Cuando las izquierdas asumen el gobierno, gracias a un proceso eleccionario y democrático, sus gobernantes apuran la consecución de sus reformas antes de que las fuerzas de la reacción logren desestabilizarlo y retornar al poder. Ha sucedido varias veces en nuestra convulsionada historia regional y el caso que mejor se recuerda es el del magnicidio de Salvador Allende.
Los líderes progresistas obviamente se proponen dar satisfacción a las demandas sociales como, por ejemplo, mejorar el salario de los trabajadores, resolver los altos déficits habitacionales y de salud, fortalecer la educación pública y, algo muy prometido, procurar el mejoramiento de las pensiones de quienes se jubilan.
Para ello, los estados necesitan recursos, por lo que casi siempre se imponen las reformas a la previsión, la expropiación de las grandes empresas en manos extranjeras y monopólicas y, por sobre todo, aquellas que han demostrado cometer abusos contra los consumidores.
Mucho tememos que al gobierno de Gabriel Boric se le está pasando su cuarto de hora y que a esta altura de su administración le vaya a ser poco menos que imposible cumplir con su programa. La oposición derechista está cada vez más desafiante y controla gran parte del Congreso Nacional, donde tienen que convenirse las grandes transformaciones.
Para mantener en vigencia sus propósitos, los gobernantes deben cumplir con una conducta ejemplar. Nada de corrupciones, desfalcos al fisco, nepotismo y otros vicios porque, cuando estos se suceden, los pueblos le dan rápidamente la espalda y se tientan por el populismo y los engaños de la derecha que, a pesar de sus divisiones, siempre demuestra unidad y voluntad sediciosa. Sobre todo, si el país cae en manos de la delincuencia organizada, la que roba, mata y consolida tenebrosas mafias que abruman a la población sin que las autoridades se demuestren eficientes en combatirlas.
A poco menos de cumplirse dos años del nuevo gobierno chileno, podemos comprobar que ha habido nulo avance en una reforma tributaria que le permita al Ejecutivo reunir los recursos que necesita para su tarea distributiva. A todas luces tenemos ahora una economía estancada que no crece lo suficiente para darle mejores salarios y trabajos a los chilenos. La cesantía se mantiene impertérrita, así como el trabajo precario donde aterrizan miles y miles de inmigrantes. La inflación, asimismo, carcome el bolsillo de los trabajadores y son muy pocos, ahora, los que se atreven a acceder a una vivienda propia porque los intereses del crédito resultan agobiantes para los cientos de miles de familias víctimas de la usura bancaria y de las grandes constructoras.
Compuesto por los líderes universitarios de ayer, hoy en el Gobierno a lo sumo hablan de condonar parte y gradualmente las altas deudas estudiantiles. Situación que es vista como bochornosa por la juventud y los miles de familias que sustentan la educación de sus hijos. Para colmo, se reconoce el profundo deterioro material en la infraestructura primaria y secundaria, con cientos de colegios fuera de funcionamiento y paros de profesores que se prologan por largos meses, como ocurre en Atacama, y el hecho de que miles de estudiantes ya no concurren a sus colegios. Una situación que de buena manera explica los resultados de la última prueba PISA en que los niveles de lenguaje y matemáticas decaen cuatro y cinco puntos.
Asimismo, la salud y la previsión prolongan su condición crítica. Aunque el Estado y la Corte Suprema lograron determinar los abusos cometidos por las isapres, las multas que debieran pagar para resarcir a sus miles de usuarios abusados por sus desmedidas tarifas auguran su quiebra y la amenaza de que muchos pacientes quedarán a la intemperie de sus clínicas privadas. Pero esto, que debiera animar a un gobierno de izquierda para el derrumbe de un sistema especulativo lleva a parlamentarios y otros políticos vanguardistas a salir al rescate de estas empresas abusadoras a pretexto de darle continuidad a la atención de salud. Para ellas, largos años de plazos y condonaciones con recursos que, vía expropiaciones e intervención, debieran traspasarse al sistema público satisfaciendo las demandas de los servicios médicos privados que ya no quieren servir porque su negocio no les parece ahora tan lucrativo.
Seguramente hay legisladores que están recaudando los últimos y desesperados pesos para sus compromisos electorales, en un país en que se sabe de la alta contribución del empresariado al financiamiento de la política. O a la democracia, como algunos dicen. Es curioso, en este sentido, observar el viraje de algunos legisladores autocalificados de izquierda que, de rabiosos enemigos de las isapres, vienen convirtiéndose en los promotores de su continuidad a objeto de “no perjudicar el acceso a la salud de los chilenos”, como cínicamente señalan.
Mucho se dilata también la reforma previsional y la promesa de cambiar un sistema en que lo administradores de los fondos de pensiones lograron uno de los negocios más lucrativos del mundo gracias a las miserables pensiones que pagan a los que se jubilan y al obtener millonarios dividendos por estos recursos depositados en la banca extranjera. En tal sentido, nadie discute que la intervención del Estado debiera ser tajante y resuelta, cuando las pocas empresas del ramo son, para colmo, foráneas. Es decir, lucran con las cotizaciones mensuales de los millones de trabajadores afiliados a su sistema privado. El que ofrece la nada misma respecto de las pensiones que perciben los que permanecieron en el antiguo sistema fiscal.
Claro. Para concretar éstas y otras reformas, un gobierno de izquierda no debiera ser muy complaciente con el empresariado nacional y transnacional. Tendría que “apretar callos” y forzosamente arriesgar el desdén del Imperio y de sus aliados. Sin embargo, como política exterior, el gobierno de izquierda actual privilegia las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos y los países capitalistas (incluida la gran China). Curiosamente, el presidente Boric ha decidido convertirse en un campeón de la democracia y de los Derechos Humanos, pero omite pronunciarse frente a los despropósitos cometidos por tantos regímenes, poniendo énfasis en sus críticas sólo a Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Asimismo, frente a nuestra realidad, poco o nada ha hecho La Moneda para procurar la diversidad democrática, uno de los fundamentos de toda democracia que merezca el nombre. Basta observar la televisión abierta y los diarios de papel para comprobar su parcialidad ideológica, además de confiar a las policías para la búsqueda de una solución represiva, más que preventiva, en la lucha contra la delincuencia desenfrenada que hoy sufrimos.
Sin asumir que la violencia y el crimen en buena parte tienen fundamento en la desigualdad social. Olvidando esa sabia sentencia de don Quijote a Sancho: “Cambiar el mundo no es locura ni utopía, sino justicia.”
