Este 17 de Diciembre las chilenas y chilenos mayores de 18 años, unos 15 millones de personas aproximadamente como universo electoral, debieron concurrir obligatoriamente a las urnas para plebiscitar nuevamente una propuesta constitucional.

Recordemos que en el año 2022 tuvo lugar un referéndum desarrollado el domingo 4 de septiembre1​ con objeto de determinar si se estaba de acuerdo con la propuesta de Constitución Política de la República redactada por la Convención Constitucional, por lo que también era conocido como «plebiscito de salida». Con más de trece millones de votantes, correspondientes al 85.86 % del padrón, marcó el hito de ser el proceso electoral con mayor participación en la historia de Chile.​ Más de 7,8 millones de votos, equivalentes al 61.89 % de aquellos válidamente emitidos, rechazaron la propuesta constitucional.​ Pese a los resultados contundentemente favorables a la opción «Rechazo» y a lo que señala el artículo 142 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980,​ el Presidente de la República, Gabriel Boric, indicó que este plebiscito no era el fin del proceso constituyente.

Así, este es el segundo intento por cambiar la Constitución vigente, redactada en 1980 durante los tiempos de Pinochet y enmendada en ocasiones posteriores pero funcional en todos sus aspectos al modelo neoliberal vigente.

En esta ocasión, la propuesta de texto surge de un Consejo Constitucional con mayoría de derechas y sobretodo de la derecha más extrema, que se quedó con 23 lugares de un órgano con un total de 50 que fueran electos en mayo pasado.

Según lo afirmado por la ex-Presidenta Michelle Bachelet: «Esta nueva propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando esos derechos, no limitándolos». Se trata de un texto que además habilitaba la expulsión de los inmigrantes ilegales, eliminaba el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda con lo que beneficiaba a los más ricos. Muchos han señalado que siendo Chile un país muy segregado económica y territorialmente, las comunas más pobres actualmente se financian de forma solidaria. Al quitar el impuesto a la vivienda, se desfinanciaría al resto de las comunas. En materia de salud, educación y pensiones, el nuevo texto no introducía mayores cambios respecto de la Constitución vigente, institucionalizando de ese modo un sistema de fuerte fragmentación social.

Los resultados de hoy dejan a la vista que el pueblo de Chile se inclina en Contra de esta propuesta y considera que puede seguir manteniendo la misma Constitución, sin volver a abrir otro proceso similar en el futuro cercano, al menos desde la institucionalidad política.

Con un 96,29% de los votos escrutados, que corresponden a un 81% de concurrencia a las urnas, el 55,76% de los votantes manifestó su opción en Contra y sólo un 44,24% resolvió a Favor de el texto que se había propuesto.

Así, el país deja atrás este proceso que no ha logrado convencer a la ciudadanía, menos aún al conformarse con comisiones «de expertos» y funcionarios designados desde el mundo político.