La inoperante forma de abordar la delincuencia
La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema de Estado para los gobiernos democráticos, y uno que históricamente es evaluado negativamente por la ciudadanía, que además consideran que la administración de turno, indistinto del color político, no logra enfrentar adecuadamente. La falta de una política de seguridad pública como país, y no solo planes del gobierno de turno, han derivado en una evaluación de casi nula efectividad, dada la ausencia de diagnósticos, objetivos, evaluaciones y sistematización como bien lo señala el profesor Hugo Frühling Director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana en Universidad de Chile “Si no existe un documento con diagnóstico, objetivos, etc., tampoco hay actores que asuman compromisos y otros que velen por que esos compromisos se cumplan”.
Es así como de los planes Política Nacional de Seguridad Ciudadana (2004); Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010); Plan Chile Seguro (2010-2014); Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito; Seguridad para todos (2014-2017); Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública (2018-2021) y el actual Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito (2022-2024), todos desarrollados con dineros públicos, sólo se ha evaluado un porcentaje mínimo correspondientes al Plan Cuadrante y el Programa Barrio en Paz; no existiendo nunca una apreciación de conjunto sobre los programas de las distintas administraciones, y del efecto de las políticas públicas, teniendo una abundante producción académica al respecto del tema, evaluaciones más bien de procesos antes que de impacto, y un bajo nivel de efecto práctico.
En este contexto, los alcaldes de la Reina y La Florida, José Manuel Palacios y Rodolfo Carter, han decretado emergencia comunal en sus comunas en un momento en que ciudadanía, autoridades y medios comunicacionales apuntan a la mayor crisis de seguridad del país, debido al relevamiento de hechos delictivos registrados en varias comunas de la Región Metropolitana. Esta medida, que no guarda relación con datos estadísticos existentes, que muestran una baja en la comisión de delitos desde el 2017 al 2023; apunta principalmente al aumento de presupuesto, personal y equipamiento para el tema de seguridad ciudadana a la par de medidas coercitivas como mecanismo para combatir esta problemática país.

Los datos estadísticos de delitos y los de percepción de inseguridad ciudadana
De acuerdo a las estadísticas oficiales del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), Carabineros y la Fiscalía Nacional los delitos de mayor connotación social (DMCS) registraron una baja entre el 2012 y 2022.
Estos delitos corresponden a un grupo de infracciones que contemplan los robos violentos (robo con violencia, intimidación y sorpresa), robos con fuerza (robo de vehículo motorizado, robo de accesorio de vehículo, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y otros robos con fuerza), homicidios, lesiones, violaciones y hurto.
El alza en los últimos 10 años se da en los homicidios, producida por la existencia de un crimen organizado, y que coloca a Chile, de acuerdo a la tasa promedio de homicidios en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2.6 por cada 100 000 habitantes, en un 4,7 incremento de un 67,8%, en la tasa de ese delito, con respecto al año 2012 que era de 2.8. Tal índice, es un elemento relevante que opera en la percepción de inseguridad ciudadana, ya que los delitos son menos, pero con mayor número de asesinatos.
Por estos días, La Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que reveló que la percepción de inseguridad en Chile es del 90,6%, la más alta en 10 años. La medición registra información levantada en 2022, la que presenta un alza de un 3% con respecto a 2021, que fue de 86,9%. Para Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en nuestro país se establece una paradoja: “Tenemos una baja tasa de victimización histórica y, al mismo tiempo, una percepción de inseguridad que se ha mantenido alta en los últimos 20 años. De hecho, ostentamos la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y la tasa de criminalidad más baja”.

Consecuencias de la editorial de los medios
La percepción de inseguridad y aumento cualitativo y cuantitativo de la delincuencia, es decir la violencia, tiene relación directa con la función que cumplen los medios de comunicación visual y escrita. El uso de estos temas como información es una constante significativa que se agudiza en tiempos de coyunturas políticas-sociales de los países, siendo la violencia la que día a día tiene más peso en parrillas programáticas de radio, televisión, prensa e internet.
Bajo la falsa premisa, de que se tiene la obligación de informar de todo lo que sucede, estos medios recurren a estrategias informativas seleccionando y privilegiando, entre todo lo que sucede, el acto delictual sobre el pacífico, el dato excepcional sobre el normal, el incidente sobre el proceso, lo individual sobre lo general, lo inmediato sobre lo mediático, lo secundario sobre lo importante, construyendo de esta forma una realidad peculiar que es consumida por la gran mayoría del público espectador y que tiene gran incidencia sobre la agenda pública de los gobiernos de turno.

Parrilla televisiva, se alimenta del morbo de las víctimas de la delincuencia
Es así como hechos delictivos violentos se utilizan como espectáculo, como entretenimiento morboso, exponiéndose ante los ojos de millones de personas y tapando de esta forma otras realidades sociales tan complejas como la violencia y que requieren respuestas urgentes. La exposición a la violencia puede derivar en una visión distorsionada de la realidad social…. convirtiendo en verdad la tan conocida frase acuñada “lo que no está en los medios no existe”. En esta “realidad producida” se intenciona una determinada visión de la violencia y una respuesta social específica sobre ella, donde se expone a la víctima, se invisibiliza al victimario y se favorece una salida penal punitiva caracterizando una sociedad violenta. En este contexto, actualmente se sostiene el sentido de seguridad pública en la necesidad de defender el orden público arriesgando la reposición de la nefasta política de los “enemigos internos” en el país.

La instalación de estado de excepción desde la derecha en la Región Metropolitana
Las argumentaciones de la clase política para justificar las medidas de “estados de excepción”, diciendo querer lidiar con la actividad delincuencial y organizaciones de narcos a través del uso de militares en las calles, partiendo en el Wallmapu 2021,2022,2023, para luego replicarla en las regiones del norte de Chile,2022, 2023, marcan una lógica (como ya lo advertimos cuando iniciaron) que permite que hoy se pida aplicarla en la Región Metropolitana.
Ya escuchamos la voz del gobernador Orrego de la DC, y ahora arremeten los alcaldes de derecha de La Florida y La Reina con su táctica mediática, usando mañosamente el lenguaje, a pesar de la nítida aclaración del Contralor de la república, respecto que no existe a nivel comunal un soporte jurídico para su plan… pero, ya está bombeado por toda la prensa nacional, y tiene realidad mediática.
Se mantienen las hipócritas argumentaciones de las derechas en el poder, negando el levantamiento del secreto bancario para seguir la pista del dinero sucio, los corruptos, y usando los estados de excepción como medida permanente, socavando los derechos civiles. Colocan a las FFAA en una función de “control del orden público”; sin prestar atención a las declaraciones de generales que aclaran públicamente: “nosotros no usamos cañones de agua, ni balas de goma; y puestos en situación no dudaremos en usar nuestro poder de fuego”, abriendo la puerta a situaciones que pueden producir un escalamiento no deseado de violencia armada.

Sacrificio de derechos civiles por sobreponerse al temor a la delincuencia
El temor a la violencia, amplificada por los medios de comunicación, van convenciendo al ciudadano común, que está obligado a perder sus derechos civiles, aceptando la excepcionalidad, impuesta desde el Estado, para poder acceder a lo que debería ser el piso mínimo, contar con una vida cotidiana en paz. Opuestamente, los políticos en el poder de nuestro país, siguen avalando la excepcionalidad como respuesta, postergando la construcción de un Estado garante de los DD. HH, fortaleciendo las instituciones previstas en democracia para resolver estas situaciones de violencia. La imposibilidad de actuar eficazmente, declarada por el Ministerio Público, y el abandono de la promesa de refundación de las policías, resultan inaceptables, y no es válido suplantar estas funciones con fuerzas militares, generando en los hechos un Estado cada vez más policíaco.

La violencia viene desde arriba
No es legítimo el discurso de la élite política y económica, dado que la violencia en Chile se ejerce desde un modelo que ellos mismos instalaron.
La violencia comienza desde arriba, cuando los dirigentes políticos, religiosos, hablan y exigen, levantando su tono de voz. La violencia delictual no inicia de la pobreza o de la desigualdad social en que estamos, sino del mismo sistema cruel e inhumano, de los poderosos que no empatizan con los principios de justicia, de respeto a los derechos humanos; son ellos el origen, son ellos el modelo de una sociedad violenta.
A la par del intento para que la institucionalidad contra el delito funcione, se requiere intencionar un cambio cultural que promueva un buen trato, un buen tono y una comunicación directa y verdadera, única manera en que aprendemos que lo que le hacemos al otro, nos lo hacemos a nosotros mismos. “Trata a los demás como desearías que te traten a ti”. La violencia se acaba con los verdaderos gestos de reconciliación, aspirando a que todes reconozcamos que somos seres humanos, y que requerimos caminar juntos hacia un bienestar construido por todes y para todes.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; Ricardo Lisboa Henríquez y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública