–El Ejército lo mató.
Fue la respuesta que dio el hombre de bata blanca cuando Carmenza preguntó por su hijo. Ella no entendía.
–¿Por qué lo iba a matar el ejército?
El hombre volvió a hablar después de un largo silencio.
–Aquí hay varios muchachos que son de Soacha (municipio de Cundinamarca) y fueron muertos en las mismas circunstancias, en combate.

Víctor llevaba quince días desaparecido…
Tenía 23 años, era el sexto de ocho hermanos, vivía con su mamá y sus hermanos en Soacha. Había prestado el servicio militar obligatorio, era trabajador, se las ingeniaba tanto para la construcción como para trabajar la tierra, porque además de necesitar la plata, le gustaba aprender. Las profesoras de la secundaria lo recuerdan como un estudiante destacado, pero sobre todo amable. Era hincha del América de Cali y bueno para el baile, un gran salsero, según sus hermanas. En la foto carnet ampliada que cuelga del cuello de Carmenza, sus ojos sonríen. Ese era Víctor.

–La bendición, madre.
Así se despidió de Carmenza  antes de irse a acostar la madrugada del 22 de agosto del 2008 cuando Víctor llegaba de hacer un turno como guardia de seguridad en un bar del sur de Bogotá. Le dijo que estaba preocupado porque con lo que se había ganado ese día solo alcanzaba para comprar el garrafón de gas. Al día siguiente, cuando Carmenza volvió a su casa de trabajar, le preguntó a Alejandro, su otro hijo, dónde estaba.
–Madre que saludos le dejó, se fue a trabajar fuera de Bogotá por unos días.

Víctor se fue creyendo que ese trabajo le daría un respiro económico. Pasaron dos días, él nunca se comunicó con su familia.
Fue la llamada del primero de septiembre que recibió Jhon, el hermano mayor de Víctor, la que les daría la noticia. Lo habían contactado de Medicina Legal para que se acercara a reconocer un cuerpo. Fue, le mostraron una fotografía. Era su hermano. El cuerpo de Víctor estaba en Ocaña, Norte de Santander, tenían que ir a buscarlo. Carmenza cuenta que sus hijos intentaron ocultarle la noticia porque acababa de salir de una operación. Ella sufre del corazón y cada golpe de impunidad empeora su estado de salud. El duelo lo hicieron sus hijos en soledad para que pudiera recuperarse, pero el dolor los desbordó y ella no demoró en darse cuenta.

–Decir que se me vino el mundo abajo, es poco.
Cuando sus hijos le contaron que Víctor había sido asesinado y que tenían que ir hasta Ocaña a buscarlo, Carmenza se desmayó y duró unos minutos inconsciente.

Después de enterarse de la noticia Carmenza y sus hijos arreglaron todo en la funeraria y se fueron hasta Ocaña, viajaron toda la noche en medio de una tormenta que les recordaba que ese viaje llevaba a cuestas la ausencia de Víctor.
–Lo único que pensaba era llegar para abrazar el cuerpo de mi hijito.
A la mañana siguiente cuando llegaron a medicina legal  Carmenza se encontró con el señor de bata blanca que le daría la primera pista.

Víctor Fernando Gómez Romero era su nombre, fue uno de los 19 jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca) que desaparecieron entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Años después se confirmaría en la lista de las 6402 personas desaparecidas y asesinadas por el Ejército Nacional de Colombia. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 78% de estos casos se realizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y llevan el nombre de ejecuciones extrajudiciales, aunque los medios de comunicación lo rotularon con el nombre de “falsos positivos”, porque en el argot militar colombiano cada baja del enemigo se denomina como “positivo”.

Habían sido reclutados bajo un trabajo de inteligencia pagado por el Ejército Nacional a civiles, el cual se realizó mediante agencias de empleo en Soacha. Fue el modus operandi que se usó en ese sector para atraer a jóvenes de bajos recursos. Una vez que se los llevaban a zonas rurales, eran ejecutados y vestidos como insurgentes. Fue así como 19 jóvenes de Soacha fueron llevados con promesas de trabajo para ser asesinados por tropas del Batallón Francisco de Paula Santander y  la Brigada Móvil. Las formas de operar del ejército colombiano varían en todo el territorio pero se alimentaron de perfiles específicos como jóvenes de escasos recursos y barrios populares, campesinos y personas en situación de calle.

Como suspendidos en una imagen incompleta, en la que faltan partes que no aparecen, una suerte de rompecabezas, casi sin piezas, era lo que se sabía de lo ocurrido con los jóvenes que un día salieron a trabajar y no volvieron. Cuando la Comisión de la Verdad comienza su trabajo en el 2016 como consecuencia del acuerdo de paz, Max Yuri Gil, nombrado coordinador del territorio Antioquia–Eje cafetero de la Comisión de la Verdad, comenzó, junto a su equipo, a recopilar testimonios tanto de las víctimas como de actores del conflicto.

Son las 12 del mediodía de una primavera hostil en Buenos Aires, en Colombia las 10 de la mañana. Max Yuri se encuentra en la universidad donde da clases.
–Hay una anécdota que es muy terrible, muy escabrosa, de lo de Dabeiba (Municipio de Antioquia), pero que te da cuenta de la intención.
Toma unos segundos de silencio.
–Resulta que el Ejército comenzó a llevar a habitantes de la calle de Medellín para matarlos en Dabeiba y presentarlos como bajas. Pero hubo un momento en que un oficial le dijo a los responsables: –’¡Oiga! Esa gente que están trayendo de Medellín, como son habitantes de calle, son muy sucios. Para poderlos presentar, hay que bañarlos y afeitarlos para que se crea que son bajas en combate.’
–Así fue, les daban de comer, los bañaban, los afeitaban y luego se los llevaban a una zona despoblada para asesinarlos.

Max Yuri usa la certeza como bastón para sostener que la Comisión de la Verdad y la JEP son los organismos que han podido indagar en profundidad este capítulo de Colombia.
–Recién en el año 2011–2012, comenzaron los procesos judiciales en la justicia ordinaria respecto a casos de ejecuciones extrajudiciales. Inicialmente, se interpretaron como casos aislados de individuos desviados de las Fuerzas Armadas. Pero asegura que el cambio significativo ocurrió con la entrada en operación de la JEP y la apertura del caso, conocido como macro caso 03, relacionado con ejecuciones judiciales, el cual permitió el procesamiento judicial de los responsables, invitándolos a comparecer, a colaborar y confesar.
–La comisión de la verdad representa una esperanza para las víctimas.
–¿Por qué?
–Por la conciencia social, porque a pesar del negacionismo que ha habido,  se está reconociendo ahora de manera amplia que estos actos fueron crímenes cometidos por agentes estatales–.
Dice que el proceso fue largo, nutrido de debates pero con muchos desafíos en el camino.
– Hubo una discusión de si estas acciones fueron parte de una política sistemática que antes no había, a pesar de la existencia de documentos que sugieren una incentivación de bajas por parte del Ministerio de Defensa. Las investigaciones, de la Comisión de la Verdad y la JEP, han permitido entender cómo funcionaba esa –máquina–, revelando la sistematicidad y el modus operandi detrás de las ejecuciones extrajudiciales.

Solo el 24% de los casos de ‘falsos positivos’ en Colombia resultaron en condena en la justicia ordinaria,es decir, que el 76% restante careció de un proceso judicial adecuado, según la Fiscalìa General de la Nación. Los avances en la forma de operar, de acuerdo a lo que relata Max Yuri, han permitido contextualizar estas prácticas dentro de un marco político. A pesar de ello, el tribunal de paz enfrenta algunas  limitaciones, Por ejemplo, aunque señala la responsabilidad de los civiles que diseñaron las políticas, la JEP carece de competencia para juzgarlos. Además, determina la responsabilidad “de abajo para arriba” primero a nivel local, luego regional y finalmente nacional. Los familiares de las víctimas, exigen conocer los nombres de los de arriba,  aquellos que dieron la orden.

Había cesado la tormenta y un atardecer santandereano danzaban a lo largo de la carretera que los devolvía a Carmenza y a sus hijos a Bogotá con el cuerpo de Víctor. Jhon había reconocido en la morgue de Ocaña a más personas del barrio donde vivían, le  expresó a Carmenza su inquietud por los jóvenes que había reconocido y que estaban apareciendo en el mismo lugar, tan lejos de su hogar y en condiciones que no tenían sentido. Desde ese momento Jhon se comprometió a averiguar qué había pasado. Así fue, empezó a indagar en las calles de Soacha para dar con el reclutador que se había llevado a su hermano. Las amenazas no tardaron en aparecer:

–Va a aparecer muerto como su hermano–, le decían en las llamadas telefónicas.
El 4 de febrero de 2009, Jhon fue asesinado en el barrio Ricaurte por dos sicarios en moto. En menos de seis meses, Carmenza había perdido a dos de sus hijos. El silencio pesa seguido.

–Hay días que son más difíciles que otros.
–Esto fue para un año nuevo, –murmura mientras recorre la fotografía con la yema de sus dedos. –A uno no le gustaba que le sacaran fotos y el otro hacía muecas. En la foto son Victor y Jhon abrazados.

Aunque los 6402 casos se presentaron en diferentes departamentos del país, fueron las Madres de Soacha quienes le mostraron a Colombia el costo de la Seguridad Democrática y la insistente lucha contrainsurgente que se legalizó y materializó bajo la directiva 029 / 2005, reglamentando el pago de recompensas e incentivos a militares por capturar o dar de baja a guerrilleros y organizaciones al margen de la ley. Estos incentivos se traducían en permisos, condecoraciones o remuneraciones económicas y se otorgaban de acuerdo con la jerarquía y el cargo.

Pocos meses después de la muerte de John, las amenazas regresaron, esta vez contra Carmenza.
–Va a aparecer como sus hijos, con moscas en la boca.
Primero pensó en irse, pero no podía dejar el barrio que vio crecer a sus hijos. El dolor compartido con otras madres la llevó a organizarse.
–Conocí a unas señoras que les habían asesinado a sus hijos en las mismas circunstancias y nos unimos con María Sanabria, Luz Marina y con Luz Edilia, que es la mamá de Andrés Palacio, el otro muchacho que iba con Víctor y Diego. A los tres se los llevaron juntos y nos pusimos a dar entrevistas a medios de comunicación. Al poquito tiempo empezaron las otras madres a salir también en la televisión y empezamos a replicar a donde fuéramos que los jóvenes que estaban desaparecidos en Soacha, estaban apareciendo en Ocaña, Norte de Santander, muertos y enterrados en Fosas Comunes.

Ella es una de las madres de las 6402 personas que asesinó el Ejército Nacional, es de mirada firme, aprieta el puño cada vez que tiene que pararse a hablar en las audiencias y sin escatimar en dignidad no les quita la mirada  de encima a los militares. Ellas son las madres de los que todavía no aparecen y de los que las acompañan a la Plaza de Bolívar a decir «Sabemos quién dio la orden». Carmenza hace parte de la Asociación Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) que se creó en el 2010 conformada por madres, hijas y hermanas de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

El 26 de abril, frente a un tribunal de la JEP en el que 10 militares, entre ellos un general y un civil reclutador, reconocían su responsabilidad en el asesinato de 120 personas en el Catatumbo, y que luego fueron presentadas como bajas, las Madres de Soacha y otros familiares de víctimas del país estuvieron presentes en la audiencia. Estas fueron las palabras de Carmenza:

«Hoy les digo a estos señores procesados que nos digan la verdad. ¿Quién dio la orden? Porque las personas que deberían cuidar a los ciudadanos fueron los que nos hicieron mucho daño. ¡Hablen! y nombren de Uribe en adelante, porque yo sé que Uribe tiene la culpa, Santos tiene la culpa, Montoya tiene la culpa, Padilla tiene la culpa. No vengo a hablar solamente por mi hijo sino por las miles de víctimas que hay y que no están acá, pero la voz de nosotras es la voz de ellas que no pueden hablar porque tienen miedo de ser amenazadas como lo hicieron con nosotras, las Madres de Soacha.»

Ellas viajan por Colombia escuchando los testimonios de familiares, replicando las herramientas que tienen. Esa es la lucha de las madres que se reproduce para encontrar a quienes aún siguen desaparecidos. Responden a la puerta cada vez que suena el timbre con la esperanza de que sea alguno de los hijos que siguen buscando, aunque sepan que ya no están vivos.

Era 7 de octubre de 2008. No habían pasado dos meses desde la desaparición y el asesinato de Víctor.
–A continuación, un mensaje del presidente de la república, Álvaro Uribe Velez.
–El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no iban a iban a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde.