituciones estatales”, aseguran.
Abortar en Andorra
Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Women’s Link Worldwide y Front Line Defenders reiteran que la prohibición del aborto viola los derechos humanos de las personas, incluidos su derecho a la salud, la intimidad y la autonomía corporal, su derecho a no sufrir tortura o malos tratos, e incluso su derecho a la vida.
Andorra es uno de los pocos estados en el mundo con una prohibición total del aborto en vigor, incluso en los tres supuestos básicos —riesgo para la madre, malformaciones fetales o violación—. El informe de Stop Violencias subrayaba cómo en Andorra, si una menor se queda embarazada, el Estado no proporciona ningún medio por lo que “la obliga a parir” y denunciaba cómo las mujeres adultas se ven abocadas a abortar en Catalunya o en Fopix (Francia).
En 2019, el jefe del Ejecutivo andorrano, Xavier Espot, se pronunció —forzado por una pregunta del Partido Socialdemócrata— a favor de mantener un debate sobre la despenalización del aborto y se creó una mesa de trabajo. Pero no ha habido avances.
Los intentos de despenalización en el país se topan con el mismo muro: la supuesta inconstitucionalidad que supondría una despenalización, ya que la Constitución recoge “el derecho a la vida en todas sus fases”, un concepto de inspiración católica. La dificultad para hacer realidad la despenalización del aborto en este país se explica, también por una peculiar forma de organización del Estado que incluye dos copríncipes cuya existencia se remonta al siglo XIII: uno es el presidente francés y el otro es el obispo de la Seu d’Urgell.
La prohibición total del aborto es una anomalía en Europa, donde solo Malta tiene una regulación similar.
